Difícil tramo para la pena de muerte

Entre diputados existe una marcada división por aplicar máximo castigo.

La aplicación de la pena de muerte en Guatemala tiene grandes obstaculos para aplicarse. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
La aplicación de la pena de muerte en Guatemala tiene grandes obstaculos para aplicarse. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Mientras la reactivación de la pena de muerte ha ganado popularidad debido a los hechos violentos de las últimas semanas, la aplicación de ese castigo tiene un camino difícil en el Congreso, pues aunque cuenta con apoyo, también hay quienes la adversan y se proponen abolirla.

No es el único tropiezo. El 11 de febrero último, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió  una acción de inconstitucionalidad general parcial que impide aplicar la pena de muerte a quienes cometan asesinato, debido a la discrecionalidad que se daba en su aplicación. Ese fallo cobró vigencia el miércoles último.

Luego de la decisión de la CC, la pena de muerte aún queda vigente para otros delitos —parricidio, ejecución extrajudicial, violación calificada, secuestro, tortura, desaparición forzada y magnicidio como causa de muerte—.

La discusión sobre la pena capital se retomó en el Congreso, promovida por las exdiputadas Lucrecia Marroquín de Palomo y Zury Ríos, quienes presentaron una iniciativa para normar el indulto,  paso que generó la suspensión del castigo.

La propuesta fue adoptada por los diputados Juan José Porras y María Eugenia Tabush, de Visión con Valores (Viva); por el unionista Álvaro Arzú; y por Marcos Yax, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

El apoyo en las redes sociales no tardó, empujado por varios hechos violentos como un bombazo por el que fallecieron dos personas, cuerpos desmembrados con mensajes y un video en el que varios reos reconocen haber matado a un recluso.

El procurador de Derechos Humanos, Jorge de León, no descartó que los hechos fueran provocados con el fin de promover la aplicación de la pena.

Divididos

La propuesta del indulto reforma el Código Penal, por lo que solo requiere de 80 votos; pero si quisiera aprobarse de urgencia nacional, requerirá 105.

Prensa Libre indagó entre los congresistas. De los 158, respondieron 124; de ellos, 70 están de acuerdo con la pena de muerte, y si se reactivara mediante una nueva ley,  73 votarían a favor.

Lo curioso fue que antes de dar su opinión los legisladores preguntaron si se publicarían sus nombres, pues hay opiniones encontradas en los bloques.

Por ejemplo, en la bancada  Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), compuesta por 32 congresistas, ocho apoyan la pena de muerte, 11 la rechazan, uno cree que se debe analizar y 11 no respondieron. Esa característica se repite en el resto de bloques.

Carlos Fion, jefe de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), reconoció que hay controversia.

“Hay algunos que piensan que solamente Dios puede quitar la vida. No hemos decidido nuestra posición; pero al momento de una votación, dejaremos que cada uno lo haga según su criterio”, aseguró.

Apoyan castigo

El oficialismo ve en la pena de muerte una solución a la crisis de violencia e inseguridad que le ha tocado librar desde que asumió el gobierno, el 14 de enero último.

Javier Hernández, jefe de FCN-Nación, explicó que redactan una propuesta que permita reactivar la pena de muerte.
“Estamos a favor de la pena de muerte. Vamos a promover una iniciativa de ley; solo la terminamos de afinar. Hay temas legales y cambios que se están evaluando”, refirió.

El diputado no descartó adoptar la propuesta del indulto planteada por Ríos y Marroquín.
Abolición

De los 124 diputados consultados, 46 dijeron rotundamente estar en contra de la pena capital. Algunos dan argumentos religiosos y otros apelan al respeto a la vida como derecho fundamental.

Sobre apoyar una iniciativa que permita reactivar la pena, 41 dijeron que no votarían a favor, 10 piden analizarla, y si no contraviene ninguna ley nacional o convenio ratificado por Guatemala, podrían apoyarla.

Ovidio Monzón y Ronald Arango, del bloque Todos, explicaron que presentarán una iniciativa de ley para abolir la pena de muerte, la cual cumplirá con la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con convenciones a las que se ha adherido el país.

“Más de 160 países en el planeta han abolido la pena de muerte, y  los indicadores de asesinado se han reducido. Estoy convencido de que la pena capital no resuelve la problemática de inseguridad ni de violencia”, argumentó Monzón.

Arango defendió el derecho a la vida, y consideró más importante que el Estado trabaje en mejorar las condiciones de vida de la población para que tengan acceso a educación, salud, alimentación y condiciones dignas.

“Hay que combatir los problemas estructurales y no pensar solo en una reacción”, dijo.

Aunque la Constitución habla de la pena de muerte, solo establece cuándo no podrá imponerse. Además, indica que el Congreso podrá abolirla. Basados en ello, los diputados de Todos plantearán la iniciativa.

(Infografía Prensa Libre: Billy Melgar)

Populista

Durante la campaña electoral del 2011, la pena de muerte fue uno de los puntos torales. Manuel Baldizón acogió como principal oferta reactivarla.

Lo mismo ocurrió cuatro años antes, cuando Otro Pérez Molina ganó las elecciones con su propuesta de mano dura.

Roberto Villate, jefe del bloque Libertad Democrática Renovada (Líder), recordó que en el 2010 impulsó una iniciativa que permitía reactivar ese castigo, y aunque obtuvo los votos necesarios y se convirtió en decreto, “—Álvaro— Colom lo vetó”.

En enero del 2016, Villate presentó una nueva iniciativa que está en discusión en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, para dictamen.

“Mis años de lucha en el Legislativo en relación con la pena de muerte están empezando a dar fruto”, aseguró el diputado de Líder.

Jimmy Morales no prometió la pena de muerte. Sin embargo, su partido se ha convertido en un impulsor de la condena.
Defienden pena

Mientras que dos diputados de Todos preparan una propuesta para abolir la pena capital, el jefe de esa bancada, Mynor Cappa, cuestionó: “El 80 por ciento de la población quiere la pena de muerte. ¿Qué vamos a hacer como país si los criminales ordenan desde las cárceles las extorsiones y los asesinatos?”.

Flor de María Chajón, de FCN-Nación, indicó: “Hay familias que han tenido pérdidas familiares en manos de esas personas sin escrúpulos. No he tenido la experiencia, pero me pongo a pensar en los niños que han quedado huérfanos”.

“Jesús no estuvo de acuerdo con la pena de muerte, para quienes siguen invocando el viejo testamento”, dijo Sandra Morán, de Convergencia.

Discusión legal

César Fajardo, diputado de UNE, y Oliverio García, independiente, explicaron la situación legal por la que está suspendida la aplicación de la pena.

“No es correcto que después de haber sufrido un proceso en primera y segunda instancia, y se tenga una sentencia firme y ejecutoria, el presidente pueda dar un indulto. Hay que analizar el procedimiento, porque se está tergiversando”, manifestó.

Mauro Guzmán, de la UNE, afirmó: “Retomar la pena de muerte es una manera fácil de decir que el Estado fracasó en el combate de la inseguridad”.

Guatemala se adhirió al Pacto de San José en 1970, lo que impide agregar delitos que puedan ser objeto de la pena de muerte, y por eso está en duda su aplicación en casos de secuestro, pues se añadió en 1996. Para sumar delitos se tendría que denunciar el convenio.

Víctima de violencia

Mario Fermín de León, del bloque Todos, apoya la pena capital con los ojos cerrados.

“Fui tocado por la delincuencia de manera directa. Esa gente no se tienta el alma. Asaltaron mi casa en San Marcos, en junio del año pasado.

Los criminales me dieron por muerto. Estoy muy molesto, y estoy convencido de que la única forma de acabar con esta situación es con castigos fuertes. Esa gente mala no merece compasión de nada ni de nadie”, manifestó.

Pena, en suspenso

La aplicación de la pena de muerte está en suspenso desde el 2000, cuando el presidente Alfonso Portillo renunció a indultar a condenados. Después, la CC indicó que no había  ley que regulara el proceso de indulto.

En el 2008, el Congreso aprobó una norma que regulaba el derecho de gracia, pero Álvaro Colom la vetó con el argumento de que la condena violaba el derecho a la vida del reo y los convenios internacionales a los que el país está suscrito.

La pena capital no se aplica desde el 29 de junio del 2000, cuando se aplicó la inyección letal a Luis Cetino y a Tomás Cerrate, integrantes de la banda de secuestradores los Pasaco. Luego, se conmutaron 35 condenas a la pena máxima de cárcel.