La plática se produjo antes de que se celebrara la segunda vuelta electoral; sin embargo, el diplomático —también exembajador de Guatemala en las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA), Canadá y Alemania— responde a preguntas sobre posibles situaciones que podrían crispar el ambiente político y afectar el proceso de transición y cambio de mando.
¿Cómo se analiza desde el exterior la coyuntura guatemalteca?
Con preocupación. Se observa la interferencia de instituciones como el Ministerio Público (MP) y un juzgado de lo penal en el proceso electoral, y no se ve bien. Se ve como algo que debilita el sistema democrático. En ningún país democrático sucede eso, que un MP o la institución con las mismas funciones en materia de investigación criminal persiga y amenace a las autoridades electorales y a los líderes de un partido en medio de una elección. Eso de que el MP ingrese con la fuerza pública al Tribunal Supremo Electoral (TSE) no se puede considerar como algo normal, es una señal de una crisis institucional. Afuera de Guatemala eso no se puede ver de otra forma.
¿Qué análisis hace del informe presentado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) como resultado de su visita a Guatemala?
En el informe reconoce los problemas institucionales que se están dando en Guatemala en medio de un proceso electoral. El secretario general estuvo aquí y se reunió con los representantes de todos los poderes del estado, con los candidatos para la segunda vuelta, con el empresariado, la sociedad civil, y se llevó un cuadro claro del nivel de conflictividad política e institucional. En su informe dijo que se fue muy preocupado por el funcionamiento de las instituciones, que no es el que corresponde en un país democrático. No hizo señalamientos explícitos sobre las acciones del MP en contra del TSE, pero se refería a eso.
¿Cómo ve los compromisos de que, en primer lugar, se desarrollara la segunda vuelta, pero también de que habría cambio de mando en enero?
Dijo que había logrado un compromiso de todos los poderes del Estado en que habría una segunda ronda el 20 de agosto y que al ganador se le entregaría el poder el 14 de enero. ¿Qué quiere decir eso? que tenía dudas, que muchos países miembros de la OEA tienen dudas y preocupaciones sobre el papel de los poderes del Estado, y que por eso el secretario general consideró que debía asegurarse que habría segunda vuelta, que se respetaría el resultado de la misma y que el ganador asumirá la presidencia el 14 de enero. Al decir que él logró el compromiso del presidente, de la Corte Suprema, de la Corte de Constitucionalidad en que se respetaría la convocatoria a la segunda vuelta y que se respetaría el resultado es una indicación que le preocupaba que no fuera a darse de esa manera.
Antes, los países habían expresado temor por amenazas a la democracia guatemalteca. ¿En ese sentido, cree que el informe tranquilizó a la comunidad internacional o más bien la alertó, o considera que fue equilibrado?
El informe fue equilibrado, no hay ninguna duda. Pudo haber dicho más y posiblemente no lo hizo porque es muy prudente y no quiere hacer señalamientos que pongan de relieve la gravedad de la situación política e institucional que se está viviendo en este momento. No quiere decir nada (algo) que pueda complicar más las cosas. Él quiere ayudar, contribuir de la mejor manera a que el proceso electoral concluya bien, con normalidad y que el país mantenga la estabilidad política que necesita.
¿Cómo analiza la posición que tuvo el Gobierno Guatemalteco y el presidente A. Giammattei con el secretario Luis Almagro?
Creo que fue la posición que se esperaba, cortés y dentro de las formas diplomáticas acostumbradas.
Hay quienes dicen que, aunque se celebre con relativa normalidad la segunda vuelta no hay certeza de que, quien ganó asuma el próximo 14 de enero. ¿Qué reacción internacional podría ocurrir si pasa algo que derive en que no asuma la Presidencia quien resulte ganador en la segunda vuelta?
Yo no diría que no hay confianza de que quien gane el 20 de agosto pueda asumir el 14 de enero. Pero hay que reconocer que países tanto de la OEA como los europeos, Australia, Japón y otros tienen preocupaciones y quisieran tener mayor certeza que así va a ser. Ahora bien, si eso no pasara habría una reacción fuerte en contra, podría haber sanciones, y sin duda nuestro país quedaría muy aislado como les ha pasado a otros países en la región, y como le pasó a Guatemala a principios de la década de 1980.
Hablando de Estados Unidos, congresistas han pedido acciones firmes contra lo que consideran amenaza a la democracia guatemalteca. De momento, estas se han limitado al retiro de la visa e inclusión en la lista Engel de ciertos actores políticos y judiciales ¿Qué acciones adicionales más drásticas podría tomar Washington y de qué dependerían?
No estoy seguro sobre posibles acciones de los Estados Unidos si hubiera mayor interferencia en el proceso electoral o si no se respetaran los resultados. No han dicho nada concreto al respecto y no creo que yo deba especular sobre este tema.
¿Qué análisis hace de la situación guatemalteca en el contexto regional y cómo cree que lo analiza Estados Unidos?
La situación que estamos viviendo no es normal, lo que ha estado haciendo el MP y el silencio del Ejecutivo, la Corte Suprema y la CC muestran lo que afuera se considera como un retroceso de la democracia. Eso no se ve bien y puede afectar nuestras relaciones con otros países del continente y de Europa, que son nuestros socios comerciales más importantes.
¿De qué magnitud, a su juicio, es el momento histórico que atraviesa hoy Guatemala? ¿Con qué otro momento de la historia se puede comprar?
Estamos viviendo un momento histórico y una oportunidad de caminar hacia adelante en la construcción, en la reconstrucción y el fortalecimiento de la democracia que se nos está desmoronando.