En febrero último el gobierno firmó un convenio con cuatro organizaciones indígenas para la atención de los conflictos agrarios desde la Secretaría Privada de la Presidencia. Los representantes indígenas exigen acciones antes de los 100 días de gobierno, que se cumplen este mes.

Una de las organizaciones, el Comité de Unidad Campesina (CUC), afirma que están dispuestos a entablar diálogo para lograr la resolución de los conflictos por tierras, pero piden a las autoridades del Ejecutivo ciertos avances a corto plazo.

“Los 100 días van a ser para una evaluación del gobierno y decir: 'Esto es incorrecto, esto no lo están haciendo bien, quieren corregir', o si no, nosotros no podemos seguir unas mesas de diálogo porque nos desgasta, o sea, no tenemos ni los recursos como organizaciones, ni el equipo técnico de recursos económicos”, advirtió Daniel Pascual, integrante de CUC.

Explicó que no es el primer gobierno con el que trabajan, pues las organizaciones se han centrado en la matria desde los Acuerdos de Paz. Están conscientes de que en 100 días no todos los problemas que avizoran serán solventados, mas sí se puede dar cumplimiento a ciertas metas fijadas a corto plazo.

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“La práctica tenemos que ver si a los 100 días estas instancias como el MAGA, Fondo de Tierras y la subsecretaría del diálogo, si ya están operando y ya están abordando los casos más delicados, es para nosotros un parámetro”, ejemplificó Pascual.

La subsecretaría del diálogo se estableció para atender los conflictos agrarios luego de que en el gobierno anterior desarticuló la institución que se hacía cargo y pasara a ser parte de las funciones de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh).

La institución resalta cuatro avances que se han realizado desde la firma del convenio. El primero es el espacio político y técnico para abordar los temas del convenio que se ha establecido con el Consejo Campesino, la Secretaría Privada, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y el Ministerio de Economía.

También señalan que se están estableciendo los equipos especializados para dar atención a los conflictos agrarios más urgentes. Además, que se están explorando oportunidades para diseñar programas que enlacen las políticas territoriales y las discusiones para incorporar al Ministerio de Economía y los principios de la economía social en la política pública para el desarrollo.

Pascual enfatizó en que también solicitan que se cambien los representantes en el Fondo de Tierras porque no están de acuerdo con la gestión que han realizado. Añade que algunos de los integrantes en el Consejo Directivo de la institución han permanecido desde la creación de la institución.

Sobre el asunto ya se realizó una reunión para evaluarlo. Dicho consejo es presidido por el ministro de agricultura, e integrado por un director del Ministerio de Finanzas, uno del Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario (Conadea), uno de la Cámara del Agro, dos de organizaciones indígenas con personalidad jurídica, y uno del movimiento cooperativo federado y no federado.

“Sin trastocar su propia ley, es en el reglamento, las políticas internas del Fondo de Tierras y la modificación de la de la junta directiva, porque hay alguna gente ahí que están vinculadas a corrupción y llevan 26 años en el Consejo”, ahondó el dirigente campesino.

Por otro lado, a mediano o largo plazo, Pascual indicó que se necesita un marco jurídico en materia agraria que abarque una ley específica de tierras de pueblo indígenas, así como una que permita diferenciar los conflictos agrarios de la vía penal.

“Se necesita por lo menos una claridad política de parte de los legisladores para el agro guatemalteco y para atender la conflictividad agraria, que no está en la palestra en este momento, pero sigue estando ahí en los órdenes de captura e incluso pronunciamientos del sector privado”, argumentó el líder indígena.

Incompleto

En esta misma línea realizó un análisis el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), el cual reconoce la importancia de las cuatro organizaciones que fueron tomadas en cuenta, pero hacen falta otros sectores indígenas, ambientalistas, empresarios y propietarios de tierras.

Esto debido a que en otros mecanismos de diálogo para la atención agraria que se han instaurado en anteriores administraciones no han dado resultados por no integrar a todos los grupos.

“Al no incluir otros sectores principalmente privados, redujeron su margen de operatividad. Aunque está vigente, no logra canalizar recursos y dar resultados concretos en materias que retoman el actual acuerdo parcial”, refiere el documento.

El Ipnusac reconoce la voluntad política, pero no deja de subrayar que es necesario retomar la agenda legislativa relacionada.