Corrupción y violencia resaltan en informe de EE.UU. sobre Guatemala

Revisión a Guatemala demuestra debilidades en seguridad y justicia; además, señala corrupción e irrespeto a la libertad de expresión.

Protestas ciudadanas del 2015 denunciaron corrupción en el Gobierno, pero el informe de EE. UU. sobre la observación del año pasado señala que la corrupción en el Estado continúa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Protestas ciudadanas del 2015 denunciaron corrupción en el Gobierno, pero el informe de EE. UU. sobre la observación del año pasado señala que la corrupción en el Estado continúa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Esto lo indica el Informe Nacional de Prácticas de Derechos Humanos 2017, publicado ayer por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Acerca de Guatemala, evidencia que se registraron “constantes intimidaciones” a miembros del sistema judicial.


Otro hecho destacado es el intento de expulsión del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, así como ataques a medios de comunicación y periodistas.

Homicidios de mujeres, violencia policial, trabajo infantil y amenazas contra sindicalistas y activistas son otras debilidades citadas en el documento.

Sin tener el control

La revisión de EE. UU. al país indica que el Sistema Penitenciario informó sobre problemas de “seguridad y control”, incluidos intentos de fuga y peleas entre pandillas. “Los presos llevaron a cabo actividades delictivas dentro y fuera de las cárceles”, dice el informe.

En cuanto a la Policía Nacional Civil (PNC), el Departamento de Estado dice que el Gobierno carecía de mecanismos efectivos para investigar y castigar el abuso y la corrupción. “Las autoridades civiles en algunos casos no lograron mantener el control efectivo sobre la PNC”, revela.

“Hubo informes de impunidad de las fuerzas de seguridad”, dice el texto, que documenta el arresto de 210 agentes.

Dificultades

EE. UU. incluye en el informe que la corrupción y las investigaciones inadecuadas dificultaron, el año pasado, el enjuiciamiento y propiciaron la continuación de la “impunidad generalizada”.

Destaca que solo una parte del Gobierno colaboró con la Cicig para fortalecer el estado de Derecho y enjuiciar a funcionarios que cometieron abusos.

“El 27 de agosto, el presidente Jimmy Morales declaró al comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, persona no grata”. Esto afectó negativamente la confianza nacional e internacional de la administración —de Morales— con los esfuerzos contra la impunidad y la lucha contra la corrupción”, añade el informe de EE. UU.

La expulsión no se concretó porque la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo.

Jueces amenazados

En la denegación de juicio público y justo, el informe indica que jueces, fiscales, demandantes y los testigos denunciaron amenazas, así como intimidación y vigilancia, la mayoría de las veces por parte de grupos de narcotráfico.

“A finales de agosto, el fiscal especial de delitos contra trabajadores judiciales recibió 129 denuncias de amenazas o agresiones contra trabajadores en el Poder Judicial, en comparación con 192 hasta septiembre de 2016”, se indica.

Además, que la Junta Disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia realizó 573 investigaciones por quejas contra jueces por irregularidades.

Los informes

El año pasado hubo “numerosos” informes de corrupción gubernamental, por cargos que incluyen lavado de dinero, financiamiento ilegal de partidos políticos y sobornos.

Un caso es del 17 de julio contra Julio Ligorría, exembajador en EE. UU., y Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones.

Los dos supuestamente organizaron una red de empresas para recibir dinero de la campaña electoral del Partido Patriota.

Otro es del 2 de febrero, cuando le retiraron la inmunidad a la jueza Blanca Stalling Dávila por supuesto tráfico de influencias.

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