“El mensaje, como siempre, y como todos los presidentes, intenta justificar el trabajo realizado, pero que en algunas áreas son muy escasos en este segundo año y mitad de su gobierno”, explicó José Carlos Ortega Santa Cruz, analista político del Instituto de Servicios a la Nación.
Aunque Morales intentó dibujar sus planes futuros, refirió, hace falta una visión unificadora que imprima una razón de ser para la segunda mitad de su mandato.
Manuel Villacorta, doctor en Sociología Política, explicó que, en el proceso para presentar un informe, primero el Gobierno solicita a todas las instituciones un informe circunstanciado de sus actividades durante el año y extrae todos aquellos datos que le permitan presentar un informe general “aparentemente positivo”. El reporte de ayer del presidente reveló esa línea, una descripción metódica de cifras y acciones, según el sociólogo.
“Pero el informe toma forma únicamente cuando se contrasta con la opinión social mayoritaria, las agencias de cooperación internacional, las organizaciones de la sociedad civil y la academia nacional. Y es evidente que todas estas instancias están relativamente de acuerdo en que la gestión presidencial ha tenido como déficit el combate a la pobreza, la ausencia de una verdadera política pública en favor de la salud, la educación y la seguridad ciudadana”, precisó Villacorta.
Agregó que, en síntesis, el mandatario intentó exponer sus logros, pero la sociedad en general expresa desencanto y frustración respecto a las funciones del Ejecutivo.
Ignora problemas
En el reporte de Morales llamó la atención la ausencia de varios temas, como el silencio sobre reformas constitucionales del sector Justicia, que él mismo promovió en un principio y urgía la ciudadanía, así como la crisis que generó en agosto del 2017 al enfrentarse a la Cicig, pero lo que más comentarios causó fue que no hubo palabra alguna sobre la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en la que que murieron 41 menores.
“Falta encontrar en Morales la responsabilidad de solucionar los problemas graves y ser transparente en ese intento”.
“Difícilmente intenta un mandatario señalar los desaciertos y grandes crisis, sobre todo si no están resueltos y posiblemente no tenga cómo resolverlos. Muy a propósito se distancian, el Ejecutivo y Legislativo, del Comisionado —Iván Velásquez—, la Cicig —Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala— y el Ministerio Público”, opinó Ortega.
Para Villacorta, es una estrategia política y de comunicación rehuir temas sensibles que afectan la credibilidad del Gobierno. No obstante, en este caso, se puede considerar que fue un error. “Nuestro pueblo ha perdido la paciencia y a pesar de haber exigido respuestas y acciones contundentes respecto a los temas anteriormente citados, las mismas jamás se concretaron. El caso del Hogar Seguro implica un potencial caso jurídico de insospechables consecuencias”, expuso el analista.
Además, que la crisis de agosto reafirmó que en la realidad el gobierno no está comprometido abiertamente en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Sucede lo mismo con las reformas constitucionales del sector Justicia, agregó, porque no existe el menor interés en fortalecerla.
En este punto, coincidió Ortega, y estimó que las reformas constitucionales no serán tema de agenda ni para una amplia discusión de lo que necesita el país para enfocarse en una justicia alejada de impunidad y corrupción.
“Falta encontrar en el presidente la responsabilidad de solucionar los problemas graves y ser transparentes en ese intento”, dijo Ortega, aunque también señaló recuperación de rumbos en educación, seguridad, atención alimentaria, ordenamiento de finanzas y transparencia.
Influencia evidente
“Por supuesto. El gran aliado del presidente Morales es ahora el alcalde capitalino. El presidente Morales recalca que no ha peleado con organismos del Estado, pero no dice del Ministerio Público, la Cicig y su comisionado, la Corte de Constitucionalidad y el exembajador Todd Robinson”, respondió Ortega al preguntarle sobre algunas similitudes entre los discursos de Morales y Álvaro Arzú Escobar.
Desde que el alcalde Arzú se presentó en la sede del MP en forma abrupta, se perfiló como “punta de lanza” de un proyecto orientado a enfrentar a la Cicig y al MP, apuntó Villacorta, y eso nadie lo duda.
“Luego de ello se creó una estrategia la cual incluyó la participación del presidente de la República, acción que se fortalece con la llegada a la Presidencia del Congreso del hijo de Arzú. Eso implica discursos similares, intenciones similares y objetivos similares”, comentó.
El experto en Sociología Política identifica algo positivo en esa situación, que las partes en cuestión ya tienen rostros, nombres y apellidos, lo cual favorecerá un desenlace que, de una u otra forma, “se hace necesario”, ya sea para eliminar el poder de la corrupción y la impunidad, o para preservar un modelo “aberrante” que ha causado un daño irreparable al país.
Los retos
El Ejecutivo puede lograr resultados solo al ejecutar en los temas prioritarios y hacerlo eficientemente y de forma proba, opina Ortega, para lo que hará falta una nueva Ley de Contrataciones —que también fue solicitada por el presidente en su discurso—, cambios y ampliaciones al Presupuesto General de la Nación y aprobación de créditos.
Asimismo, considera necesaria la aprobación y ejecución de leyes, como la Ley Electoral y de Partidos Políticos, “que permita la mejora de la representación, la participación, la transparencia de financiamiento y utilización sin suprimir libertades, y permitiendo los controles sobre el financiamiento público de manera que no enriquezcan funcionarios, políticos y dueños de medios”.
Transcurridos dos años de gestión, tanto presidencial como parlamentaria, las características y las intenciones de quienes los integran están ya definidas, señaló Villacorta, pero, para ganar credibilidad y confianza, la agenda debería ser enfrentar y reducir la pobreza, buscar más inversiones, mejorar significativamente la educación y salud, reconstruir aceleradamente la infraestructura nacional, mejorar la seguridad ciudadana y comprometerse decididamente a favor de la lucha contra la corrupción y la impunidad.
“Pero si en dos años nada de ello se ha logrado en forma sustentable, es imposible creer que las intenciones y las capacidades del Gobierno y del Congreso súbitamente habrían cambiado en favor de nuestro pueblo. Creo que en el caso de ambas administraciones la confianza social se diluyó, y ya nada o muy poco podría esperarse respecto a los dos organismos”, agregó.
Restringidos
Contrario a lo promocionado por Morales y Arzú Escobar, de dirigir organismos abiertos y de transparencia, cuando terminó la sesión solemne se vedó la movilidad de la prensa para poder entrevistar a los presentes, aun cuando el presidente ya se había retirado.
“Falta encontrar en Morales la responsabilidad de solucionar los problemas graves y ser transparente en ese intento”.
Ni personal de Comunicación del Congreso intentó hacer algo para liberar el paso de los periodistas. El jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, fue el único que se acercó a hablar con los medios de comunicación.
Indicó que le hubiera gustado escuchar un informe con un balance más objetivo, no solo aspectos positivos, ya que cualquier persona “como ser humano y funcionario se equivoca”.
“Él resaltó, lógicamente, los aspectos positivos, al hacer lo mismo con los negativos hubieran dado una muestra de un verdadero informe”, afirmó el procurador.
El mandatario también mencionó que su familia ha tenido que enfrentar problemas. “Esto no tiene nada que ver con la nación, es un asunto particular, lamentable sin duda, pero no era para tratarlo en el informe que está obligado por la Constitución a dar”, agregó.
Para el diputado Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), el informe de Morales fue positivo, aunque esperó ver más resultados en los ministerios de Comunicaciones y de Gobernación.
Ofensiva en la red
El Gobierno implementó ayer una estrategia agresiva en las redes sociales, especialmente en Twitter y YouTube.
En Twitter, todas las cuentas institucionales del Gobierno central y de los ministerios intercambiaron tuits y publicaron fragmentos y datos de las acciones de cada entidad.
Asimismo, en YouTube, cada ministro, en videos diferentes, expuso las intervenciones de sus carteras durante el 2017, mensajes que, a su vez, eran promocionados en Twitter, en búsqueda de posicionar hashtags.
