El acuerdo gubernativo 320-2023 que fue publicado en el Diario de Centro América este 28 de diciembre y firmado por el mandatario Gimmattei, el ministro de Gobernación, Byron René Bor Illescas y María Consuelo Ramírez, secretaria General de la Presidencia, expone las disposiciones que gozaran 12 exministros (con excepción del ministro de Defensa) y siete secretarios, la cobertura de protección, así como la asignación de vehículos.
La medida ha generado reacciones por analistas, ya que no existe un perfil de riesgo de seguridad para los funcionarios que no tienen tareas relacionadas a Seguridad, Defensa Nacional, y Sistema Penitenciario; por lo que no hay una justificación. También se criticó la posibilidad de que exista alguna ilegalidad del acuerdo gubernativo, en el sentido que no hay un marco legal que lo regule y pueda haber una malversación de fondos públicos, ya que se estaría utilizando recursos públicos para beneficios personales, en el sentido que los protegidos ya no son funcionarios.
El presidente y vicepresidente son los únicos funcionarios públicos electos que por ley pueden contar con un dispositivo de seguridad publica una vez entregados los cargos, mecanismo de seguridad que está establecido en ley, no así funcionarios que hicieron gobierno, explicaron analistas consultados.
En todo caso, señalaron, serán las nuevas autoridades que asuman en enero quienes deberían revisar la disposición en Consejo de Ministros, ya que se destinará recurso humano y financiero del Ministerio de Gobernación para atender la protección de los exfuncionarios y no a la población.
¿Quiénes son los beneficiados?
El acuerdo enumera los ministros que gozarán de protección por la PNC una vez dejen sus puestos en el gobierno de Giammattei.
- Agricultura: Édgar René De León Moreno
- Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda: Javier Maldonado
- Cultura y Deportes: Felipe Aguilar
- Economía: Luz Mariana Pérez Contreras
- Educación: Claudia Patricia Ruiz Casasola
- Energía y Minas: Manuel Eduardo Arita
- Finanzas: Edwin Martínez Cameros
- Relaciones Exteriores: Mario Búcaro
- Salud: Francisco Coma
- Trabajo: Rafael Eugenio Rodríguez Pellecer
- Ambiente: Gerson Barrios Garrido
- Desarrollo: Héctor Melvyn Caná Rivera
- Gobernación: Byron René Bor Illescas
En el caso de las secretarias, el acuerdo menciona:
- Secretaria General de la Presidencia: María Consuelo Ramírez
- Secretaria Privada: Geovanna Frinnee Estrada Samayoa
- Coordinación Ejecutiva: Álvaro Leonel Díaz Velásquez
- Comunicación Social: Kevin López Oliva
- Secretario de Inteligencia Estratégica: Walter Alexander Levy Herrera
- Planificación y Programación: Keila Gramajo Vilchez
- Asuntos Administrativos y Seguridad: Héctor Castillo
El acuerdo aclara que las medidas de protección serán por un periodo igual al tiempo que prestaron sus servicios, que estarán a cargo de la PNC y un máximo de dos personas por turno y se tomará en cuenta el último cargo desempeñado, en el caso de que algún funcionario haya ocupado durante la administración más de un puesto.
No hay más recursos
El ministro de Gobernación, Byron Bro Illescas, sobre el Acuerdo indicó que no se asignarán más recursos a la División de Protección de Personas y Seguridad, la cual estará a cargo de la seguridad de los secretarios de los ministros de Estado y los secretarios de la presidencia.
Agregó que los ex funcionarios que no querían la seguridad pueden rechazarla y hasta el momento han sido dos los que han manifestado no quererla, aunque no brindó detalles de quienes fueron.
Bro Illescas mencionó que la división policial a cargo de la seguridad de los exfuncionarios tiene 1 mil 469 agentes asignados y no se pretende sacar a los elemento de las calles para proteger a los exfuncionarios.
“El hecho que el acuerdo gubernativo entre en vigencia no implica que se vayan asignar más gentes a esta división para prestar el servicio”, señaló el ministro.
Bor Illescas indicó que se tomó la decisión de ofrecer seguridad a los ministros de Estado y los secretarios para proteger su integridad, ya que pueden ser objeto de agresiones o represalias por sus decisiones durante la gestión.
Abuso de autoridad
Francisco Rivas, exministro de Gobernación, criticó que este se reforma por tercera vez este acuerdo para brindar protección a exfuncionarios y, ahora, otorga seguridad a todo un gabinete, ya que anteriormente solo se daba cobertura a exfuncionarios de Gobernación. Calificó la disposición como un abuso de autoridad y exceso.
A su juicio, hay exfuncionarios de gobierno que no corren ningún riesgo por la función del cargo que ejercieron, como el de Agricultura, Desarrollo o Cultura, por ejemplo, que nunca contarán con un alto riesgo como el ministro de Gobernación y su viceministro de Seguridad o el director del Sistema Penitenciario.
Por otro lado, comentó Rivas, se tiene que hacer un análisis de riesgo y con base a ese estudio se hace la asignación del recurso humano, logístico y la institución debe contar con los suficientes recursos para hacer la dotación, pero en este momento la PNC no tiene los vehículos para poder cubrir esa demanda de todo un gabinete, ni tampoco el suficiente recurso capacitado para poder brindar una cobertura de esta naturaleza.
“Los análisis de riesgo van a concluir que un funcionario de Cultura o Agricultura es que no corre un riesgo y que no amerita contar con un esquema de seguridad. Moralmente no es factible y operativamente no es posible brindar todo un esquema de seguridad a exfuncionarios, y es claro que a la población se le está quitando seguridad pública que reside en los barrios de alta peligrosidad e incidencia criminal, en donde sí se necesitan los elementos patrullando, donde se cometen delitos comunes y hasta graves”, precisó Rivas.
Interpretación
Para Francisco Quezada, analista del Centro de Investigación Económicas Nacionales (Cien), el último análisis que efectuaron determinó que el 5% de la fuerza policial está destinada a protección de personas u otras instituciones, que incluye protección personal a funcionarios, protección a embajadas, protección a jueces y magistrados, entre otros, un número considerable, pero antes era del 10%.
Este año también hubo protección a candidatos políticos, y, en primer lugar, cuando se habla que se quiere mejorar la academia de la PNC para la formación de los agentes para la propia fuerza, pero con dotes de investigadores, inteligencia, manejo de escenas, y cuenten cada vez con una mayor y mejor formación, es paradójico que se termine como un guardaespaldas.
Afirmó que es un alto costo para el Estado que los agentes formados en la academia terminen en seguridad personal, y al hacer cifras es “más barato contratar a un guardaespaldas privado que utilizar elementos de la PNC con toda una formación y equiparlo, que custodian a una persona todo el día”.
“No se justifica”
Para Érick Coyoy, analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), no se justifica que exfuncionarios se sigan aprovechando de recursos públicos para su beneficio en particular, y no hay una ley que designe recursos de la seguridad pública a personas individuales, en detrimento de los riesgos de inseguridad que se enfrenta la población todos los días.
Afirmó que incluso es cuestionable que se dispongan recursos públicos, fuera del cargo, lo que cual no se justifica, y este tipo de servicios los funcionarios salientes las deben de gestionar por sus propios medios, y “no aprovecharse de los recursos del Estado, que es una práctica anormal e incluso ilegal, porque no hay razón alguna que un ministro conceda esos beneficios hacia otros exfuncionarios”.
*Con información de Rubén Lacán
