Según el funcionario, desconoce las razones por las cuales hubo retraso en las diligencias que debieron efectuarse desde que el MP realizó la petición.
A destiempo
“Vamos a tener que iniciar acciones administrativas contra los auditores que debían realizar las pesquisas. Puede haber desde sanciones monetarias, hasta despidos”, explicó, y dijo que no podía dar detalles sobre lo solicitado por la Fiscalía.
Desde el miércoles pasado, personeros de la CGC han acudido a cada anexo del Congreso para verificar la presencia de los empleados. Además de entrevistas, los trabajadores han debido llenar “bajo juramento” un examen especial en el que solicitan datos personales y hasta detalles sobre nepotismo en ese organismo.
Presión
Directivos del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República (Sintracor) no están contentos con la investigación. Aunque Alfredo Tumax, secretario general de esa organización, prometió colaborar, ha hecho que los inspectores de la CGC sean acompañados por sindicalistas. Ello ha generado que trabajadores no denuncien.
Secretarias y personal administrativo y de conserjería dijeron a Prensa Libre que temieron dar información a la Contraloría ante la presencia de directivos del Sintracor en las diligencias.
En una concentración de empleados de conserjería y ujieres el miércoles, Tumax afirmó que estaban abiertos a las investigaciones.
Quejas
Aunque miembros de la comisión permanente han evitado dar su posición sobre las investigaciones que realiza el MP y la CGC, se sabe que el Departamento Jurídico tiene la labor de analizar acciones legales por supuestos abusos en las investigaciones.
Según trascendió, varios diputados se quejaron de que las autoridades del MP habrían entrado sin autorización en sus oficinas a buscar personas que no laboraban con ellos.
Además, el informe del Departamento de Recursos Humanos detalló que los investigadores del MP habrían sustraído más información de la que se solicitaba en la orden de cateo realizada el pasado viernes, cuando se capturó a cuatro trabajadores administrativos.
Orlando Blanco, jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza, bancada que tiene tres miembros en la directiva, explicó que desde el miércoles la CGC realiza una auditoría de la nómina de empleados, lo que calificó de positivo, aunque consideró que la acción fiscalizadora es “tardía y coyuntural”.
Sobre las acciones que pretendería realizar la directiva, Blanco afirmó: “Revisé la orden de allanamiento del juzgado y creo que sí hubo exceso por parte de los fiscales, porque tenían autorizado ingresar en algunas oficinas específicas y llevarse cierta papelería, pero parece que se llevaron papelería que no debían”.
Agregó: “El Congreso puede accionar hasta contra la misma fiscal —Thelma Aldana— por abuso de autoridad porque pudo haber sustracción ilegal de documentos”.
