La ley de Belice exige una participación del 60 por ciento del electorado y un 51% de votos favorables para dar validez legal a la consulta. Pérez Molina consideró que los porcentajes son demasiado altos y que la ratificación corre peligro.
“No vamos a ir gastar 240 millones de quetzales, que son 40 millones de dólares, en el referendo para que se pierda porque los niveles que pusieron en Belice son muy altos”, dijo Pérez Molina en una entrevista con The Associated Press en Madrid.
“Estamos pidiendo que reconsideren modificaciones a su ley con niveles de participación más reales”, añadió.
En Guatemala, la ley no exige participación mínima. En ese sentido, recordó que la media de votantes guatemaltecos en consultas populares apenas ronda el 25 por ciento del censo.
Pérez Molina manifestó que de momento no se han planteado parar la consulta, que exige un respaldo favorable de los dos países para salir adelante. Aunque advirtió que la única manera de salvarla es que Belice modifique sus parámetros.
El caso que quieren llevar a La Haya se refiere al reclamo territorial de ambos países sobre lo que se conoce como zona de adyacencia, que existe desde hace 160 años.
La zona de adyacencia se expande a lo largo de aproximadamente 11 mil kilómetros cuadrados del actual territorio de Belice.
Guatemala reconoció la independencia de Belice, una antigua colonia inglesa, en 1991. Sin embargo, no abandonó el reclamo territorial que existe entre ambos países.
