La solicitud fue planteada por dicha fundación porque, según argumentan, Aifán ha conocido, sin autorización de la Cámara Penal, procesos que no han sido elevados a Mayor Riesgo.
De esa cuenta se le señala de haber cometido los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato.
Además, el Ministerio Público (MP) solicitó el martes 18 de enero, por segunda vez en una semana, el retiro de inmunidad para la jueza Aifán.
Dicha solicitud de antejuicio (retiro de inmunidad) obedece a la “posible” participación de la jueza en los delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato”, según detalló el Ministerio Público en un comunicado de prensa.
Hace unos días, Estados Unidos acusó al Gobierno de Guatemala de “debilitar” el sistema judicial del país e intentar “obstruir las investigaciones sobre corrupción” después de que el Ministerio Público emitiera el 13 de enero la primera solicitud de retiro de antejuicio para Aifán.
Dicha solicitud contra Aifán “es un intento flagrante de obstruir las investigaciones sobre corrupción y una afrenta a la integridad de los tribunales de mayor rango en Guatemala”, dijo en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price.
La primera solicitud de retiro de inmunidad contra la jueza, la del 13 de enero, se originó por un caso sobre los amaños en la elección de la Corte Suprema de Justicia entre 2019 y 2020, mientras que el del martes 18 de enero tiene como base un caso contra el periodista Juan Luis Font por la trama Odebrecht.
El portavoz del departamento de Estado recordó el domingo que el año pasado Aifán fue galardonada con el premio internacional Mujer de Coraje, otorgado por el Departamento de Estado estadounidense, “por sus esfuerzos para fortalecer el Estado de derecho en Guatemala”.
Aifán es titular del Juzgado de Mayor Riesgo “D” del Organismo Judicial guatemalteco y maneja varios casos de alto impacto, incluido el de los amaños en 2020 para la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia, un proceso que debió realizarse en 2019 y permanece detenido.
La mencionada elección, que incluye también la designación de otros 200 jueces, es clave para la lucha anticorrupción de Guatemala durante los próximos años, en opinión de expertos.
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El Ministerio Público aseguró de igual forma ese martes, en la nota de prensa, que Aifán “posiblemente abusó de su cargo” al “arrogarse una competencia” que no la había sido otorgada por la Corte Suprema de Justicia en el caso contra Font, que se “encuentra bajo reserva judicial”.
Las relaciones entre Estados Unidos y Guatemala se enfriaron en septiembre pasado, cuando Washington sancionó a la fiscal general guatemalteca y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, al acusarla de obstruir la Justicia en casos de alto impacto.
De igual forma, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no invitó al presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, ni a los líderes de Honduras y El Salvador a una cumbre virtual sobre la democracia que organizó en diciembre.
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Recientemente, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llamó por teléfono a Giammattei y le pidió garantizar “que los actores corruptos rindan cuentas, al subrayar que la corrupción erosiona la confianza del público y socava la capacidad de gobernar de forma efectiva y responsable”, según la Casa Blanca.
Harris fue designada por Biden para solucionar la crisis migratoria de la región, ya que cada año más de 500 mil hondureños, guatemaltecos y salvadoreños intentan emigrar de manera irregular a EE. UU. en busca de mejores condiciones de vida, alejados de la pobreza en Centroamérica.
El lunes por la noche, el Gobierno de Giammattei informó que promoverá sus “intereses” en Estados Unidos mediante un contrato de servicios de “lobby” en la nación norteamericana, con el apoyo de la cooperación de Taiwán.
Con información de EFE
