El financiamiento electoral ilícito le está pasando la factura a la partidocracia nacional. Por ese delito ya desaparecieron el Partido Patriota (PP) y Libertad Democrática Renovada (Líder). En espera se encuentra el oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN) y Encuentro por Guatemala (EG). Falta ver qué sucederá con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de cuya solicitud de cancelación ya no se tuvo conocimiento, pese a la denuncia contra su ex secretario general, Orlando Blanco, por ese delito en la campaña electoral del 2015. Pero es obvio que no solo sobre esos partidos existen dudas acerca de la forma en que han recibido fondos para cubrir sus campañas. La falta de un control efectivo por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) permitió en el pasado que el dinero fluyera en grandes cantidades y que a la postre incidiera en el pago de favores cuando los candidatos accedían al poder.

La política en Guatemala ha estado privatizada. Solo quienes tienen padrinos con mucho dinero han podido participar en las contiendas electorales. Nos han vendido la ficción de que los ciudadanos acudimos a las urnas a elegir al presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes, pero en la práctica estos no nos representan porque ya están comprometidos con quienes han financiado su campaña. El TSE fijó en Q58 millones 200 mil el límite de gastos para cada partido en los comicios anteriores. ¿Quién puede competir con ese poder económico? No solo es una cantidad exorbitante, sino que encima el PP, la UNE y Líder se excedieron en ese gasto en los procesos electorales pasados. El dinero tenía que provenir de grandes empresarios o del crimen organizado, los cuales no dan fondos sin que tengan beneficios posteriores. Ese financiamiento es una inversión a futuro y muchos de los que dieron aportes se escudaron en el anonimato, ergo, financiamiento electoral ilícito.

Recientemente, Insight Crime reveló que el grupo de narcotraficantes los Zetas habría aportado US$11.5 millones (unos Q86 millones) para la campaña electoral de Álvaro Colom, de la UNE, en las elecciones del 2007. También señaló a Gloria Torres, hermana de Sandra Torres, en esas relaciones con el crimen organizado. Insight Crime indicó que tras la victoria de Colom, representantes de los Zetas fueron recibidos en el Palacio Nacional “para cobrar sus inversiones”, entre las cuales estaban contratos para obras públicas y colocación de personas en puestos claves. La actual dirigencia de la UNE no negó haber recibido esos fondos, pero alegó que los obtuvieron dirigentes que ya no pertenecen a ese partido. ¿Será que una agrupación política se puede escudar en ese argumento del cambio de dirigentes? En todo caso, a la UNE también le detectaron el pago de US$68 mil en 2011 por el uso de un helicóptero y hay inconsistencias sobre Q21.5 millones en pagos por campaña electoral a medios de comunicación, además del uso de recursos públicos para promover la imagen de Sandra Torres.

Después del descalabro del PP y Líder surgió una serie de minipartidos, cuya única existencia es su representación en el Legislativo. ¿Cómo podrían enderezar campañas para las próximas elecciones? La respuesta es clara: financiamiento electoral ilícito. Esa es la razón de que varios diputados tránsfugas busquen revertir la reforma al artículo 205 Ter de la Ley Electoral, para que se puedan cambiar de bancada y participar en los comicios del 2019. Los tránsfugas llegaron al Congreso por medio de financiamiento electoral ilícito y esa es una de las razones de que ahora veamos que representan una de las legislaturas más corruptas que hayan existido. Por eso es importante que las investigaciones del Ministerio Público y la Cicig se extiendan a todos los partidos políticos porque casi ninguno se salva de ese pecado original.

@hshetemul