El año anterior Guatemala no figuraba en el capítulo IV.B, un apartado que alerta de situaciones y amenazas para los derechos humanos, pero ya estuvo en el pasado.
La CIDH destaca “el progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática” en el país, dirigido por el presidente Alejandro Giammattei, “las injerencias sistemáticas contra la independencia” del sistema judicial, las “irregularidades en el proceso de elección de magistrados”, así como “la criminalización y estigmatización” de los jueces.
En mayo Estados Unidos y la Unión Europea criticaron la designación por otros cuatro años de Consuelo Porras como fiscal general de Guatemala. Washington afirma además que al menos seis fiscales anticorrupción en activo o retirados han sido detenidos y otros se han visto obligados a huir del país.
En un comunicado, la CIDH reconoce sin embargo “la iniciativa de Guatemala para establecer una ruta de trabajo” para cumplir con sus recomendaciones.
La entrada de Guatemala en la lista no es una sorpresa. El gobierno guatemalteco estaba al tanto desde hace meses.
De hecho su ministro de Relaciones Exteriores Mario Búcaro consideró injusto en marzo ante la OEA que “este informe no refleje la verdad” y aseguró que en su país existe estado de derecho y se combate la impunidad y la corrupción.
Cuba, Nicaragua y Venezuela ya integraban la lista negra en 2020.
La CIDH documenta “al menos 2.872 acciones represivas” en Cuba entre enero y el 15 de noviembre de 2021. De ellas por lo menos 1.745 ocurrieron en el marco de las protestas del 11 de julio. Y “más de 200” desde el 13 al 15 de noviembre “que serían atribuidos a una escalada de la presión del Gobierno para disuadir a las personas de participar” en protestas.
Las manifestaciones de 2021 en Cuba se saldaron con un muerto, decenas de heridos y más de 1.300 detenidos, según Cubalex, con sede en Miami.
En Nicaragua las elecciones de noviembre “tuvieron lugar en un contexto de violaciones a derechos humanos derivadas del incremento de hechos de hostigamiento, allanamientos, amenazas y detenciones arbitrarias” en contra de opositores, activistas de derechos humanos y periodistas, afirma el informe.
En cuanto a Venezuela la CIDH afirma haber documentado “la práctica reiterada de ejecuciones judiciales de hombres jóvenes en situación de pobreza, detenciones arbitrarias de personas que protestan o asumen públicamente posiciones de disenso con el poder ejecutivo, desapariciones forzadas, así como torturas y otros tratos crueles en contextos de privación de libertad”.
