El grupo de empresas  vinculadas con Manuel Baldizón tiene capacidad de manejar al menos Q1 mil millones. Esta es la primera de cuatro publicaciones sobre lo descubierto.

El financiamiento electoral ilícito le está pasando la factura a la partidocracia nacional. Por ese delito ya desaparecieron el Partido Patriota (PP) y Libertad Democrática Renovada (Líder). En espera se encuentra el oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN) y Encuentro por Guatemala (EG). Falta ver qué sucederá con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de cuya solicitud de cancelación ya no se tuvo conocimiento, pese a la denuncia contra su ex secretario general, Orlando Blanco, por ese delito en la campaña electoral del 2015. Pero es obvio que no solo sobre esos partidos existen dudas acerca de la forma en que han recibido fondos para cubrir sus campañas. La falta de un control efectivo por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) permitió en el pasado que el dinero fluyera en grandes cantidades y que a la postre incidiera en el pago de favores cuando los candidatos accedían al poder.

También fueron canceladas las organizaciones políticas Café y PSG, por no tener la representación legal mínima que establece la Ley Electoral en 50 municipios y 12 departamentos.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), confirmó que el país tiene 60 días para formalizar la solicitud de extradición del expresidente del Congreso de la República, Luis Armando Rabbé Tejada.

Cualquiera de nosotros puede criticar, pero el valor es hacer algo que sea constructivo.