El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) efectúa movilizaciones en la capital y la provincia, en el segundo día de protestas contra la gestión de Jimmy Morales, a quien piden la renuncia.

El Partido Humanista de Guatemala y el Movimiento para la Liberación de los Pueblos ya están habilitados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y podrán participar en las elecciones de 2019.

Cientos de personas se encuentran en el Centro Histórico para manifestar contra la corrupción y el Gobierno de Jimmy Morales, como parte de una serie de protestas que empezaron el lunes.

Se ha convertido en costumbre —mala, por cierto— que grupos minoritarios o insignificantes se adjudiquen la potestad de representar “a la mayoría de guatemaltecos” y de esa manera justifiquen sus reivindicaciones de forma violenta, soez, autoritaria o fuera de lugar, cuando no de ley. Codeca y sus adláteres desean nacionalizar la energía eléctrica, quedarse con un trozo del territorio nacional y otras veleidades que pregonan cuando deciden, sin oposición gubernamental, paralizar el país. Del otro lado del espectro, la Fundación contra el Terrorismo y sus secuaces hacen lo propio defendiendo a corruptos, boicoteando actos públicos o poniendo amparos sin éxito para socavar la lucha contra la corrupción. Unos, impiden el ejercicio de derechos individuales; otros, desde el Congreso o el Ejecutivo, norman a favor de delincuentes. Los primeros roban luz; los segundos justifican sobresueldos en la cúpula militar. Ninguno es republicano, demócrata ni respetuosos de los derechos ajenos y ambos pretenden imponer sus formas, reglas y caprichos. Distinto fondo, pero idénticos modos y fines.

Las tendencias económicas, sociales y políticas de Guatemala no son nada halagüeñas. Por un lado, hay una creciente población en edad de trabajar, con poca educación, y pocas oportunidades de empleo, que pervive —desesperada y precariamente— en medio de un contexto de violencia y marginación social y económica. Por otro lado, la protección de las personas frente a la pobreza, el hambre o la enfermedad es tan mínima como desigual.

Creo que se le atribuye a Margareth Thatcher la frase:  “Puede ser el gallo el que cacarea, pero es la gallina la que pone los huevos”.

En el caso referente al acceso y uso de energía eléctrica, se perfilan cuatro tipos de actores: los usuarios que no presentan problema alguno, los usuarios que ya están en situación de conflicto, las empresas del sector eléctrico y las organizaciones sociales que se han involucrado en el referido fenómeno. Dos instancias sobresalen en el mismo: Energuate y Codeca. Los primeros manifiestan que el denominado hurto de flujo eléctrico va en aumento, fundamentalmente por prácticas ilegales, como la toma no autorizada de fluidos o reconexiones posteriores a cortes realizados por falta de pago de los usuarios. Los usuarios inconformes —dentro de los cuales Codeca ha asumido un protagonismo fundamental— argumentan el alto precio que pagan por la energía, además de un servicio deficiente que implica frecuentes cortes y sobrecargas inesperadas. Esto ha provocado que existan comunidades en las cuales la población impide el libre tránsito de trabajadores de Energuate. Esta última en no pocas ocasiones ante la falta de pago por el servicio o la frecuencia de reconexiones no autorizadas, opte por cortar el fluido eléctrico a toda una comunidad, afectando a los usuarios que regularmente pagan por el servicio. Esto ha insertado un agravante mayor al complejo problema. Como se ha expresado en no pocas ocasiones, los problemas sociales no atendidos generan conflictividad y la persistencia de la conflictividad, aumenta los problemas sociales, es decir, la vigencia de un círculo vicioso altamente negativo. En realidad el núcleo del problema no recae en Energuate, los usuarios o las organizaciones sociales que plantean la necesaria revisión de las privatizaciones y la nacionalización de las empresas. El verdadero y único culpable es el Estado de Guatemala que ha desertado de sus funciones originarias establecidas en la Constitución de la República. Si este cumpliera con sus funciones administrativas e incluso punitivas, jamás se hubiese llegado al extremo que se llegó.

El asesinato de ocho dirigentes indígenas y campesinos en solo tres meses es un hecho repudiable desde todo punto de vista. Demuestra la existencia de un patrón sistemático de eliminación de líderes de organizaciones que defienden sus derechos fundamentales a la vida, al trabajo y a la tierra, entre otras reivindicaciones. Estas acciones criminales no se pueden soslayar porque vulneran los artículos 1 y 2 de la Constitución, referentes a la protección de la persona y su familia, así como la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. ¿Qué sentido tiene hablar de la existencia de un estado de Derecho si con estos hechos sanguinarios estamos retornando a las prácticas nefastas del conflicto armado interno? No se pueden considerar hechos aislados, sino parte de una acción deliberada de descabezar a agrupaciones molestas al gran capital.

Dirigentes campesinos denunciaron que son perseguidos por sus planteamientos políticos y económicos, lo que ha desencadenado que nueve de sus integrantes hayan sido asesinados, sin que hasta el momento hayan detenido a los culpables.

22/7/18. Asesinada Juana Raymundo, 25 años, enfermera. Lideresa maya ixil de Nebaj, Quiché. Integrante de la Coordinadora de la Juventud del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca). Recién electa para conformar el comité ejecutivo municipal por el partido en formación Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP). Su cuerpo apareció con señales de tortura a la orilla de un camino.