Tanto representantes del partido político en cuestión como exmagistrados del Organismo Judicial (OJ) consideran que las acciones no serán tomadas como prioridad.
Dos exmagistrados de la CSJ coinciden en que la CSJ se tomará su tiempo para resolver todas las acciones legales que pongan en entredicho el desempeño del MP en torno al proceso electoral, aunque sostienen que lo más prudente sería resolver cuanto antes.
Ambos profesionales cuestionan las acciones del MP y ponen en duda la legalidad de los allanamientos que han ejecutado, así como haber manipulado las cajas electorales sin que hasta ahora trascienda cuál es el motivo de las pesquisas o hayan surgido nuevas acusaciones por los presuntos delitos que dieron pie a lo anterior.
“A mí no me extrañaría en lo más mínimo que pospusieran la resolución de los amparos en la medida que a ellos —la CSJ— les conviene”, dijo Yolanda Pérez Ruiz, exmagistrada de sala de Apelación.
La exfuncionaria judicial considera que una posibilidad sería “resolver” de forma rápida, admitir a trámite, denegar un amparo provisional y después postergar la resolución definitiva.
“Como abogada me avergüenzo de tener esos colegas, me avergüenzo de pertenecer al Colegio de Abogados, que no ha hecho nada. Me avergüenzo de compartir la misma profesión y que uno y otro de todos estos personajes haya sido mi alumno alguna vez”, expresó.
Por su parte, el exmagistrado Luis Fernández Molina califica como débiles las acciones legales, por lo que la CSJ lo tendrá “fácil” para resolver, aunque augura cierta demora para conocer los pedidos de desafuero y las querellas pendientes.
“Se tiene la percepción, casi generalizada, que lo que quieren es bajarse —suspender— a Semilla”, opinó Fernández.
Sin embargo, no cuestiona la labor del MP, pues su función es investigar, pero la manera en que lo ha hecho, luego de los resultados electorales, le despierta sospechas.
“Todos tenemos la percepción de que hay algo más que se esconde detrás de las investigaciones, pero de momento no hay pruebas”, dijo, al cuestionar los cateos al Centro de Operaciones del Proceso Electoral (Cope) y la manipulación de cajas electorales.
A criterio de Pérez Ruiz, las últimas resoluciones judiciales, en vez de dar certeza, vienen a complicar más un escenario convulso. “Se ha hecho evidente una componenda para mantener una situación que preocupa a toda la población, porque las mismas resoluciones son contrarias a la Constitución y las leyes, tanto constitucionales como ordinarias”, añadió.
Acciones acumuladas
En total la CSJ tiene ocho acciones judiciales pendientes de resolver, algunas presentadas por el mismo Tribunal Supremo Electoral (TSE) y otras por Movimiento Semilla.
Las más recientes son tres acciones de amparo que presentó el TSE, con lo que buscaba que se frenara un allanamiento más en el TSE, que dejó como resultado el secuestro de las actas electorales.
También Movimiento Semilla interpusieron dos querellas contra Rafael Curruchiche y Cinthya Monterroso, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci). Monterroso fue ascendida en fecha reciente a fiscal regional, por los allanamientos que dejaron la apertura de las cajas electorales.
“La idea de presentar las querellas es buscar que el MP no tenga el absoluto control del expediente, sino que sea remitido a un juzgado competente para que ahí se tenga el control jurisdiccional”, explicó Andrea Reyes, fiscal nacional y abogada de Movimiento Semilla.
Según la jurista, se busca que los señalamientos contra los operadores fiscales no dependan solo del criterio del MP, porque dicho ente podría no ser objetivo al investigar a su propio personal.
“Así podemos evitar lo que pasó con una primera denuncia contra Curruchiche, que se presentó en julio. Esa denuncia se desestimó en la sede fiscal”, destacó Reyes.
Contar con un juez contralor, a su juicio, les permitirá contar con un mayor campo de acción y más posibilidades de que las denuncias avancen.
“Buscamos que ya exista un juez contralor en la investigación para que se puedan solicitar incluso medios de investigación a raíz de los delitos que se están denunciando, que se hagan las investigaciones correspondientes y todo”, enfatizó.
También existen tres acciones de amparo. La primera fue presentada por Acción Ciudadana, la segunda por los 48 Cantones de Totonicapán, y la tercera por el binomio electo, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, todos por la apertura de las cajas electorales.
Las tres cuestionan las acciones del MP contra el proceso democrático y estas deberán ser conocidas por el pleno de la CSJ.
