Al menos esas lecturas mantienen las organizaciones fiscalizadoras y un abogado constitucionalista, consultados luego de que la Comisión concluyó su trabajo y que se hicieran públicas dos acciones de amparo.
El camino para esas posibles impugnaciones habría sido trazado por los mismos comisionados, puesto que las dudas que manifestaron en la penúltima y última sesión de trabajo cuestionaba decisiones que ya habían sido tomadas.
“Los comisionados oficialistas acumularon una serie de quejas como que hubo problemas para la tabla de gradación, que parte de la tabla se aprobó con 15 votos y con no 16, el protocolo de votación y la línea de corte”, enlistó Carmen Aida Ibarra, directora de Movimiento Pro Justicia.
Todas esas quejas se manifestaron antes que la Comisión iniciara la votación final para la integración de la nómina, y los comisionados que antes cuestionaban la línea de corte y protocolo de votación parecieron estar de acuerdo.
“Cuestionaron diferentes etapas del proceso, es posible que algunos quisieran o tengan interés en impugnaciones”, no sería lo mejor porque se consiguió una nómina en la se respetó las reglas que acordó la Postuladora, a consideración de Ibarra.
Este cambio radical en el comportamiento de algunos comisionados también lo notó el grupo de observadores de Guatemala Visible, según detalló su directora ejecutiva, María de los Ángeles Fuentes.
“Nunca se está libre de que alguien presenté un amparo. Al inicio vimos que algunos comisionados estaban tratando de incluir en la votación a personas que no estaban entre los primeros 12 lugares, pero luego de la pausa y que salieron sin duda alguna hubo cambio de instrucciones, de decisiones o de reflexión, fue un cambio visible y notorio porque la votación se fue muy fácil”, señaló.
Los inconformes
Hasta este momento cuatro aspirantes a dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC) han manifestado, en memoriales y hasta en acciones legales, no estar de acuerdo con el trabajo de los comisionados.
Los aspirantes Nora Segura y José Ramírez Crespín enviaron notas a la Postuladora, ambos dijeron tener dudas en la calificación que recibieron porque consideran que hubo aspectos de su perfil que no se midieron de manera correcta.
Ramírez Crespín es actual subcontralor para la calidad del gasto y estaba incluido entre los 12 aspirantes con mejor calificación para integrar la nómina; Segura, excontralora, no alcanzó una buena nota para estar entre los elegibles.
Tras conocerse la nómina de seis la Comisión fue notificada por dos acciones de amparo, uno interpuesto por la aspirante Olga Patricia García Hernández quien obtuvo una calificación de 39.23.
La segunda de Erick Mazariegos, quien en la tabla de gradación obtuvo 61.04. Tanto García como Mazariegos no estaban entre los 12 mejores calificados para ser considerados en la nómina.
García señala que no es procedente hacer la elección únicamente entre 12 aspirantes, mientras que Mazariegos cuestiona la forma en que el presidente de la Comisión dirigió la sesión en donde se discutían sus pruebas de descargo, presentando la acción ese mismo fin de semana, según detalló un miembro de la Comisión.
La decisión final sobre dichas pruebas que no fueron aceptadas, pero tampoco significó su exclusión del proceso, se tomó apenas el miércoles, lo que hace que la misma sea improcedente, según la lectura del abogado constitucionalista, Gabriel Orellana.
“La razón es que el proceso para él no estaba terminado; en el momento que le rechazaron o no aceptaron ciertas pruebas, pero le permitieron mantenerse dentro de la competencia, con eso no había ningún agravio”, explicó Orellana.
Pero aparte de la razón jurídica pueden existir otras acciones de fondo, que junto a las dudas que se manifestaron de voz de algunos comisionados en las últimas sesiones podrían dar pie a otros recursos.
“Acá quedan en el ambiente algunas dudas, y ya quedará en mérito de los abogados la calidad de la argumentación de esos posibles amparos. Esto podría ser motivo de amparos, pero cómo van a resultar… eso ya es otra historia”, concluyó.
Los seis candidatos
El resultado final del trabajo de la Comisión de Postulación dejó la integración de una lista de seis profesionales, que a criterio de los comisionados reúnen los requisitos para dirigir la CGC.
Se trata de Carlos Humberto Echeverría Guzmán, Adriana Estévez Clavería, Marvin Antonio Berdúo Matzir, Frank Helmuth Bode Fuentes, Julio Ottoniel Roca Morales y Jorge Luis Maldonado Maldonado.
Entre ellos podría existir una opción “b” y hasta “c” si el considerado “candidato oficialista” no consigue impugnar el proceso, según la lectura de Ibarra.
“Sí, hay varios que tienen vínculos con diferentes grupos del oficialismo. Por ejemplo, Julio Otoniel Roca, es de GAP”, expuso Ibarra, a este grupo que con cinco integrantes participó en la Postulador con cinco comisionados, pertenecía Mazariegos, uno de los que impugnó la elección.
Aparte, añadió la entrevistada, está “Frank Bode que tiene apoyo de un grupo considerable de oficialistas en el Congreso y Adriana Estévez que tendría apoyo de otros oficialistas pero en cuadros más técnicos que políticos, por ejemplo el ministro de Finanzas”.
Ibarra aclaró que no se conoce qué tan fuertes podrían los esos compromisos o nexos políticos con estos nombres.
Sobre la integración de la nómina, Fuentes considera que se verá si hay predilección sobre uno al momento que el Pleno de diputados haga la elección, pero por ahora considera prudente darles el beneficio de la duda.
“Nosotros daríamos el voto de confianza, el beneficio de la duda, para que esas personas que llegaron a la lista y de manera correcta en esta fase del proceso hagan un buen trabajo”, concluyó.
