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Esta propuesta sigue bajo el régimen de la Ley Magnitsky, que enlista a funcionarios que están involucrados en violaciones a derechos humanos y corrupción.
Mientras que la Ley Magnitsky contempla el retiro de visas para ingresar a Estados Unidos, la incautación de cualquier propiedad en el país norteamericano y la congelación de activos, la propuesta además garantizaría que EE. UU. pueda recuperar cualquier equipo de seguridad que sea mal utilizado por el Gobierno de Guatemala.
La aprobación de esta extensión podría pasar de forma relativamente fácil en el Congreso y Senado de EE. UU., según los analistas Oswaldo Samayoa y Jahir Dabroy, mientras que el excanciller Fernando Carrera opina diferente.
Para Samayoa, profesor universitario de Relaciones Internacionales, existen altas posibilidades de su aprobación porque tanto la cooperación norteamericana como la europea buscan que sus inversiones sean bien aprovechadas y la corrupción en Guatemala impiden el desarrollo del país pese a esa cooperación.
“El gobierno guatemalteco creó un sismo con el tema de la Cicig – Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala-, que Estados Unidos se ve la necesidad de crear mecanismos para medir la efectividad y la rendición de cuentas”, señala Samayoa.
“Estados Unidos se volvió débil en su política internacional con la llegada de la administración Trump, pero hay un punto clave que mantiene fuerte, y es cuidar los fondos de sus contribuyentes para la cooperación de otros países”, señala, por lo que republicanos y demócratas deben estar de acuerdo.
Por su parte, Dabroy estima que es “bastante probable” la aprobación porque desde enero de este año hay insistencia en castigar a quienes violen derechos humanos y no apoyen la transparencia.
Dabroy dice que, además, el Congreso estadounidense ya emitió una orden para que se haga público quiénes son las personas señaladas de corrupción –Ley Magnitsky-, y que la propuesta de ley es un agregado que va vinculado al tema de la Cicig, por lo que no estaría en discusión una ampliación.
Carrera tiene otra perspectiva. El excanciller señala que, en la Cámara de Representantes, es alta la posibilidad de que sea aprobada, porque hay una mayoría demócrata, pero el Senado es más complejo porque hay una posición más encontrada entre demócratas y republicanos.
Carrera recuerda que, de hecho, la propuesta es de congresistas y senadores demócratas, y que esta es más bien un indicativo de cuán lejos se puede llegar con la presión hacia funcionarios corruptos.
El exfuncionario señala que el caso más parecido, en cuanto a la aplicación de esta Ley, es la Nica Act, que fue aprobada en el senado por demócratas y republicanos, pero que tiene una diferencia en el consenso que existió entre los dos partidos.
La clave, señala Carrera, es el senado Marco Rubio, quien es contrario a regímenes socialistas como el de Nicaragua y Venezuela, pero se ha mostrado como un apoyo al presidente Jimmy Morales y su gobierno, por lo que ese consenso en el caso de Guatemala es más difícil.
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Las implicaciones que tendría para el país, de aprobarse este agregado, es que se reforzaría la lucha contra la corrupción y contra la impunidad, además de crear una presión adicional a los grupos que buscan burlar a la justicia, señala el excanciller.
Carrera estima que además el beneficio es porque no se suspendería el apoyo internacional a todo el país, lo que afectaría a las comunidades beneficiadas, sino que serían sanciones individuales las que se apliquen.
Contra Ortega
El 27 de julio de 2017 el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara aprobó la Nicaraguan Investment Conditionality Act, más conocida como Nica Act, que fue presentada por la entonces congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen y por el congresista demócrata Albio Sires en septiembre de 2016.
Esta iniciativa fue enviada después al Senado, que le agregó unas enmiendas y lo aprobó el 27 de noviembre del mismo año.
En la plenaria del Congreso la Nica Act quedó aprobada el 21 de diciembre del 2018 y el presidente Donald Trump la promulgó ese mismo año.
Por su parte, la Ley Magnitsky, fue aprobada en EE. UU. en el 2012, y tenía como fin sancionar a ciudadanos rusos, específicamente a funcionarios del gobierno de Vladimir Putin acusados de estar involucrados en la muerte del contable fiscal ruso Sergei Magnitsky, quien falleció en una prisión de Moscú en 2009 tras investigar un supuesto fraude fiscal perpetrado por el Gobierno de Rusia.
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