La solicitud, según HRW, responde a las “graves violaciones de derechos humanos y retrocesos democráticos” en Guatemala, perpetradas por las autoridades del país, según describe una carta con fecha 7 de diciembre.
Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de HRW, al compartir la carta reiteró que el “voto de los guatemaltecos debe ser respetado”.
HRW destaca en la misiva que se necesitan acciones inmediatas ante lo que considera son maniobras que “socavaron el proceso democrático” y “los derechos fundamentales” en Guatemala. Entre los funcionarios señalados se encuentran: la fiscal general Consuelo Porras, los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, así como el juez Fredy Orellana.
HRW destaca que estas acciones son una respuesta a las “interferencias en el proceso electoral de 2023”, donde autoridades guatemaltecas “han atacado el derecho al voto”.
La organización subraya que estas interferencias representan una amenaza directa a la democracia y los derechos fundamentales en Guatemala.
De acuerdo a la carta, en las recientes elecciones existió la prohibición de candidatos presidenciales de la oposición y una investigación criminal arbitraria, como ejemplos de estas interferencias.
Además, señala que la Fiscalía General “lidera esfuerzos para socavar el derecho al voto” y de acosar a Semilla, partido del candidato Bernardo Arévalo. “La Fiscalía General ha liderado esfuerzos para socavar el derecho al voto y acosar a Semilla mediante maniobras legales”, acusa.
HRW pide sanciones
La organización señala que desde su nombramiento en 2018, la oficina dirigida por la Fiscal General, ha socavado investigaciones sobre corrupción y abusos de derechos humanos, además de iniciar procedimientos penales arbitrarios contra periodistas, jueces y fiscales independientes.
De la misma manera, acusa que el fiscal Rafael Curruchiche desde que fue nombrado en 2021 como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) “ha socavado investigaciones sobre corrupción y ha iniciado casos infundados contra fiscales independientes, jueces y exmiembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)”.
En tanto, según HRW, la fiscal de la FECI, Cinthia Monterroso, “ha liderando investigaciones penales que socavan la libertad de expresión” y participando en persecuciones penales abusivas.
En la carta se pide sanciones también contra el juez Fredy Orellana, a quien HRW lo señala de aprobar procesamientos penales infundados liderados por la Fiscalía General, contribuyendo a socavar instituciones democráticas.
La organización dejó plasmado que en 2023, Estados Unidos incluyó a Orellana en la lista de Actores Corruptos y No Democráticos por “autorizar cargos penales infundados y políticamente motivados”, socavando instituciones democráticas.
Además, HRW instó a la UE a trabajar en conjunto con otros gobiernos y actores clave para asegurar una transferencia de poder pacífica en el país centroamericano.
Se pidió al MP la postura sobre los señalamientos de HRW, pero hasta el momento no han emitido comentarios al respecto.
Guatemala: Hoy le hemos pedido formalmente a la Unión Europea que imponga sanciones contra Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Fredy Orellana y Cinthia Monterroso.
El voto de los guatemaltecos debe ser respetado.
Nuestra carta: https://t.co/ug0x3GxRdj pic.twitter.com/Lj1Q6YycbW
— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) December 7, 2023
