Acción Ciudadana (AC) detalla que han hecho el diagnóstico de cuántas recomendaciones le ha presentado el sistema de seguimiento al cumplimiento de la Convención y resulta que son 105 recomendaciones, de las cuales Guatemala no ha cumplido ni el 10%.
“El país solo se suma a estos convenios firmándolos pero no tiene ningún compromiso producto de gobiernos que ni conocen estos instrumentos y segundo, obviamente tampoco les interesa porque a la mayoría de los gobiernos quieren hacer negocios y no frenar la corrupción”, afirma AC.
Agregó que el actual gobierno fue un partido –Patriota- que se organizó para saquear al Estado y por ella era evidente que la política sería el fomento de la corrupción.
— CICIG Guatemala (@CICIGgt) July 2, 2015
“Eso seguramente nos hundirá en la calificación del país en los índices internacionales en temas de transparencia, lo cual hace cada vez menos atractiva a Guatemala para la inversión extranjera. Porque un país donde hay mucha corrupción no le interesa a un inversionista sano, sino a las mafias que ven al país como un paraíso”, puntualizó AC.
Para José Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) es crítico y preocupante por ser uno de los principales problemas sistémicos, estructurales y endémicos del Estado y como reflejo de ello se llegado a la actual crisis política donde la corrupción se ha hecho más que evidente.
También mencionó que los procesos de antejuicio que se han iniciado a solicitud de la Cicig contra diputados, jueces y funcionarios y exfuncionarios del Ejecutivo, “por un lado esto tendrá un impacto en los índices y calificaciones internacionales que miden la corrupción en el mundo y en el país”, dijo Sanabria.
Explicó que no basta el hecho de que se denuncie este tipo de estructuras que están incrustadas en el Estado sino que se les juzgue porque la población así lo demanda.
Gerson Sotomayor, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (Ieccpg) señaló que el incumplimiento por parte del país es meritorio de una sanción internacional pero además afecta las inversiones extranjeras.
“Y en este Gobierno se ha evidenciado un mayor nivel de corrupción gracias al trabajo que ha estado haciendo la Cicig, pero creo que los factores de corrupción se han mantenido durante muchos años en el Estado y no es en este período donde cambia todo sino que es aquí donde más evidencia”, dijo Sotomayor.
Añadió que es positivo que salgan a la luz estos casos para que las personas que pretendan cometer un acto de corrupción “lo piensen dos veces y que el sistema de justicia despierte para perseguir a los de cuello blanco”, puntualizó el experto del Ieccpg.
De abril a la fecha Cicig ha desarticulado redes que se habían incrustado en el Estado, como la red denominada La Línea, que defraudó por varios millones la fisco por medio de la defraudación aduanera y el contrabando por medio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
También se inició un proceso de antejuicio contra el diputado Pedro Muadi por la supuesta contratación de 15 guardias de seguridad privada en el Congreso de la República, cuando Muadi era presidente de ese organismo del Estado.
Siete diputados del partido Libertad Democrática Renovada (Líder) han sido denunciados en menos de un mes por la Cicig, así como su vicepresidenciable Édgar Barquín Durán.
