Además, los bloques legislativos centran su preocupación en buscar soluciones para los ingresos, ante la amenaza de que no alcancen para cubrir los Q72 mil 430 millones.
En conferencia de prensa, la cúpula del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) llamó al Congreso a no aprobar el presupuesto del 2016 como fue presentado por el Ministerio de Finanzas el 2 de septiembre, un día antes de que se hiciera pública la renuncia del presidente Otto Pérez.
“Es evidente que no se recortaron gastos sobredimensionados e irreales que han propiciado actos corruptos en las dependencias del Estado. Asimismo, prevalece el alto nivel de endeudamiento con el que se han financiado malas prácticas de clientelismo de los funcionarios”, expresó Jorge Briz, presidente del Cacif.
Refirió que un monto adecuado del plan de gastos del 2016 estaría entre Q52 mil millones y Q53 mil millones. Coincidentemente, la Comisión de Finanzas, con mayoría de Libertad Democrática Renovada (Líder), propone un monto similar.
Asimismo, el Cacif también pidió a los dos candidatos presidenciales que van a la segunda vuelta, Jimmy Morales y Sandra Torres, para que se pronuncien acerca del proyecto de presupuesto y se comprometan a recortar “gastos indebidos” si llegan al poder.
Varios peligros
El empresariado organizado denunció que “una buena parte” del Presupuesto sigue destinada a cubrir pactos colectivos que son “lesivos” para la Nación, recursos que deberían destinarse a servicios de salud, educación, seguridad nacional e infraestructura.
Ese señalamiento se suma a los de diputados de Encuentro por Guatemala sobre recortes a programas y actividades fundamentales, como la investigación criminal, la Academia de la Policía Nacional Civil y el ataque a la desnutrición crónica.
También hay quejas de distribución política entre tres partidos del Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera, conocido como Listado Geográfico de Obras.
En tanto, la ONU, mediante su representación en Guatemala, comunicó que el proyecto del plan de gastos muestra un “notorio descenso” presupuestario en áreas claves, como el combate de la desnutrición, prevención de la violencia, atención a migrantes, educación y salud.
“Esta reducción del presupuesto para el área social, que ya muestra deficiencias importantes, pone en peligro la subsistencia de las familias más pobres y excluidas, constituyéndose en una violación a sus derechos fundamentales y una amenaza latente para la gobernabilidad del país”, manifestó Naciones Unidas, que también hace varias recomendaciones.
De acuerdo con Ramón Parellada, del Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES), se calcula que los ingresos tributarios del próximo año ronden los Q55 mil 500 millones y que el servicio de la deuda será de unos Q12 mil 500 millones, por lo que el monto del presupuesto del 2016 debería ser Q68 mil millones.
“Que sea de no más de Q68 millardos, y que la deuda sea para pagar el servicio de deuda —Q12 mil 500 millones—. Es decir que sea una sustitución de deuda, tratando de conseguir una deuda más barata”, explicó el experto.
Ese cálculo lo estableció al tomar en cuenta que del 2014 al 2015 —a julio— el incremento de los ingresos tributarios fue del 2 por ciento, y así podría concluir el año, cuando en los tres años anteriores había sido del 6.5 por ciento.
Afirmó que deben priorizarse la seguridad y justicia, luego las asignaciones obligatorias y el pago de préstamos.
“No se puede aprobar un presupuesto de Q72 mil millones porque es dejarle una base muy mala al próximo gobierno”, subrayó Parellada.
En el Congreso las bancadas coinciden en que el presupuesto requiere de una readecuación en cuanto a los ingresos, porque se contemplan recursos que podrían no obtenerse, a pesar del esfuerzo de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Además, los parlamentarios sostienen que debe buscarse crédito más barato y que impacte menos en la economía local a través de créditos internacionales, cuya línea se mantiene cerrada tras los escándalos de corrupción en el país.
Francisco Rivera Escobar, jefe interino de la SAT, planteó que la Comisión de Finanzas deberá hacer una revisión del proyecto, al considerar la resolución que emitió la Corte de Constitucionalidad, que deja afuera el cobro de tres impuestos que aportarían al fisco Q2 mil 185 millones para este año y que no ingresarán a las arcas.
En el proyecto del 2016 se plantearon ingresos altos por el cobro del impuesto a la distribución de cemento por Q351.6 millones y regalías por Q41.8 millones. El de telefonía móvil y fija no se incluyó.
