Las dudas se refieren a la adjudicación de la construcción a una empresa no originaria de Taiwán —lo que contraviene el convenio con ese país——, una rebaja del monto del contrato, la no no existencia en el Registro de Precalificados de la ganadora y al plazo de publicación de ofertas.
La querella de la Contraloría podría alcanzar al exministro de Comunicaciones Víctor Corado y al actual titular de esa cartera, Aldo García, además del exdirector general de Caminos, Armando Fuentes Roca.
La obra, a febrero pasado, tenía un avance físico y financiero de 13.36 por ciento, según Corado.
Las dudas
La primera irregularidad consiste en que el contrato se otorgó a la empresa Overseas Engineering & Construction Co., constituida el 1 de julio del 2014, en San Vicente y las Granadinas, la cual se alió para participar con Overseas Engineering & Construction Co. Ltda, creada el 22 de abril de 1997 en Panamá. En ambos casos la adjudicación contravendría el convenio de donación, el cual indica que la empresa que realice el trabajo debe ser originaria de Taiwán.
La segunda anomalía es que Overseas Engineering & Construction Co. presentó una oferta por Q1 mil 56 millones, y por ser la única empresa que ofertó, la junta de licitación aprobó el 9 de diciembre del 2015 la adjudicación. Pero el 21 de diciembre de ese año el entonces ministro, Víctor Corado, rechazó la aprobación del concurso.
No obstante, la empresa presentó el 29 de diciembre de ese año una nueva oferta por Q940 millones 887 mil 404.95. El 4 de enero del 2016, la Junta modificó y aprobó la adjudicación. La rebaja de la oferta es un procedimiento que no estipula la Ley de Contrataciones del Estado. Sin embargo, los funcionarios aceptaron la nueva propuesta sin percatarse de que también contravenía lo estipulado en las bases de licitación internacional.
Una tercera irregularidad se refiere a que la empresa adjudicada no aparece en el Registro de Precalificados del Ministerio de Comunicaciones, lo cual contraviene la Ley de Contrataciones del Estado.
Finalmente, la cuarta anomalía, según la Contraloría, está en que las bases fueron publicadas el 13 de noviembre del 2015 en Guatecompras, mientras que en el Diario de Centro América fue el 18 de de ese mes. La recepción de ofertas se efectuó el 3 de diciembre, por lo que solo transcurrieron 20 días entre publicación y adjudicación, lo que contraviene también la Ley de Contrataciones.
Denuncia de la Contraloría al MP señala que la adjudicación a empresa tiene cuatro anomalías y que incumple convenio entre Taiwán y Guatemala.
Gobierno pasado
García indicó que el proceso de licitación de la ampliación de la ruta Sanarate-El Rancho se llevó a cabo durante la gestión del gobierno anterior.
“Yo ingresé el 1 de febrero del 2016 y la denuncia me la gané por haber firmado ese contrato el 22 de febrero. Estoy sorprendido, porque si no lo hubiera firmado no habría arrancado la obra. Creo que hay una intención de la Contraloría. No sé cuál, pero la hay”, explicó García.
El ministro señaló que ya está recopilando los documentos para demostrar que no está implicado en la adjudicación, que ya evacuó una audiencia, en la que ha dicho que, en efecto firmó y avaló la aprobación del contrato, pero se han demostrado los orígenes de estas empresas y son las que propuso Taiwán.
“Esta empresa, OECC, es la misma que construye el tramo y la que ha hecho la carretera desde que Taiwán empezó a contribuir con Guatemala. Yo no le veo nada malo, pero si la Contraloría le buscó, ya no puedo hacer nada”, expresó.
Al preguntarle si es legal que una empresa pueda presentar otra oferta con un valor menor a la ya entregada, el ministro señaló que ese es el argumento que la Contraloría planteó, “que cuando se licita una obra no se puede estar en un sube y baja, o sea un precio no puede estar bajando, y esa es una de las irregularidades y anomalías que detectaron”.
“El proceso se hizo antes de asumir el cargo y lo que hago es argumentar en base a la ley hasta dónde es el alcance que pudo haber tenido esa junta de licitación o no, y qué facultades tenía. Insisto, esos temas fueron desarrollados en el gobierno anterior. Yo lo que hice fue una argumentación desde mi punto de vista como funcionario entrante que firmaba el contrato, pero lo que ocurrió en el pasado hay que visualizarlo con lo que pasó en el pasado”, refirió.
Fuentes Roca, hasta hace poco director general de Caminos, indicó que a pesar de que las empresas fueron constituidas en otros países, su matriz está en Taiwán.
“El ministro de ese momento -Víctor Corado— evaluó que estaba muy alto el valor y solicitó una rebaja en la oferta. No sé si es legal o no, pero eso lo hizo el ministro. Él hizo la solicitud y la empresa accedió a la rebaja”, manifestó Fuentes Roca.
El exdirector de Caminos indicó que no se incumple con el convenio entre ambos países porque la Embajada está en común acuerdo con la contratación.
“La adjudicación no viola lo estipulado en la Ley de Contrataciones, debido a que este proviene de un préstamo, y esta es una ley, por lo que tiene la misma jerarquía. Los convenios de préstamo establecen diferentes tiempos de entrega y esto funciona con el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica, entre otros, por lo que la Ley de Contrataciones del Estado se vuelve una referencia y no una normativa”, indicó.
Se intentó obtener la versión del exministro Corado, uno de los funcionarios que firmaron el contrato, pero su teléfono envió las llamadas a buzón.
Se está ante una práctica que ha sido recurrente y un ejemplo de esto es el caso Odebrecht, por lo que podríamos llamarlas las carreteras de la corrupción.
Es posible que entre las anomalías que la Contraloría General de Cuentas señaló haya posibles fraudes, por los artificios maliciosos que se crearon, y será el Ministerio Público el que deberá comprobar lo señalado y determinar posibles delitos.
La suspensión del proyecto depende de cuál ha sido el desembolso y el avance físico. Si es una donación se puede suspender, por el escándalo que podría generar.
Registros
La firma Overseas Engineering & Construction Company Ltda S.A. fue registrada en Guatemala el 8 de agosto del 2003 por la notaria Cándida Díaz Cano, por medio de un poder general, con representación a Gabriel Orellana Rojas, quien fue autorizado por Yuan Dao-Ching (Tony Yuan), originario de la República de China, en calidad de director de esa empresa. El poder fue redactado por el abogado Carlos Wilson Morales, en Panamá, el 23 de julio del 2003.
Entre los documentos que constan en el Registro Mercantil está la constitución de la empresa, la cual se origina del convenio de fusión por incorporación de la firma antes mencionada con la sociedad Overseas Construccion Machinery, S.A., la cual se registró en Panamá el 2 de abril del 2002. La sociedad resultante luego de la fusión tiene un capital de US$3.5 millones.
Overseas Engineering & Construction Co, Guatemala, S.A. fue inscrita en el Registro Mercantil el 20 de abril del 2015 —también es representada por Orellana Rojas—, al protocolizar la modificación y ratificación de la resolución de junta directiva hecha en San Vicente y las Granadinas, elaborada el 15 de septiembre del 2014.
La traducción jurada fue hecha por Mirtha Leticia Estrada Villalobos, el 20 de marzo del 2015. El documento lleva las firmas de Chung-Zen Jan, presidente de la empresa, y Yun-Yeh Hsiao, secretario. El documento, en inglés, fue redactado por Joel Pitt, como notario público en ese país caribeño.
La resolución de la Junta Directiva ratifica su decisión de constituir una sucursal en la República de Guatemala. Para tal propósito autoriza a la sociedad a cumplir con todos y cada uno de los requisitos legales establecidos por las leyes de ese país. En el punto cuarto del documento expresan que se modifica la cantidad que originalmente se le asignó para operaciones en Guatemala, por lo que se entrega un capital de US$200 mil.
Además, ratifica su decisión de autorizar, de ser necesaria, la contratación de una fianza a favor de terceros por una cantidad no menor de US$50 mil.
No pueden pronunciarse
El mandatario y representante legal, Gabriel Orellana, indicó que atendiendo que la contratación se fundamenta en un convenio internacional bilateral y que adicionalmente OECC no ha sido citada como parte en el asunto en el que se hace referencia, no puede ni debe formular pronunciamiento alguno.
Se buscó la versión de la Embajada de Taiwán en el país, pero se informó que no harían pública ninguna postura. Tampoco la Fiscalía a cargo dio más datos.
OECC es la empresa que ejecuta los trabajos de la ampliación. La primera parte tuvo una longitud de 11.3 kilómetros y empezó en Palencia, hasta el puente de Agua Caliente. El siguiente tramo se construyó de ese puente a Sanarate, y fue de 26.9 kilómetros. El tercer tramo empieza en el kilómetro 57, Sanarate, hacia El Rancho, con una longitud de 27 kilómetros. Esa parte es financiada con donación y préstamo de Taiwán, y contrapartida nacional.
