Por el contrario, estas se han deteriorado lo que ha dado como resultado una migración masiva hacia la potencia del norte sin que nada ni nadie pueda detenerla.
El informe, “Ayuda extranjera de EE. UU. al Triángulo Norte: promover el éxito aprendiendo del pasado“, fue elaborado después de una serie de entrevistas con actores estadounidenses y centroamericanos y enumera siete hallazgos principales. Dentro de estos, el más importante es que debe haber una reforma de la gobernanza democrática, o una reforma anticorrupción en estos países, que en conjunto son conocidos como el Triángulo Norte de Centroamérica.
Al hacer una revisión de la cooperación brindada en el sexenio mencionado al inicio y que comenzó justo después de la emergencia humanitaria surgida a raíz de la llegada de cerca de 70 mil menores de edad no acompañados a la frontera sur, el Wilson Center detalla que EE. UU. cometió el “error” de colocar al mismo nivel de prioridad los tres objetivos de su cooperación: gobernanza, seguridad y desarrollo económico.
A criterio de la organización, el principal objetivo de EE. UU. debe ser la buena gobernanza puesto que sin esta no es posible el desarrollo de los otros dos.
La gobernanza tiene como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero a través de un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. Está íntimamente relacionada con aspectos como la aplicación de la ley, acceso a la justicia, transparencia y rechazo a la corrupción.
Hallazgos
En el estudio se detalla como primer hallazgo que “la mejora de la gobernanza democrática debe ser la prioridad de EE. UU.” debido a que los problemas estructurales de la corrupción y la débil gobernabilidad democrática han sido los principales impedimentos para alcanzar un crecimiento económico sostenido que beneficie a todos.
Informe
Añade que la falta de una gobernanza democrática debilita al gobierno lo que se traduce en más pobreza y ausencia de oportunidades educativas de salud básica y falta de competitividad económica, entre otros problemas.
El estudio resalta que “los esfuerzos para abordar estas desigualdades han fracasado en gran parte debido a la resistencia arraigada a las reformas —anticorrupción— por parte de pequeños, pero poderosos grupos políticos, económicos y, en algunos casos, actores criminales”.
“Aquellos que se resisten a las reformas y se benefician del statu quo ejercen su poder a través de las instituciones gubernamentales y el poder judicial para proteger sus intereses, incluido el mantenimiento de monopolios y oligopolios que restan competitividad al Triángulo Norte”, detalla el informe.
Mientras estos grupos sean capaces de sacar provecho del statu quo a través de la impunidad “continuarán moldeando las condiciones en el Triángulo Norte y seguirá generando la migración masiva a EE. UU.”.
De esa cuenta, actores externos, incluido EE. UU., tienen una capacidad limitada para transformar las desigualdades arraigadas en estos países, así que el progreso sostenible en Guatemala, El Salvador y Honduras depende al final de cuentas de las propias naciones.
Sin embargo, en el estudio se menciona que, aunque la mayoría de los expertos coinciden en que debe mejorarse la gobernanza, también advirtieron de la renuencia de los gobiernos a una mayor rendición de cuentas y transparencia lo que hace que “los donantes hayan deseado dicha mejora mucho más que los gobiernos asistidos”.
“En muchos casos, lo que EE. UU. considera positivo, es decir, invertir recursos estadounidenses para mejorar la eficacia y transparencia del Estado es recibido con indiferencia y hostilidad por ciertas clases políticas y económicas porque amenaza los sistemas por los que llegaron al poder”, subraya.
“La asistencia es fundamental, pero es secundaria y es poco probable que dé lugar a mejoras sostenibles en el ciclo presupuestario normal de dos a cinco años”, enfatiza.
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En todo caso, en los países donde la débil democracia y la “gran corrupción” predominan, será necesaria “una estrategia que se centre en fortalecer las alianzas con la sociedad civil, el sector privado y periodistas independientes”.
Apoyo político es preferible
Otros de los hallazgos del Wilson Center es que la ayuda de EE. UU. es crucial para los países, pero la influencia política en apoyo a una reforma de la gobernanza democrática y hacia aquellos que la impulsan es aún más importante.
Algunos actores en estos tres países consideran que EE. UU. tiene la influencia política y económica para exigir a los tres gobiernos que adopten medidas efectivas para combatir la corrupción y la impunidad, y apelan a herramientas como la extradición, enjuiciamiento o restricciones de visa.
Un cuarto hallazgo del estudio hace referencia a que los objetivos en seguridad y desarrollo de la cooperación no han sido definidos con claridad lo cual ha obstaculizado los esfuerzos de EE. UU. en la región. De esa cuenta las estrategias en estos seis años no describieron el “estado final deseado” para los países del Triángulo Norte.
Esto impidió el establecimiento de métricas para evaluar los progresos. Además, la falta de una visión clara generó confusión sobre si el objetivo central de EE. UU. era mejorar las condiciones de los países o simplemente reducir la migración.
Otro hallazgo es que ciertos programas resultaron eficaces porque se implementaron luego de análisis bien informados y hubo participación de los actores sociales de los países beneficiarios.
En contraste, ciertos actores en estas mismas naciones señalaron que los factores que redujeron la eficacia y alcance de la ayuda estadounidense tienen que ver con una deficiente coordinación entre los actores, la elaboración de propuestas sin consulta local y la inflexibilidad en el cambio de algunos programas.
El estudio también habla, como parte de otro hallazgo, que se necesita un consenso entre republicanos y demócratas para apoyar los esfuerzos de desarrollo en el Triángulo Norte.
Aunque este acuerdo parecía surgir en el Congreso de EE. UU. a partir de la crisis de menores migrantes del 2014 “las diferencias políticas sobre temas como la migración y la permanencia o no de la Cicig —Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala— permitieron a los opositores de las reformas anticorrupción, explotar esas diferencias y disminuir la influencia de las embajadas”, detalla el informe.
Finalmente, los otros tres hallazgos del informe señalan que la tasa de homicidios es una “medida imperfecta” de cómo se percibe la criminalidad en los países puesto que no hay registros claros sobre otros delitos, como las extorsiones, por ejemplo.
Además, que los países siguen vulnerables al cambio climático. Por último, que los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras están profundamente atentos a las posiciones políticas de EE. UU. ya que es un actor extranjero preponderante en la región.
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El caso Guatemala
El informe dedica un capítulo al análisis de la situación en Guatemala el cual arranca señalando que el país vive el legado que dejó el conflicto armado interno, que incluye a instituciones y gobiernos frágiles que no administran de manera efectiva los bienes públicos.
Además, que la combinación de exclusión social histórica, la “narco corrupción” y la resistencia al desarrollo del Estado limita la capacidad de brindar a los guatemaltecos bienes y servicios.
Señala que la “debacle del desarrollo social” impulsa la migración puesto que Guatemala sigue como uno de los países con mayor desigualdad de ingresos en la región, y que, aunque se han experimentado tasas de crecimiento económico robustas no se han traducido en ganancias equitativas que sería lo necesario para reducir la pobreza.
El capítulo destaca que casi el 10 por ciento de la población total de Guatemala vive en EE. UU. y solo durante el gobierno de Jimmy Morales, casi 470 mil guatemaltecos fueron detenidos en la frontera con México cuando ingresaron al país sin autorización.
Señala que, del 2001, EE. UU. ha proporcionado ayuda a Guatemala por US$2 mil 600 millones, pero que el principal freno al desarrollo económico social y democrático del país es la “resistencia arraigada a las reformas por parte de grupos pequeños pero poderosos de actores políticos, económicos y, en algunos casos, criminales”.
