Esto significa que la puntuación global del país cayó casi un 12 por ciento respecto del año anterior, y se mantuvo en el puesto 13, con una calificación solo por delante de Bolivia —2.57— y Venezuela, —1.63.
El país con mayor puntuación es Uruguay —7.42—. Le sigue Costa Rica —7.11— y Chile —6.88—, de acuerdo con el ranquin que publican desde el 2019 las organizaciones del Consejo de las Américas.
“El objetivo del Índice CCC no es avergonzar o discriminar a los países, sino fomentar un debate basado en políticas públicas, ayudando a los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado a identificar —mediante datos y una metodología sólida— las áreas de éxito y las deficiencias que deben abordarse”, explican en el informe.
Según este Índice, se mide la capacidad jurídica, la democracia en instituciones públicas y el trabajo de la sociedad civil y medios de comunicación, aspectos en los cuales Guatemala ha caído por diversas circunstancias.
De acuerdo con el CCC, que califica a 15 países de Latinoamérica, Guatemala “experimentó retrocesos en las tres categorías, pero el más significativo fue una disminución del 17 por ciento en la capacidad legal, la cual ha estado en una trayectoria descendente desde el 2019”.
“Básicamente, —Jimmy— Morales profundizó el blindaje a la clase política —impunidad—. Luego llega Giammattei y la persecución contra jueces y fiscales independientes se volvió un modus operandi común para evitar investigaciones de alto impacto”, dijo Valeria Vásquez, analista de la organización Control Risks, que también firma el informe.
El gobierno de Giammattei
El análisis expone también que el país “experimentó descensos especialmente pronunciados en las variables que evalúan los organismos anticorrupción y la independencia de la Fiscalía General, lo que responde a las recientes medidas de la administración del presidente Alejandro Giammattei”.
“Dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, el Ministerio Público (MP) obstruyó y despidió a los funcionarios que realizaban las investigaciones relativas a la corrupción”, prosigue.
El CCC alertó que “la voluntad política para combatir la corrupción sistemática de alto nivel puede seguir siendo limitada, aunque la comunidad internacional, en particular Estados Unidos y la Unión Europea, siga presionando al gobierno”.
“Esto se verá traducido en la imposición de sanciones internacionales contra oficiales del gobierno y un mayor escrutinio —en particular sobre el proceso electoral del 2023—”, agregó Vásquez.
Giammattei habló de la "lista del zopilote" en la que incluiría a "enemigos" de Guatemala, mientras se refería al proceso de elección de fiscal general del MP. https://t.co/UrK49eaA6c
— Prensa Libre (@prensa_libre) May 11, 2022
En el informe se señala que “es posible que más fiscales y jueces anticorrupción importantes huyan de Guatemala debido a la presión institucional y a las amenazas a su seguridad”.
Advierten también de que “es probable que se produzcan esquemas de financiación ilícita de campañas de cara a las elecciones generales de junio del 2023. Es poco probable que se produzcan reformas significativas contra la corrupción durante el período de campaña”.
La sociedad civil
El CCC observó, además, que el país vio disminuir los niveles de movilización de la sociedad civil contra la corrupción. “Aunque las manifestaciones contra el Gobierno han tenido lugar periódicamente, no han conducido a mejoras significativas en el entorno anticorrupción”, citaron.
En el 2021, EE. UU. incluyó a Porras en una lista Engel de actores corruptos y sancionó a funcionarios guatemaltecos de alto nivel por supuestos actos de corrupción.
Su postura sobre la Cicig, las acusaciones en su contra por financiamiento electoral ilícito y más. Encuentre mañana en nuestra versión impresa las respuestas de Jimmy Morales a las preguntas de Prensa Libre sobre estos temas. pic.twitter.com/syLmqluPHl
— Prensa Libre (@prensa_libre) October 4, 2018
Para Vásquez, “en general, hace falta más movilización. En Guatemala esto cobra mayor importancia previo a las elecciones de junio 2023. Se ha visto cómo el combate a la corrupción se ha deteriorado gobierno tras gobierno. Pero también se ha visto que cada vez son menos grupos de la sociedad civil —o menos personas en general— los que salen a las calles a exigir transparencia”.
La investigadora señala que en la sociedad puede existir un “cansancio político”, porque las acciones para luchar contra la corrupción —por ejemplo, protestas— no ha traído cambios significativos ni tenido el impacto deseado y “esto ha provocado cierto grado de statu quo en la gran mayoría de guatemaltecos”.
La Plaza, esa entusiasta reunión de la esperanza, construcción de democracia! pic.twitter.com/qGoWZr46NQ
— Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) June 11, 2016
Posiciones
Pese a registrar un descenso en su puntuación por primera vez desde el lanzamiento del Índice, Uruguay fue el país con mejor rendimiento por tercer año consecutivo.
Costa Rica y Chile se mantuvieron en los tres primeros lugares, como lo han hecho desde el 2020. Los tres últimos países del ranquin también fueron los mismos que en 2021.
Cuatro de los 15 evaluados mostraron un descenso significativo. Siete países tuvieron variaciones menores o moderadas en su puntuación, y cuatro, mejoras significativas.
🔴#Perú es el cuarto país con mayor capacidad para combatir la corrupción en América Latina https://t.co/jUvgs1mu1Q
📌Uruguay es el país que lidera el Índice CCC 2021, seguido de Chile, Costa Rica, Perú, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, entre otros. pic.twitter.com/Lvj00MKoF7
— Diario Perú21 (@peru21noticias) June 22, 2021
Guatemala exhibe el mayor descenso, y Uruguay, Argentina, Brasil y México también registraron retrocesos.
Los países que se encuentran más abajo en el Índice mostraron algunos signos de mejora. Paraguay avanzó en aspectos de su capacidad legal, mientras que Bolivia y Venezuela tuvieron un alza menor en áreas relacionadas con la sociedad civil y los medios de comunicación.
¿Quién elabora el Índice?
El Consejo de las Américas y la Sociedad de las Américas (Americas Society/Council of the Americas, en inglés) es el principal foro dedicado a la educación, al debate y al diálogo en las Américas.
Su misión es fomentar el entendimiento de los asuntos contemporáneos políticos, sociales y económicos que enfrentan América Latina, el Caribe y Canadá.
Las conclusiones de este reporte no reflejan los puntos de vista de la organización y sus miembros.
