Asimismo, destaca que existen “altos niveles de corrupción” en las democracias de El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay y la República Dominicana, y en los regímenes híbridos de Nicaragua y Venezuela. Y con rango medio de corrupción a Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú.
Los recientes intentos del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de clausurar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyo mandato era combatir la corrupción en el país, ejemplifican la resistencia a la que se enfrentan las iniciativas de este tipo en la región, cita el informe.
El estudio advierte que en América Latina y el Caribe el anhelo de democracia y libertad sigue tan vivo como en 1978, cuando comenzó la tercera ola en la República Dominicana. “Sin embargo, el desencanto derivado de la desigualdad, la corrupción, la pobreza y la violencia, entre otros, se presenta como un reto para la democracia en la zona”.
El informe presentado por IDEA Internacional resalta que “la democracia por sí sola no puede resolver estos retos, pero sí es el único tipo de gobierno que permite hacerles frente a través del respeto a las libertades, la transparencia, controles al poder y la participación ciudadana, entre otros. Es tiempo de revivir esa promesa”, cita.
De documento asegura que el apoyo a la democracia se ha reducido notablemente en toda la región, pues “las encuestas de opinión pública muestran una caída de 12 puntos en el apoyo a la democracia durante la última década, del 70 por ciento en 2008 al 58 por ciento en 2017, y un descenso cercano a los nueve puntos solo en los últimos tres años”.
Esta ola de democratización comenzó en 1978, cuando la República Dominicana transitó del autoritarismo a la democracia. La siguieron Ecuador (1979), Perú (1980), Honduras (1982), Argentina (1983), El Salvador (1984), Bolivia, Brasil y Uruguay (todos en 1985), Guatemala (1986), Paraguay (1989), Chile, Nicaragua y Panamá (1990) y México (cuya transición comenzó gradualmente durante el periodo comprendido entre 1977 y culminó en el año 2000).
En esta sección se analizan cuestiones relacionadas con las dimensiones de Gobierno Representativo, Derechos Fundamentales, Control del Gobierno, Administración Imparcial y Participación, con especial atención a las oportunidades actuales con las que cuenta la democracia en América Latina y el Caribe, así como los retos a los que se enfrenta la región.
Crisis de representación
El estudio de IDEA Internacional considera que, en general, los partidos políticos de América Latina y el Caribe funcionan con libertad -excepto Cuba- cuentan con un sistema multipartidista y permiten el funcionamiento de los partidos de la oposición, aunque estos sufren graves restricciones en Nicaragua y Venezuela.
En los últimos 30 años la región ha sido testigo de la desaparición de varios partidos arraigados y de la reforma de una serie de sistemas de partidos, sobre todo en Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, Perú y Venezuela.
La fragmentación de los partidos políticos y, en algunos casos, el profundo debilitamiento, en este contexto se ha convertido en un problema importante, impulsado por la creciente personalización de la representación y agravado por el uso frecuente del voto preferencial en las primarias de los partidos y por el aumento del número de candidatos independientes que no se apoyan en un partido.
Esta fragmentación también está impulsada por la propagación de los discursos populistas que se registra en toda la región, que con frecuencia retratan a los partidos políticos como “agentes patógenos de la democracia”. Los sistemas presidenciales habituales en la región refuerzan aún más la personalización del poder político.
Uno de los factores que lo explican es que los partidos políticos y los parlamentos han perdido mucho prestigio y legitimidad en un contexto de debilidad del Estado, gran desigualdad socioeconómica y corrupción, y esos candidatos sacan partido del descontento
Asimismo, existe la percepción de que los partidos tradicionales no se han adaptado a las cambiantes realidades sociales y al aumento de las demandas de cambio que han traído consigo, que siguen siendo “instituciones del siglo XIX con paradigmas del siglo XX, que no están preparadas para hacer frente a los problemas del siglo 21.
La religión también está desempeñando un papel cada vez más importante en la política de América Latina. Las iglesias evangélicas, en particular, han desempeñado un papel más visible en la politización de los debates sobre cuestiones de género y orientación sexual, lo que refleja una cierta resistencia pública a los cambios sociales que están en juego.
Entre los países en los que las iglesias cristianas evangélicas han ejercido recientemente una influencia cada vez mayor en la política de partidos se encuentran Brasil, Colombia y Costa Rica. Esta crisis de representación se refleja en el alto grado de desconfianza pública hacia los partidos políticos y los parlamentos, así como en la percepción generalizada de que los países de la región están gobernados por oligarquías.
Lucha contra la corrupción
Desde 2000, seis presidentes de la región (en Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala y dos en Perú) se han visto obligados a abandonar el poder antes de finalizar su mandato debido a escándalos de corrupción. En los últimos 10 años, casi la mitad de los expresidentes de la región de América Latina han sido acusados de corrupción o procesados por esta causa.
Las iniciativas llevadas a cabo en la región para combatir la corrupción se han topado con frecuencia con la férrea resistencia de quienes ejercen el poder político. Esta resistencia se debe al hecho de que, en varios países, la corrupción está profundamente arraigada en la estructura política y llega hasta los más altos niveles del poder político.
La corrupción representa un obstáculo para el fortalecimiento democrático y puede erosionar la democracia, ya que, como se ha demostrado, reduce la confianza que los ciudadanos depositan en ella. Los datos sobre la opinión pública muestran que la insatisfacción, un alto grado de corrupción y la impresión de falta de eficacia a la hora de combatirla constituyen una importante fuente de descontento cívico.
En la región, la corrupción suele estar vinculada a la financiación ilegal, aunque no siempre. La expansión de las narco mafias y los grupos delictivos en América Latina y el Caribe no solo alimenta la corrupción, sino también la delincuencia y la violencia.
Las redes delictivas organizadas son expertas en explotar la fragilidad del Estado en la región. La principal fuente de riqueza de estos grupos es el tráfico de drogas. Los enormes márgenes de beneficios generados por esta actividad ilícita han permitido que grupos mafiosos y redes delictivas ilícitas influyan en diversas partes del Estado y del sistema político en democracias como Colombia, Guatemala y México.
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