Inviables varias demandas de Codeca

Por segundo día consecutivo, el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) cerró el paso en varios puntos del país, para hacer  demandas que incluyen relevo en los organismos Ejecutivo y Legislativo.

En uno de los puntos de Retalhuleu, decenas de personas impidieron el paso a cientos. (Foto Prensa Libre: Rolando Miranda)
En uno de los puntos de Retalhuleu, decenas de personas impidieron el paso a cientos. (Foto Prensa Libre: Rolando Miranda)

* “Cárcel para todos los diputados, jueces y ministros corruptos”, era una de las peticiones.

“Pedimos al pueblo de Guatemala que nos pronunciemos y nos solidaricemos con todos los defensores criminalizados y exijamos el cese de las persecuciones por parte del Estado y empresas”, comunicó Codeca.

El vicepresidente Jafeth Cabrera calificó de irresponsable el “taponamiento” de carreteras por “pequeños grupos” y cuestionó el que Codeca se niegue a dialogar.

“Los puntos que presentan para el taponamiento de las carreteras son injustificables; por ejemplo, sobre la estatización de la energía eléctrica, que eso llevaría un proceso; es de inversión millonaria retomar esta actividad”, expresó el vicegobernante.

Lamentó que  “utilicen” a niños pequeños para evitar ser desalojados de acuerdo con el protocolo de las fuerzas de seguridad.

  • Especialistas en diferentes áreas analizan posibilidades reales de exigencias más destacadas del Comité de Desarrollo Campesino durante dos días de protesta.

Renuncia del presidente Jimmy Morales

Señalándolo de corrupto e incapaz, los manifestantes exigieron la renuncia del presidente Jimmy Morales. De quienes dirigen el país, Codeca afirma que son responsables de tragedias que han enlutado al pueblo guatemalteco.
“Vinculación del hijo y hermano del presidente en corrupción, financiamiento ilícito de la campaña electoral”, son otras causas del rechazo.

El abogado constitucionalista Alejandro Balsells  dijo que esa petición, como otras, son sagradas, porque tienen derecho, pero explico que para ello el mandatario debe aceptar renunciar, pero también está en todo su derecho de negarse. Además  tendría que haber un contexto político grave, y si el gobernante acepta dejar el cargo,   tendría que enviar su renuncia al Congreso,   que puede aceptarla o no.

Renuncia de los diputados del Congreso de la República

Codeca también demanda la renuncia de los diputados y que sean encarcelados por la creación de plazas fantasmas y la aprobación del contrato para la empresa Odebrecht, la cual entregó sobornos en varios países. Sobre esta firma indican que, “a cambio de Q250 mil a cada uno, le permitieron dejar las carreteras inconclusas e intransitables”.

También rechazan la contratación de una empresa de lobby en EE. UU.  Balsells dijo que esta petición podría ser viable, pero,  igual, los diputados pueden  decidir, y si aceptaran renunciar, cada uno tiene  un suplente electo, que potencialmente pertenece al mismo partido que los llevó al Congreso.

Asamblea constituyente popular y plurinacional para cambiar Carta Magna

“No está previsto dentro de nuestros mecanismos de reforma constitucional”, explicó Jorge Rolando Barrios, expresidente del Colegio de Abogados  y del Centro para la Defensa de la Constitución, acerca de la “asamblea constituyente popular y plurinacional” que Codeca propone. El jurista subrayó que la Constitución  tiene mecanismos rígidos para su reforma y su modificación, y que una Asamblea Nacional Constituyente es un procedimiento para ese efecto, incluyendo la parte dogmática. “Me suena como una improvisación. Lla Asamblea Nacional Constituyente es eso, sin apellidos”, afirmó Barrios.

Nacionalización de la energía eléctrica

Codeca exige la nacionalización de los servicios y bienes privatizados, principalmente la energía eléctrica, lo cual no es viable porque “prácticamente es una expropiación”, y eso está prohibido en la Constitución, comentó Luis Linares, experto en descentralización y procesos históricos, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

Agregó que son negociaciones que el Estado ha autorizado, por lo que sería “complicada” la cancelación de licencias de operación de, por ejemplo, las hidroeléctricas, debido a que habría que resarcirlas por las inversiones que terminan.
Linares abogó por, en   lugar de ello, reformar  la política energética de Guatemala y  su enfoque.

Adelantar las elecciones generales

Ese tipo de peticiones, en Guatemala y en otro país del mundo, tienen un “grandísimo” costo institucional y político, porque el país se expone a una especie de represalias institucionales, de cooperación y económicas, opina Luis Fernando Mack, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Como ejemplo recordó el golpe de Estado en Honduras, en el que dejó el gobierno Manuel Zelaya, y reparó en que existen mecanismos legales y consagrados en el ordenamiento jurídico guatemalteco en cuanto a los procesos y tiempos para el cambio de autoridades, por lo que no ve posibilidades de que ocurra.

Con información de Ángel Julajuj, Eduardo Sam, Dony Stewart, Hugo Oliva, Enrique Paredes y Rolando Miranda