Este lunes 6 de marzo la Comisión Pesquisidora de los cinco magistrados electorales escuchará al denunciante, Víctor Guerra, secretario general del partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE), que cuestiona las actas de resultados electorales del balotaje de agosto pasado.

La magistrada, Irma Palencia, que presidió el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en las últimas Elecciones Generales, conversó con Prensa Libre sobre los casos en los que se le señala, tramas que califica como "monedas de cambio" y que sentarán un precedente que condicionará a los profesionales que quieran llegar a ser magistrados electorales.

Palencia asegura que existe una persecución en contra de las autoridades electorales desde el 2022 por parte de varios grupos que siguen promoviendo las denuncias y presiones por el descontento con los resultados del proceso de sufragio.

Después de siete meses de haber concluido el proceso electoral y su periodo como presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ¿Cómo analiza los cuestionamientos hacia lo resultados electorales?

Es sumamente lamentable, es triste para el país. Tal vez ahorita no capitalizan esta experiencia tan nefasta, pero a la postre, esto está dejando unos precedentes graves para la democracia, para el TSE.

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Con todo lo que hicieron de la judicialización de la democracia y del proceso electoral, es como que hubiésemos dado 15 pasos atrás. A siete meses los daños son, no quiero decir irreversibles, pero si no se detiene, si no se pone un alto en el camino a todo lo que está pasando, posiblemente sean irreversibles.

¿A cuáles repercusiones se refiere?

A nosotros nos empezaron a perseguir desde el 2022, desde cuando nos propusimos comprar en algún momento biometría. Lo que en el futuro y en el presente iba a evitar y a garantizar es que quien se enlistara en un nuevo partido o se afiliara en uno ya existente, iba a ser la persona que dice que es.

Cuando nosotros empezamos en el 2022 a querer dar esos pasos de modernidad, tuvimos tres denuncias de antejuicio de los mismos denunciantes -de ahora-.

Ya había una narrativa maliciosa, pero a nosotros nos llevó a pensar qué era como lo que ocurrió en otros países.

No es posible que las narrativas estén sujetas a lo que sí me gusta o sí me favorece, o le conviene, porque no se ve que el daño más allá del sistema electoral y la autoridad máxima de esa materia.

Me menciona que las presiones están sujetas a lo que le conviene a algunos; si el resultado electoral hubiera sido diferente, ¿cree que la situación fuera otra?

Por supuesto que sí. Depende de si fuera del agrado de ciertos grupos, sí, pero si fuera diferente de algo que no esperaban, pues fuera como ahorita o peor o un poco menos.

Sí creo que estuviéramos viviendo otra situación, lo creo firmemente, porque hasta el día de hoy hay algunas algunos grupos que no me aceptaron resultados, al menos públicamente.

Por otro lado, siento que las acciones en contra de nosotros fue una especie de venganza.

¿Y la compra del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales (Trep)? Que es otro de los aspectos que se investigan.

La herramienta del Trep lo que da son resultados preliminares, que después se cotejan con los documentos. Amazon tiene la experiencia de Guatemala, de las elecciones, como una práctica exitosa.

Eso fue opacado con los allanamientos, con los hostigamientos que teníamos. Yo recibí amenazas, recibí persecución de motorizados.

El Trep es una inversión, no fue un gasto, porque queda para la próxima elección, la misma empresa en el contrato se comprometió a darnos 18 meses de inversión.

¿Esas amenazas o presiones vinieron de alguno de los diputados que la eligieron como magistrada electoral?

No, siempre eran amenazas anónimas, llegaban a mi teléfono, las denuncias las tuvo el MP en su momento, pero ya las archivó.

Con esta posibilidad de volver a utilizar el Trep, ¿considera que la judicialización puede repercutir en el proceso electoral de 2027?

Puede afectar muchísimo, dependiendo si se sigue politizando la institución. Solo si se sigue politizando va a afectar. Al Trep lo que se está cuestionado es la compra y su precio, no su eficiencia ni el servicio que dio.

¿Qué cambio del momento en el que salió del país para cuando volvió, hubo garantías?

Nosotros en enero queríamos venir, el 11 de enero presentamos el memorial para presentarnos voluntariamente. Algunos de los compañeros ya estaban muy cerca de la frontera, pero fueron alertados de que las órdenes de aprehensión estaban ya firmadas. Agregaron, los que pasaron esa información, que de llegar nosotros al país antes de la toma de posesión no iban a tomar posesión ninguna de las autoridades. Íbamos a ser el trofeo.

Esperamos más de tres semanas y no lo resolvían -el memorial-. Mejor nos aparecimos en el Tribunal.

¿Y confía en el sistema de justicia?

Es lo único que me queda a mí y a mis compañeros, es lo único que nos queda. Esperar, dar otro salto de fe y esperar que ellos tengan la neutralidad.

Lo que es triste es que ahora están usando nuestro caso, y no sé si los que vienen, que ya están en el Congreso, como moneda de cambio. Es decir, magistrados o jueces que tengan interés de ser magistrados -electorales-, depende cómo resuelvan, los eligen. Es un temor latente.