Los congresistas Norma J. Torres, de origen guatemalteco, y James P. McGovern, así como los senadores Ben Cardin y Patrick Leahy, firmaron la iniciativa.

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En específico, la ley buscaría castigar a los funcionarios que hayan participado en actos de corrupción, obstaculizado la justicia y mal uso de equipos proporcionados por el gobierno de Estados Unidos. Además, que hayan desobedecido las sentencias de la Corte de Constitucionalidad (CC) e interferido con la labor del gobierno de Estados Unidos.

“Ante las acusaciones de corrupción, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se ha aliado con actores criminales y corruptos que están decididos a frustrar la justicia a toda costa. Ordenó la destitución de una comisión anticorrupción (Cicig), financiada por los Estados Unidos, diezmó el liderazgo de la Policía Nacional Civil, atacó la independencia del poder judicial y usó descaradamente a Estados Unidos para intimidar al personal diplomático estadounidense”, dijo Torres.

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“Los líderes guatemaltecos — incluido el presidente Jimmy Morales — deberían saber que la comunidad internacional está observando. No permaneceremos en silencio mientras se enriquecen, socavan el estado de Derecho e ir tras los defensores de los derechos humanos”, dijo el representante McGovern.

El congresista agregó que con “las sanciones específicas incluidas en este proyecto de ley aclararían que los Estados Unidos no se sentarán de brazos cruzados mientras los funcionarios corruptos de alto rango engañan al pueblo guatemalteco”.

Por su parte el senador Cardin, autor de la ley de rendición de cuentas de derechos humanos global Magnitsky, aseguró que “este proyecto de ley afirma nuestro apoyo a las iniciativas contra la corrupción, la justicia y la rendición de cuentas en Guatemala”.

Dicha ley permite al Gobierno sancionar a personas con el retiro de la visa y la prohibición de ingresar a ese territorio. Además, la persona sancionada será incluida en la lista de criminales especialmente designados, de la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero. En esta lista ya figuran personas señaladas como narcotraficantes, lavadores de dinero, terroristas y pandillas en todo el mundo.

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Leahy afirmó que expulsando al comisionado de la Cicig -Iván Velásquez-, tratando de derrocar a los magistrados de la CC, amenazando a candidatos políticos, la corrupción y el abuso de poder están impulsando esta alarmante y atrasada tendencia, por lo que este proyecto de ley “deja claro que los funcionarios públicos y sus asociados que se dedican a actos corruptos, y que trabajan para socavar la independencia del poder judicial, pagarán un precio muy real”.

Concretamente, la ley de rendición de cuentas aplicaría sanciones financieras, incluyendo el bloqueo de activos y la denegación de visados, a funcionarios actuales corruptos de Guatemala. También garantizaría que Estados Unidos pueda recuperar cualquier equipo de seguridad que sea mal utilizado por el Gobierno de Guatemala.

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Según el proyecto de Ley, esta surtiría efectos a más tardar 90 días después de la fecha de su promulgación y sería a partir de entonces cuando el presidente Donald Trump impondría “las sanciones a los ex funcionario del Gobierno de Guatemala, o cualquier persona extranjera que actúe en nombre dé o en la operación con un funcionario de dicho Gobierno”.

Es bien vista por el Gobierno

El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, dijo que toda acción que beneficie la transparencia, la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas, es bien vista por él Gobierno de Guatemala; “Sin embargo se hace necesario un análisis de su contenido”, indicó.

Esta es la iniciativa de ley

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