William W. Popp, embajador de los Estados Unidos en Guatemala, se presentó este miércoles 9 de marzo a la Torre de Tribunales para mostrar apoyo a la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, quien enfrenta un nuevo proceso de retiro de antejuicio.

La jueza Aifán llegó a la Sala Segunda de Apelaciones con el pesquisidor Roaldo Chávez, para entregar pruebas de descargo por la petición de retiro de derecho de antejuicio planteada por el Instituto de Magistrados.

Aifán es señalada por integrantes del Instituto de Magistrados del Organismo Judicial de haber autorizado diligencias de investigación en el caso Comisiones Paralelas 2020.

Anteriormente, los magistrados fueron señalados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

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EE. UU. reitera preocupación por arrestos “por motivos políticos” de fiscales anticorrupción

El caso, revelado por la administración anterior del Ministerio Público, señala que existió una red de tráfico de influencias para la designación de las comisiones de postulación para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y cortes de Apelaciones.

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Por esa razón, la jueza Aifán ha señalado que existe conflicto de intereses. “Mi denunciante y mi juzgador en este caso tienen asuntos de muto interés”, aseguró.

La jueza ha indicado que la magistrada Silvia Valdés ha otorgado fondos del Organismo Judicial al Instituto de Magistrados, una entidad privada.

La presencia del embajador Popp se da luego de pronunciamientos de diplomáticos estadounidenses que señalan acciones que el Ministerio Público ha tomado contra administradores de justicia e investigadores anticorrupción.

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El martes 8 de marzo, se conoció un comunicado de Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de EE. UU.

“Estados Unidos está profundamente preocupado por los continuos y descarados ataques de la procuradora -Fiscal- general de Guatemala, Consuelo Porras, contra el sistema de justicia de Guatemala a través de arrestos y detenciones por motivos políticos de servidores públicos actuales y anteriores que luchan contra la corrupción”, señaló Price.

El comunicado agrega que “los informes de retrasos repetidos y poco comunes en las audiencias de lectura de cargos, la retención de información a los abogados defensores, la negativa a celebrar audiencias públicas y la filtración de detalles de casos sellados a entidades en línea plantean serias preocupaciones con respecto a la imparcialidad de estos procedimientos”.

Agrega que, “además del arresto de al menos seis fiscales anticorrupción anteriores y actuales, otros fiscales se han visto obligados a huir del país y continúan los esfuerzos para eliminar la inmunidad de jueces y fiscales anticorrupción adicionales”.

“Estados Unidos hace un llamado al Gobierno de Guatemala para que respete los derechos humanos de todas las personas, incluso garantizando juicios justos y asegurando la seguridad personal y el trato justo y transparente de todos los actores del sector de la justicia”, enfatiza el comunicado del Departamento de Estado.

El documento concluye que “los esfuerzos de la fiscal general -Consuelo Porras- para atacar a los fiscales anticorrupción y otros fiscales siguen una tendencia preocupante de corrupción y el debilitamiento de las instituciones y los procesos democráticos en Guatemala”.

.@WHAAsstSecty:
6 fiscales anticorrupción antiguos y actuales detenidos.
Otros fiscales forzados a huir del país.
Esfuerzos p/retirar inmunidad de jueces y fiscales anticorrupción.
Cruzada de Fiscal General de #GUA contra jueces y fiscales independientes debe parar. https://t.co/N6cMoP0QVN

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) March 9, 2022

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Abogadas Santizo y Sosa recuperan libertad

Luego de haber quedado ligadas a proceso por el delito de colusión, en un caso que se encuentra bajo reserva, las abogadas Leily Santizo y Siomara Sosa recuperaron su libertad este 9 de marzo.

El Ministerio Público continuará con las investigaciones en el caso, donde señala a las extrabajadoras de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y Fiscalía Especial contra la Impundiad (Feci) de haber efectuado prácticas irregulares durante el desarrollo de sus actividades investigativas.

Minutos antes que culminara el #8M las abogadas Leily Santizo y Siomara Sosa recobraron su libertad. Aunque siguen ligadas a proceso por el delito de colusión el MP sabe que el caso no tiene sustento y se caerá. La justicia prevalecerá a pesar del #PactoDeCorruptos pic.twitter.com/2ab2849BX9

— Ricigt (@Ricigt1) March 9, 2022

Cacif y CIG se pronuncian

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) expresaron en un comunicado su desacuerdo con la presencia de diplomáticos en la sala del tribunal, lo que, a su criterio, puede interpretarse como una coacción al juez.

El Comité dijo que las actuaciones del cuerpo diplomático deben regirse con lo que establecen las convenciones internacionales respecto del respeto a las instituciones locales.

En tanto, la CIG dijo que dicho apoyo “pone en riesgo el ejercicio de la independencia y la objetividad de los órganos jurisdiccionales”.

También exigieron el respeto a las convenciones internacionales.