Diputados restan fuerza a reforma judicial

Entre resistencia de algunos diputados, este miércoles se retomará la discusión de las reformas a la Constitución para el sector justicia. La oposición persiste en el Derecho Indígena y en el ahora llamado Consejo de Administración Judicial.

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Bancadas aseguran que apoyan las 23 enmiendas y que hay aval de la mesa técnica integrada por el MP y Cicig.
Bancadas aseguran que apoyan las 23 enmiendas y que hay aval de la mesa técnica integrada por el MP y Cicig.

El rechazo existe entre varios diputados, pero pocos se atreven a hablar. La mayoría asegura que temen emitir opinión, porque son señalados de racismo y de avalar la impunidad y la corrupción.

El viernes último, la mayoría de jefes de bloques se reunieron para efectuar los últimos cambios a las 23 enmiendas que se presentarán y que, en apariencia, tienen consenso.


Eduardo Zachrisson, jefe del Partido de Avanzada Nacional (PAN), aseguró que se pretendía que se firmaran las enmiendas con el fin de comprometer el apoyo. “Yo no las firmé; no las conocía. Hay que estudiarlas y ver cuál será el impacto que generarán para el sistema de justicia y para el país”, detalló.

Esa posición la repitió en la reunión de la instancia de jefes de bloques. Inclusive, su compañero de bancada Fernando Linares solicitó que se retrasara por ocho días más la discusión.

La intención era que se terminara de escuchar las propuestas de todos los sectores que han solicitado audiencia a los congresistas. Sin embargo, los diputados Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala; Amílcar Pop, de Winaq, y Wálter Félix, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), consideraron que la intención era retrasar la discusión.

“Hay un retardo malicioso. Son los mismos sectores que se han opuesto durante años. Reformar la Constitución en el sector justicia es una discusión de muchos años atrás”, aseveró Pop.

Linares recordó que efectuar la consulta popular tendrá un costo de Q300 millones, los cuales, a su criterio, podrían perderse si las reformas que apruebe el Congreso no tienen el consenso suficiente, pues eso generaría que gane el no.

Manuel Conde, también del PAN, propuso ayer en la instancia de jefes de bloques que se acordaran aprobaciones por fases. Es decir, que este miércoles se avanzara con tres artículos, el próximo con otros tres, con el fin de dar tiempo para escuchar a otros sectores y buscar consensos.

En tanto, hasta  retomar la discusión podría tornarse escabroso ya que, según Zachrisson, el artículo 3, relacionado con el Derecho Indígena, ya habría sido agotado, pues en noviembre se quedó abierta la votación por más de una hora y luego se rompió el quórum de directiva. En esa época, el expresidente del Congreso, Mario Taracena, aseguró que lo hizo para proteger el artículo.

Ana Laynes, del Gran Consejo Nacional de Autoridades Indígenas de Ixim Ulew, aseguró: “No venimos a limosnear, sino a que se tome en cuenta la participación de los pueblos indígenas”.” transformer=”gsi.gn3quote.PL_SCD_Quote_Gris” /]

“Yo voy a manifestar en el pleno porque creo que el artículo 3 ya se perdió y que no puede retomarse. Se cometería una ilegalidad y quedaría abierto a amparos o acciones legales que podrían botar toda la propuesta”, aseguró.

Estrategias

Solo los diputados del PAN se atreven a manifestar su posición de manera abierta. Hay varios en las bancadas del Movimiento Reformador, en Alianza Ciudadana y en el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) que rechazan las reformas.

Al hablar con los congresistas argumentan que aún hay dudas. La mayoría se concentra en lo relacionado con el Derecho Indígena, y algunos creen que puede generar más antagonismo entre los pueblos. Otros fundamentan que generará vacíos fuertes en la aplicabilidad de la justicia.

Uno de los diputados de FCN-Nación indicó que está de acuerdo con todo lo planteado en la reforma, menos en el Derecho Indígena, ya que esa situación podría llegar a generar que se pierda la propuesta en la consulta popular. “Fue un error incluir el tema. Los cambios eran positivos y necesarios, pero el país está muy dividido”, consideró.

En jefes de bloques los únicos que apoyaron la moción del PAN de retrasar la discusión una semana más fueron los congresistas Francisco Tambriz, de AC, y Álvaro Arzú, del Partido Unionista.

Orlando Blanco, jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), dijo a Prensa Libre, que la sesión del viernes podría estar plagada de estrategias para evitar que se continúe con la discusión.

La posición de la ONU, que reveló en un comunicado, fue diseñada por los relatores para los derechos de los pueblos indígenas, el de la independencia de los magistrados y abogados y el de las formas contemporáneas de racismo.

“Exhortamos al Congreso a preservar el objetivo y espíritu original de la reforma, y a no menoscabar su integralidad y el  carácter participativo, que contó con aportes de diversos sectores”, señaló.

“La resolución que se apruebe debe proteger, en vez de limitar o reducir, los derechos de los pueblos indígenas”, indicó la ONU.” transformer=”gsi.gn3quote.PL_SCD_Quote_Gris” /]

Según Blanco, ha escuchado que muchos diputados se ausentarán de la sesión porque no quieren votar a favor de la reforma obligados por su bloque, y tampoco quieren hacerlo en contra, para que no se les critique.

Jugar con el quórum será otra maniobra. Cuando no se respalde un artículo, los legisladores romperán quórum.

Por ser una iniciativa de carácter constitucional, en todas las votaciones se requiere del apoyo de 105 diputados.

Otra estrategia será la presentación de nuevas  enmiendas. En la actualidad, la propuesta tiene más de 60. Si se tratara de una normativa regular, hubiera tenido que regresar a comisión para un nuevo dictamen.

Linares, quien ha manifestado sin reservas su rechazo a las reformas, aseguró que presentará por lo menos 25 enmiendas más, que se sumarían a las más de 60 que esta propuesta ha recibido y a las 23 con supuesto consenso.

23 enmiendas tendrían acuerdos

Preámbulo. Se modifica el preámbulo. Se establece que las reformas aprobadas por el Congreso deben ser ratificadas en consulta popular.

  1. Artículo 203. Reconoce que la función jurisdiccional la ejercen la CSJ, las jurisdicciones privativas y las autoridades indígenas ancestrales, estas según sus procedimientos y costumbres, siempre que no sean contrarios a los derechos humanos internacionalmente reconocidos y a la Constitución. Este derecho se ejercerá entre una coordinación “necesaria” entre las autoridades del sistema de justicia y las autoridades indígenas ancestrales.
  2. Artículo 205. Se eliminan las palabras idoneidad, honradez y especialización, en lo relativo a la carrera profesional basada en concursos públicos de oposición.
  3. Artículo 207. Se buscaba que los jueces y los magistrados de las cortes de Apelaciones y otros tribunales de la misma categoría rindieran cuentas al Consejo Nacional de Justicia. Eso se elimina y se obliga a la CSJ a presentar ante el Congreso la protesta de administrar pronta y cumplida justicia; y los demás jueces y magistrados lo harán ante la CSJ.
  4. Artículo 208. Modifican el retiro obligatorio a los 75 años y establecen que esa es la edad máxima para el ejercicio del cargo en las cortes.  
  5. Artículo 209. Se creaba el Consejo Nacional de Justicia. El Congreso lo cambió a Consejo de Administración Judicial. De la propuesta inicial le quitan la facultad de elegir magistrados de la CC.
  6.   Artículo 210. Se elimina al Consejo Nacional de Justicia como el órgano que nombra al personal auxiliar y administrativo del OJ, y se establece que los procedimientos serán establecidos en una ley ordinaria. Esta nueva entidad será la encargada de desarrollar el concurso público de oposición para los candidatos a magistrados de la CSJ. También es la encargada de elaborar el anteproyecto de presupuesto de esa institución y  de administrar los recursos y el servicio civil.
  7. Entre sus obligaciones se encuentra la creación de políticas administrativas, financieras, de modernización y fortalecimiento del sistema de justicia. La propuesta inicial buscaba que la CSJ le rindiera cuentas a esta instancia, pero se modificó. Los miembros de este Consejo gozarán de las mismas prerrogativas que los magistrados.
  8. A la propuesta inicial se adhiere el artículo 213. Se eleva de 2 a 3 por ciento de los ingresos del Estado la obligatoriedad de otorgar recursos al OJ y se indica que el Consejo de Administración Judicial será el encargado de elaborar un anteproyecto que aprobarán o improbarán los magistrados de la CSJ.
  9. Artículo 214. Se elimina que nueve, de los 13 magistrados de la CSJ, sean electos entre la Corte de Apelaciones y otros tribunales de la misma categoría. En su lugar se establece que provengan del sistema de la carrera judicial.
  10. Artículo 215. Se adhiere el procedimiento para suplir una vacante en ausencia definitiva de uno de los magistrados de la CSJ.
  11. Artículo 217. Eliminan como requisito para ser magistrado de la Corte de  Apelaciones la edad de 30 años  y reducen el período de ejercicio de 15 a 12.
  12. Artículo 251. Se crea una especie de comisión de postulación que elegirá  la terna de candidatos a Fiscal General, que luego elegirá el presidente de la República. Se integran a esa instancia la Usac, las universidades privadas, la CSJ y el Congreso.
  13. Artículo 269. La propuesta buscaba que la CC  se formara por nueve magistrados titulares y tres suplentes. Con las enmiendas se elimina a los últimos. Y se otorga la facultad de elegir magistrados a la Usac y a las universidades privadas con más de 25 años de creación.
  14.  Artículo 270. Se elimina el requerimiento de “contar con méritos de idoneidad, capacidad y honradez”, de   los requisitos para optar a  magistratura de la CC.
  15. Artículo 271. Con las enmiendas se elimina por completo el cambio que pretendía la secretaría técnica, en la que establecía un período de tres años a los presidentes de la CC.
  16. Artículo 272, inciso b). La propuesta inicial obligaba a la CC a conocer las acciones de amparo contra el Consejo Nacional de Justicia. Con las enmiendas se elimina.
  17. Artículo 29 (transitorio). Se obligaba a la CSJ a elaborar nueve nuevas o reformas de leyes, entre ellas las del Consejo de Administración Judicial. Estas debían estar en un plazo de seis meses, pero con las enmiendas se retira de las iniciativas por modificar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley en Materia de Antejuicio y la  que regulará la creación del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción. Al final se reformarían la Ley de OJ, la del Sistema de la Carrera Judicial, la de Servicio Civil del OJ, la del MP y la de Amparo.  
  18. Artículo 29 (transitorio). Se reduce de cuatro a dos años el plazo máximo para que la CSJ elabore y remita al Congreso las reformas al Código Procesal Civil y Mercantil, Ley de lo Contencioso Administrativo, Ley de Aplicación de Principios Generales del Derecho, Ley del Tribunal de Cuentas, y del Código Militar.
  19. Artículo 30 (transitorio). Luego de entrar en vigencia las reformas a la Constitución, se permite a los magistrados de la CSJ que se encuentren en el ejercicio del cargo, concluir su período, pero con la salvedad de que deben de participar en los concursos de oposición. La iniciativa inicial pretendía que fuera el Consejo Nacional de Justicia el que manejara la reglamentación relativa para ejercer dicho mecanismo.
  20.  Artículo 31 (transitorio). Se modifica el nombre de Consejo Nacional de Justicia a Consejo de Administración Judicial, como se le nombra con las enmiendas.
  21. Artículo 32 (transitorio). Se mejora la redacción de lo establecido en la propuesta inicial, en la que se establece que los magistrados de la CC culminarán su período y la nueva integración se regirá conforme a las nuevas disposiciones establecidas con las reformas.
  22.  Artículo 33 (transitorio). Se modifica el número del artículo de 34 a 33.
  23.  Artículo nuevo. Se establece que las reformas sean  aprobadas por más de las dos terceras partes del total de diputados y que las mismas deberán ser ratificadas en consulta popular convocada por el TSE. Finalmente, y luego de haber sido ratificadas por la población, entrarían en vigor 60 días después de que el TSE oficialice el resultado.