Prensa Libre consultó a 10 de las 17 bancadas. Con excepción del jefe del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Fernando Linares, el resto coincidió en que es necesario efectuar las reformas a la Constitución en lo relativo al sector Justicia.

Pero de las 10 consultadas, que representan 134 de los 158 congresistas, solo la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) indicó que la propuesta debe  dejarse tal y como la envió la Mesa de Diálogo del Sector Justicia; el resto estimó que se deben efectuar cambios. Algunos afirmaron que son de redacción, aunque otros señalan que sí deben ser de fondo.

Rotundo no

El PAN es el único partido que asegura abiertamente  que está en contra de las reformas a la Constitución. Linares aseguró que no son necesarias y que todos los cambios que planteó la Mesa de Diálogo del Sector Justicia, que fue acompañada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), pueden efectuarse a través de legislación ordinaria.

“El poder que se le da al Consejo Nacional de Justicia es dañino y muy peligroso, que se le otorgue en la Constitución es aún más perjudicial porque es muy difícil efectuar cambios. Todas las propuestas que se están planteando pueden y deben  ser modificadas en las leyes ordinarias”, manifestó.

Según el congresista, buscarán frenar la aprobación de la iniciativa en el Congreso. “Si no logramos bloquear las reformas, trataremos que se hagan los cambios necesarios para que en verdad sean aplicables”, advirtió el opositor a la iniciativa.

Modificaciones

Algunos legisladores, como el jefe de Todos, Juan Ramón Lau, han identificado errores de redacción en algunos temas, y uno de ellos es en el derecho de antejuicio. “Uno de los párrafos está redactado de tal manera que le otorga el beneficio de inmunidad a todos los funcionarios públicos; es decir, a todos los trabajadores del Estado, y eso hay que corregirlo”, detalló.
 El diputado de Todos también consideró pertinente incluir al Presidente de la Corte Suprema de Justicia entre el Consejo Nacional de Justicia. De igual forma, explicó, hay un artículo donde se tipifica un delito “cuando en la Constitución no puede hacerse, para ello hay leyes ordinarias”.

Oliverio García, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales,  reconoció que hay varios temas que requieren ser modificados. “La mayoría son cambios mínimos de redacción, se propondrán varias enmiendas, pero no se tocará el fondo”, aseguró.

Estrategia

Orlando Blanco, jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), aseguró que esa bancada apoyará la propuesta tal y como está planteada, y señaló a sus compañeros de estar fraguando una estrategia para evitar la aprobación de las reformas a la Carta Magna.

El presidente del Congreso, Mario Taracena, aseguró que su intención es que este martes sean aprobadas las reformas, ya que hoy se les daría trámite en segunda lectura, aunque advirtió: “Tengo la percepción que el derecho indígena, el antejuicio y el Consejo no serán aprobados.

Puntos controversia

• Derecho consuetudinario

Las reformas a la Constitución proponen el reconocimiento del derecho consuetudinario de los pueblos indígenas en la aplicación de justicia en sus comunidades.

Para algunos legisladores, reconocerlo de esa forma originaría un grave problema de aplicación.

• Derecho de antejuicio

La propuesta plantea que los funcionarios públicos que gocen del derecho de antejuicio podrán ser investigados.

Esto ha generado controversia y algunos diputados consideran que se estaría violando el principio con que se creó, y que ya no tendría razón de ser.

• El poder del Consejo Nacional de Justicia

El Consejo Nacional de Justicia no contará con la participación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y se encargará de temas administrativos, así como de establecer promociones de ascenso en puestos clave. Diputados estiman que se le está otorgando mucho poder.

Rechaza iniciativa

El jefe de la bancada PAN aseguró que harán lo posible para bloquear la aprobación de las reformas a la Constitución, pues considera que los cambios  deben hacerse en leyes ordinarias y no en la Carta Magna.