El debate por el uso de escuchas telefónicas como medios de prueba

Algunos abogados defensores de sindicados en casos de alto impacto como IGSS-Pisa aseguran que el uso de escuchas telefónicas son ilegales; el MP difiere y asegura que hay más pruebas. 

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Abogados defensores de los sindicados en el caso Igss Pisa y el Ministerio Público debaten sobre el uso de escuchas telefónicas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Abogados defensores de los sindicados en el caso Igss Pisa y el Ministerio Público debaten sobre el uso de escuchas telefónicas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Unas 22 personas son señaladas por el contrato anómalo de Q116 millones que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss) firmó con la farmacéutica Pisa, cuyos tratamientos para pacientes con enfermedades renales habría causado la muerte de al menos 40 personas.

“No son legales las escuchas”

Hay tres artículos en la Ley contra la Delincuencia Organizada que son  claves para entender por qué son mal utilizadas las escuchas en el caso   IGSS-Pisa por parte del Ministerio Público. Mi criterio es que el MP ha  confundido y  tergiversado esa normativa. 

En una de las audiencias recientes fue  satisfactorio escuchar a   Axel Álvarez, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig),  manifestar  que en el caso de Édgar René de la Peña —exgerente de Ventas de la Droguería Pisa,  señalado por  cohecho activo— y Ramiro Armando Lorenzana  —exdirector general de Droguería Pisa,  señalado de asociación ilícita y cohecho activo—    no había  una   autorización para que los  intervinieran  o que las llamadas donde aparecían fueran utilizadas.


Para mí, resulta relevante porque con eso se evidencia  la  violación al derecho de la intimidad. 

Insisto,  es un  error por parte del MP el haber  utilizado una interceptación sin  autorización, porque se ha  violentado el debido proceso.  El hecho de que el representante de la   Cicig  aceptara que no estaba autorizado interceptar a esas dos personas   desvanece la acusación.  


Además,  para los señalados del caso IGSS-Pisa la sindicación es solo una, que  dice que ellos negociaron  con Otto Molina Stalling la adjudicación del contrato. Lo bueno es que,  en lo que va del debate,   ya quedó claro que el día  que supuestamente se hace la  negociación  el contrato de diálisis peritoneal tenía más de 24 horas de haberse aprobado por parte de la Junta Directiva, y más de un mes de haber sido adjudicado por la Junta de Licitación; por  lo tanto, es materialmente imposible que  puedan condenar a alguien por algo que supuestamente no pasó.

No hay forma que puedan comprobarlo, porque nada    coincide con la realidad. Los fiscales solo se limitaron a escuchar y no analizaron las conversaciones. Además, no me parece que  Juan Francisco Sandoval sea el  más idóneo para que informe del  avance del debate, porque él no ha estado en el juicio.

“No son la única prueba”

Respeto la opinión del abogado, pero quiero aclarar que en el proceso penal no solo hay escuchas telefónicas.

La ventaja del caso es que  cuenta con  más de 19  peritos; solo dos de ellos hacen análisis de las escuchas, hay información financiera, prueba documental.  Entonces consideramos que hay medios que sostienen  la tesis de la Fiscalía.

La legalidad de las mismas lo definirán la jueces del Tribunal Undécimo de Sentencia Penal donde se desarrolla el debate contra unas 22 personas sospechosas de haber adjudicado el servicio de diálisis peritoneal a la empresa Pisa. 

En referencia a qué parte de la prueba  presentada por el MP fue desvanecida, eso es una percepción de la defensa, porque al final los medios   se están diligenciando   y desde ahora todo dependerá, como le repito, de lo que decida el tribunal. 

El jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, asegura que además de las escuchas existen otras pruebas que los incriminan. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Es importante resaltar que aún falta por diligenciar  gran cantidad de pruebas que fueron aceptadas en audiencia. Por citar algunos datos, en la parte testimonial falta  la intervención de 28 personas que rindan la declaración, entre otros.

Para el MP todas la pruebas  son importantes, porque si yo le digo que una es la determinante podría no involucrar a todas las personas señaladas, entonces podría no entenderse  en contexto todo el caso.

Nuestra mayor preocupación en estos momentos es la limitación  del  derecho a interrogar, bajo argumento de que los jueces se tienen que ir de vacaciones en  diciembre.  Incluso, el Tribunal ha mencionado concluir la primera semana de diciembre.

Hay que reconocer que se ha avanzado, lentamente pero se ha avanzado.  Ya han declarado varios  peritos, se han presentado 51 documentos, y  esperamos que al concluir el debate se logre  el objetivo de la Fiscalía, el cual es una sentencia condenatoria.