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La sugerencia fue aceptada por los jefes de bloque que se limitaron a votar a favor de las agendas, hubo algunas intervenciones pero ninguna relacionada a la propuesta de ley, que ha despertado dudas entre colectivos de la sociedad civil que se han pronunciado en contra desde que se hizo público el dictamen favorable.
Una de las principales modificaciones que trae la iniciativa es la creación de la Oficina Nacional de Acceso a la Información Pública (Onaip), dependencia que se encargaría de velar por el cumplimiento de la norma que ya no estaría bajo la tutela de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
La Onaip pasaría a estar bajo el resguardo del Congreso, extremo que preocupa a organizaciones sociales, que por medio de comunicados, han solicitado un proceso de dialogo con los congresistas para que se expongan algunas de esas inquietudes, y así evitar que las posibles modificaciones debiliten la ley que fue creada en el 2008.
Para la plenaria del miércoles 18 de noviembre la iniciativa 5792 ocupa el inciso “d”, del punto seis del orden del día, y para llegar a esta parte de la agenda tendrían que ser aprobadas en su articulado final nueve iniciativas y tres más tendrían que ser leídas en su totalidad para pasar en primer debate.
Defiende la propuesta
El diputado José Alejandro de León, del bloque Podemos, ponente de la iniciativa y presidente de la comisión que la dictaminó a favor, aseguró que no existe una doble intención de fondo en su propuesta.
“Aquí lo que se está buscando, definitivamente, es fortalecer el tema de acceso a la información pública que es tan importante este derecho humano; algo fundamental es que estamos siguiendo las recomendaciones de la ONU y la CIDH, estamos buscando su autonomía, la PDH siempre seguirá velando por el tema por medio de una defensoría”, señaló el congresista.
De León añadió que la semana pasada hubo mucha desinformación, lo que pudo confundir el sentido de su proyecto, pero resaltó que este proceso de aprobación llevara su tiempo, y que este primer debate, agendado para esta semana, tan solo abre un espacio de dialogo entre los diputados.
“Se han dado diferentes temáticas que no van con esto, es importante siempre el diálogo, ahora va en una primera lectura y va a llevar un proceso paso a paso, esperamos que los diferentes actores y personas que han estado anuentes a la información la puedan apoyar”, refirió.
PDH tiene dudas
Por su parte el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, manifestó que le extraña la forma tan rápida en que una iniciativa nueva ganó espacio dentro de la agenda legislativa, considerando que hay temas con mayor antigüedad que no caminan en las sesiones plenarias o que ni siquiera son tomadas en cuenta.
Rodas también dijo tener dudas del fondo de la propuesta, “es extraño y lamentable lo que está pasando, yo de todas maneras no descarto acciones, lo que me preocupa es el fondo y la intención de crear una institución innecesaria, sería más fácil fortalecer a la PDH (…) de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, se trata de un derecho humano que es el acceso a la información y se corre el riesgo que se establezca una institución a cargo del clientelismo político”.
Para el magistrado de conciencia es primordial que la ley no limite la fiscalización, “hoy más que nunca el Estado está manejando cantidades millonaria que nunca se habían visto en la historia, todo por consecuencia del Covid – 19 y como consecuencia de Eta y este huracán que viene en camino, hay una danza de millones que quieren manejarla de manera opaca”.
Nick Whittingham, embajador del Reino Unido, también se pronunció por esta propuesta, respaldando el rol que ha jugado la PDH para vigilar el cumplimiento de la ley de acceso a la información pública.
“Estamos comprometidos con defender la libertad de prensa globalmente y el acceso a la información pública debe facilitarse y no restringirse. La libertad de prensa y acceso a la información son pilares de la democracia, la prosperidad y le brindan a los ciudadanos certeza y confianza en estos momentos críticos que vivimos. El trabajo de la Procuraduría de los DDHH en este tema es sumamente valioso”, refirió.
Estamos comprometidos con defender la libertad de prensa y el acceso a la información pública debe facilitarse y no restringirse. La libertad de prensa es un pilar de la democracia y la prosperidad. El trabajo de la Procuraduría de los DDHH en este tema es sumamente valioso.
— Nick Whittingham (@WhittinghamFCDO) November 16, 2020
Evalúan impugnaciones
Entre los opositores a esta propuesta de ley se encuentra el Constitucionalista Mario Fuentes Destarac, quien asegura que la actitud que está tomando el Congreso, con tan solo agendar la propuesta, es algo que no puede pasar inadvertido.
“Me sorprende que estén tratando de reformar una ley que ha funcionado, esta ley surgió de un consenso ciudadano y costó que se aprobara porque en este país lo que ha prevalecido es el secreto y el ocultamiento de la verdad; vino a dar transparencia, vino a combatir la corrupción y la impunidad”, indicó.
Destarac asegura que los daños que puede ocasionar una reforma no idónea a esta ley, son graves, “podemos volver otra vez a una situación de falta de información o desinformación que teníamos antes, esto ha servido y ha funcionado, lo que hace falta es solo educación cívica para que los guatemaltecos hagan más uso de ese instrumento que esa en la ley”.
En un sentido similar opinó María del Carmen Peláez, del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (Alac), quien señala que una propuesta de tal magnitud tiene que ser analizada a profundidad.
“Es atentar contra la democracia y contra el estado de Derecho, podría haber un conflicto de interés y un abuso de poder de parte del Organismo Legislativo si ellos toman esa función, porque las atribuciones de este organismo ya están reguladas en la Constitución y en ninguna parte da pie para pensar que ellos puedan regular el acceso a la información”, refrió.
Tanto Destarac como Peláez evalúan accionar legalmente si se aprueba esta iniciativa de ley, ya que uno de los principales efectos directos, a su criterio, será tener más obstáculos en la fiscalización de recursos públicos.
Comisión de Transparencia y Probidad
De los 12 diputados que integran la comisión, el dictamen fue avalado por 10 congresistas, uno no firmó y otro más votó en contra:
Unidad Nacional de la Esperanza:
José Inés Castillo
Napoleón Castillo Santos
Carlos Mencos
Dalio Berreondo
Julio Ixcamey (no firmó)
Podemos:
José Alejandro De León Maldonado
Compromiso, Renovación y Orden:
Hugo Rodríguez Chinchilla
Cristian Álvarez
Vamos:
Wilmer Mendoza
FCN-Nación:
Javier Hernández
Unión del Cambio Nacional:
Julio Lainfiesta
Semilla:
José Sánchez Guzmán (votó en contra)
