Hasta el viernes, de acuerdo con Gustavo Mancur Milián, presidente del CHN, habían cobrado el beneficio 99 mil 449 de 116 mil 753 en total, lo que equivale a Q275.8 millones pagados a empleados con suspensión de labores, o 13.7% de ejecución del presupuesto asignado.
En el Palacio Legislativo, las alarmas se han encendido y los criterios comienzan a converger en cambios a esta ley.
En opinión de varios parlamentarios, muchas empresas han declinado la inscripción de sus trabajadores en el programa gubernamental porque deben demostrar solvencia fiscal ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el pago de cuotas patronales al Seguro Social (IGSS), y no todas cumplen con esos requerimientos.
Hasta el viernes, de acuerdo con Gustavo Mancur Milián, presidente del CHN, habían cobrado el beneficio 99 mil 449 de 116 mil 753 en total, lo que equivale a Q275.8 millones pagados a empleados con suspensión de labores, o 13.7% de ejecución del presupuesto asignado.
En el Palacio Legislativo, las alarmas se han encendido y los criterios comienzan a converger en cambios a esta ley.
En opinión de varios parlamentarios, muchas empresas han declinado la inscripción de sus trabajadores en el programa gubernamental porque deben demostrar solvencia fiscal ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el pago de cuotas patronales al Seguro Social (IGSS), y no todas cumplen con esos requerimientos.
La presidenta de la Comisión de Trabajo, Adela Camacho, diputada de la bancada de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), reconoce que hay un atraso en la entrega del Bono que atribuye a problemas en los ministerios de Economía y de Trabajo, porque “ya habían pagado a algunos y después crearon una nueva plataforma donde aparecía la Superintendencia de Administración Tributaria”.
En cuanto a la posibilidad de implementar cambios a esta ley, la legisladora dijo que el programa va muy atrasado porque está diseñado solo para tres meses y que si se plantea cambiar el protocolo de entrega para que sea individual se podría retrasar más.
La legisladora consideró que no se alcanzará la meta de 300 mil suspendidos, por lo que “ese dinero tendríamos que modificarlo para que también llegue a los que fueron despedidos y así tengan una opción”.
Manuel Rivera, jefe de bloque del partido Victoria, duda de si dejar que el empleado solicite el beneficio sea la mejor solución; por ahora, se concentra en algunas posibles irregularidades en la ejecución del programa y que podrían ser un factor que obligue al Congreso a revisar qué aprobaron.
Rivera dijo que hay denuncias de trabajadores a los que podrían estar presionando para que sigan trabajando a pesar de tener contratos suspendidos.
Consecuencias para trabajadores
Román Castellanos, secretario de la Comisión de Trabajo del Congreso, dijo que es un error de las empresas no estar solventes ante la SAT y que las consecuencias las pagarán los trabajadores al no recibir el bono de protección al empleo.
Castellanos, quien forma parte de la bancada del movimiento Semilla, afirmó que una empresa siempre debería estar solvente ante el ente recaudador al igual que en el pago de cuotas al Seguro Social, que está bajo verificación, en estos casos, del Mintrab.
Sobre que sea el propio trabajador el que solicite ese beneficio, Castellanos dijo que esto no se podría efectuar porque el bono está diseñado para las suspensiones colectivas, regulado en el Código de Trabajo.
El diputado de Semilla consideró que los ministerios de Economía y de Trabajo están tocando a destiempo este problema, porque “ya han suspendido a más de cien mil trabajadores y están recibiendo los fondos de protección al empleo”.
Impericia, exceso de papeleo y fragilidad estatal dejan desprotegidos a trabajadores en emergencia
“Hay muchos contratos de suspensión de trabajo, pero las personas aún no han recibido el beneficio, y la situación cada día se está agravando”, expresó Luis López Cortez, secretario general de la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG).
Para el líder sindical, la burocracia estatal es el principal obstáculo que están enfrentando los trabajadores al no poder recibir el subsidio estatal de Q75 diarios, monto menor al salario diario de Q92.88 para las actividades no agrícolas, Q90.16 para las actividades agrícolas y Q84.88 para las actividades de maquila y exportación.
Fuentes consultadas coinciden en que en la crisis actual no existía un sistema de contingencia, ni una plataforma para hacer una trazabilidad de datos para agilizar las ayudas a los trabajadores.
La fallida plataforma tecnológica inicial
Antonio Malouf, ministro de Economía, indicó que se detectaron problemas los cuales se han enmendado para agilizar las entregas, e instó a las empresas a incluir a sus trabajadores dadas las necesidades actuales y confirmó la disponibilidad de recursos en el fondo.
El funcionario explicó que se cuenta con una plataforma de información para que las empresas interesadas logren usar un sistema mucho más ágil para la suspensión.
Recordó que algunas compañías desistieron de hacerlos por la complejidad en la primera plataforma, y algunas no se han enterado de que ahora existe un instrumento “mucho más dinámico”.
El 23 de mayo, los ministerios de Trabajo y Economía hicieron un ajuste al procedimiento de inscripción que obligó a las empresas ya aprobadas y las que están en proceso de aprobación, a realizar este nuevo procedimiento, para que los trabajadores pudieran ser autorizados.
Hasta ese punto, los sistemas iban a estar enlazados con la SAT, por lo que las primeras solicitudes que entraron se pudieron haber validado sin el cruce de información de solvencia fiscal.
Un tercer aspecto es que en la provincia aún no se sabe del beneficio, consideró.
“Sería lamentable que por la poca difusión que ha hecho el gobierno sobre estos cambios se pierda la oportunidad de minimizar el riesgo de fracaso de los emprendedores y pequeños empresarios que aún desconocen las facilidades para aplicar a este fondo del empleo.
“La única limitación que encontramos es que solo pueden aplicar emprendedores formalizados, en nuestro caso únicamente aplica el 36% de nuestros afiliados”, dijo Eduardo De León, vicepresidente de la Asociación para la Inversión, Innovación y Emprendimiento en Guatemala.
Trabajadores buscan respuestas
El secretario de la Central General de Trabajadores de Guatemala, Luis López Cortez, reiteró que hay varios casos en los cuales los empleadores no culminan el trámite de suspensión del contrato para calificar al programa económico y los trabajadores llegan a las empresas en busca de respuestas.
El inspector general de Trabajo, Julio Castillo, enfatizó que un trabajador a quien se le suspendió contrato laboral no debe ir a trabajar hasta que el empleador lo llame; y a partir de ese momento, el empleador reasume sus obligaciones laborales y debe pagar salarios completos.
“Si a los trabajadores el empleador les dice que están suspendidos sus contratos, debe mostrares la autorización que otorga el Ministerio de Trabajo por medio de la IGT, porque de lo contrario no es cierto que estén autorizadas las suspensiones”, recomendó el inspector.
En ambos casos, los trabajadores pueden denunciar el hecho por medio de la página www.mintrab.gob.gt que recibe denuncias por el covid-19 o al número 1511.
Mintrab reconoce limitada inspección
Ante las denuncias del sector sindical, Julio Castillo, jefe de la IGT, confirmó que en la actual emergencia ha seguido desarrollando las verificaciones a las empresas, pero con menor cantidad de personal, debido a que parte de los colaboradores están clasificados como personas de alto riesgo, porque son adultos mayores o por padecer enfermedades como diabetes o hipertensión.
El trabajo de inspección lo hacen desde su casa, se indicó.
El inspector general manifestó que también ya hubo casos positivos de covid-19 y personal de la IGT que de alguna manera tuvo contacto con estas personas, pero que se encuentra en cuarentena preventiva, y todo ello impide funcionar a cabalidad.
Las verificaciones se hacen con equipos rotativos, que trabajan de manera alterna.
Castillo manifestó que, de momento, no se ha realizado ninguna verificación en las empresas que han suspendidos contratos de trabajo y no hay denuncias concretas.
No obstante, reconoció que han recibido denuncias por despidos y el impago de prestaciones laborales en diferentes sectores productivos.
Gobierno dejó de pedir planilla del IGSS
Malouf explicó que se dejó de solicitar a las empresas la presentación de la planilla del IGSS para agilizar los procesos administrativos, pero la IGT deberá realizar una visita posterior para que las empresas cumplan con sus obligaciones.
“Había que mandar escaneados muchos documentos; hacía que el trámite fuera tan tardado, y no se podía liberar la presa y atender las necesidades del trabajador”, señaló el ministro, quien dijo que se solicitó una declaración jurada.
El Ministerio de Trabajo publicó el reglamento del Fondo de Protección de Empleo, y uno de los requisitos era la presentación de la planilla del IGSS.
Por otro lado, dijo que hay cruces de información con el Registro Nacional de las Personas (Renap) y la SAT, para verificar el NIT.
Cruce de datos no cuadra
La información que posee la Central General de Trabajadores de Guatemala es que la cobertura del Fondo es de 25% de los trabajadores, es decir, dos de cada 10; al 75% aún no llega.
Hasta el corte del viernes 19 de junio, la IGT había aprobado ocho mil 464 empresas, 503 estaban pendientes y 267 fueron rechazadas, para un total de nueve mil 234 expedientes de solicitudes de suspensión de contratos.
El número de solicitudes aprobadas era de 12 mil 375; pendiente, 464, y rechazadas, 158, 12 mil 997 en total.
El número de empleados aprobados es de 122 mil 959; pendientes, dos mil 177, y rechazados, 717, en total, 125 mil 853.
Estas cifras no cuadran ya que algunas empresas se registran, pero no culminan con la solicitud, y las pendientes.
Lo mismo sucede con las solicitudes que son rechazadas y las empresas ya no volvieron a realizar su proceso.
En todo caso, las solicitudes son modificables ya que el rechazo no es definitivo y las empresas pueden corregirlo, cambiando el estatus a la solicitud.
Debilidad institucional propicia abusos
Luis López Cortez, de la CGTG, comentó que la debilidad de la IGT en visitar las empresas causa una serie de abusos, en los cuales algunas compañías se aprovechan de las condiciones de los trabajadores.
Aunque las disposiciones presidenciales son de suspensión, algunas empresas están trabajando, exponiendo a sus trabajadores de contagios, y en algunos casos amenazan con posibles despidos.
Además, que las empresas no completan los trámites y gestiones de los trabajadores para hacer las suspensiones de los contratos y los mantienen en el limbo, dijo.
“Hay varias denuncias de los trabajadores de empresas en Villa Nueva y Mixco y esos casos se han planteado a las autoridades en citaciones en el Congreso”, explicó el dirigente de la CGTG.
Por ahora, el ministro de Economía afirmó que se han subsanados los problemas que se detectaron sobre todo en la parte operativa, y a las personas que se les va a hacer su pago de la quincena del 1 al 15 de junio -primera planilla- podrán utilizar la red de cajeros automáticos, retiros en sucursales bancarias o en consumos en establecimientos comerciales con POS, muy similar al sistema que aplica en el Bono Familia en los canjes.
Sector patronal reconoce diálogo
Guido Ricci, integrante de la comisión laboral del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), afirmó que están de acuerdo con la implementación del programa de protección al empleo para llevar alivio a los trabajadores del sector formal.
Precisó que han tenido muy buena apertura con los ministerios de Economía y de Trabajo en la información del procedimiento, la recepción de los aportes de las dudas, los cuestionamientos y las sugerencias.
“En términos generales estamos satisfechos con el programa, desde luego nos hubiera gustado que fuera mucho más rápido, pero entendemos que hay problemas técnicos que se dieron en el camino y que hubo que superar”, recalcó Ricci.
Recordó que al principio del programa hubo algunos puntos de criterio jurídico, de los casos de suspensión total o individual para los trabajadores, que luego se fueron afinando.
Al principio fueron cuestiones de naturaleza jurídica, que se resolvieron y a medio camino hubo necesidad de volver a subir la información, destacó el integrante de la comisión laboral.
Informalidad persiste en sectores
Rudy Guzmán, vicepresidente de la Gremial de Compañías de Seguridad, mencionó que tienen conocimiento de que algunas empresas agremiadas han hecho el requerimiento para la suspensión de contratos, pero desconocen a quiénes les aprobaron la solicitud.
Respecto de la posibilidad de prestadores de servicio informales, dijo que la gremial aglutina a empresas que cumplen con la ley y operan de manera legal, pero, como en cualquier industria, también existen empresas que no cumplen con los requisitos de ley.
“Puede ser que haya empresas que cubren servicios de seguridad que no están totalmente formalizadas, o que prestan servicios, pero no está cumpliendo con todos los requerimientos del decreto 52-2020 (que regula al sector). Desde que se estableció esa ley ya no existen empresas fantasmas como tal, aunque sí servicio ilegal”, mencionó.
Alejandro Ceballos, presidente de la Comisión de Vestuario y Textiles (Vestex) de Agexport, explicó que el fondo de protección del empleo es dirigido a empresas formales, por eso muchas que no cumplen requisitos de formalidad no optan o son rechazados.
Expuso que las fábricas que exportan en forma directa deben cumplir con estándares que incluyen estar en la formalidad y cumplir todos los requerimientos laborales, inscripción en el IGSS y contratos.
Sin embargo, dijo que hay mucho mercado local y subcontratistas que no están registrados, que tampoco tienen acceso a la suspensión de contratos ni el apoyo del fondo de protección del empleo para el pago a los trabajadores ya que para optar al beneficio se les exigen contratos, pago de la planilla del IGSS y otros.
