La canciller Sandra Jovel hizo el primer anuncio desde Nueva York, después lo hizo el presidente Jimmy Morales, acompañado de su gabinete y personas que supuestamente sufrieron abusos de la Comisión.
A los pocos minutos, el secretario general de la ONU, António Gutérres, rechazó la postura de Guatemala: “El secretario General rechaza enérgicamente el contenido de dicha carta”, indica un comunicado de ese organismo.
Los argumentos
El mandatario Jimmy Morales enumeró varios casos en que señala abusos de la Cicig, entre ellos los que involucran al exministro de Gobernación Carlos Vielmann, a la familia Bitkov y a los hermanos Valdés Paiz.
Tanto Morales como Jovel resaltaron que desde agosto del 2017 Guatemala planteó varias inconformidades al secretario general de la ONU, sin que respondiera a ninguna.
Sin embargo, Gutérres aseguró que Naciones Unidas ha estado intercambiando “de manera constructiva” con el gobierno guatemalteco durante los últimos 16 meses a varios niveles, como lo dice el artículo 12 del acuerdo que dio vida a la Comisión.
En el pronunciamiento del secretario General, la frase más clave para los analistas es: “El mandato de la Comisión finalizará el 3 de septiembre del 2019”.
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“Esa es la afirmación clave que podría justificar no solo la ONU, sino cualquier persona que quiera demandar al Estado de Guatemala, de que el presidente y el gobierno guatemalteco están violando tratados internacionales”, apuntó uno de los consultados.
El excanciller Fernando Carrera hizo ver que lo que el Ejecutivo hizo fue denunciar el acuerdo de creación de la Cicig, pero eso no significa que esté terminado. La diferencia jurídica entre denunciarlo y terminarlo radica en una negociación.
“Unilateralmente cualquiera de las dos partes pueden denunciarlo, pero la terminación solo se da por acuerdo entre las partes”, indicó.
“Si yo no estoy de acuerdo con este tratado, lo denuncio, pero para terminarlo necesito estar de acuerdo con ONU y esto viene desde la Convención de Viena”, agregó.
De esa cuenta, Carrera dijo que el gobernante tiene toda la capacidad jurídica de denunciar el convenio entre el Estado de Guatemala y la ONU, pero que la terminación requiere de negociación.
“Los contratos privados de Derecho Civil dicen: ‘yo no estoy de acuerdo y se termina’. Eso no sucede con los tratados internacionales”, insistió el excanciller.
Además dijo que el solo acto de rechazar la denuncia “automáticamente” manda a negociar el término del acuerdo, el cual, reiteró, no es inmediato.
“Ahora lo que viene: El procedimiento que llevó a cabo el Gobierno lo aísla internacionalmente. Gobiernos como el de Estados Unidos y europeos, que han manifestado respaldo al trabajo de la Cicig, van a estar cuestionando esa posición de Guatemala”, manifestó el exjefe diplomático.
Dos escenarios
Un especialista en Política Internacional explicó que hay dos tipos de instrumentos los que cobran validez únicamente con la firma del representante del Estado, sin pasar por el Legislativo, y aquellos que por su contenido podrían contraponerse a la legislación ordinaria y deben ser aprobados por el Congreso.
“El de la Cicig fue aprobado por el Congreso. Eso no debe perderse de vista. Por lo tanto, al ser aprobado por el Congreso, se convierte en ley de la República”, señaló.
Agregó que la práctica internacional indica que el Ejecutivo podría denunciar un tratado sin necesidad de ir al Congreso, en virtud de que el origen de ese acuerdo fue una negociación del propio gobierno.
No obstante, hizo ver que eso es solo una práctica internacional, que no está plasmada en ningún lado.
Es en ese punto en el que hay poca claridad, y será lo que argumente la Corte de Constitucionalidad, pronosticó.
“Si el Organismo Ejecutivo no manda ese acuerdo gubernativo o denuncia del acuerdo de la Cicig al Congreso, la CC declarará que esa denuncia es inconstitucional porque no fue primero al Congreso”, anticipó.
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Aunque el oficialismo afirma tener más de 90 votos —se necesitan 80— para avalar la decisión del presidente Jimmy Morales, el internacionalista aseguró que no se llega ni siquiera a los 80 para que una ley ordinaria modifique o derogue la otra ley ordinaria del acuerdo de la Cicig.
“La CC va a terminar diciendo que es inconstitucional y esto obligará al presidente a conseguir los votos en el Congreso de la República”, advirtió.
En el escenario externo, la ONU podría plantear que el asunto se lleve a una corte internacional, lo cual sería muy tardado.
“El escenario es uno como el de Nicaragua, Venezuela y otros países rebeldes que no respetan el ordenamiento jurídico, y prevalecerá la imagen de un gobierno ultraderechista, conservador y que protege a los ricos, cuando la pobreza es terrible en Guatemala”, resaltó.
Acción peligrosa
Un politólogo guatemalteco destacó que quienes están interesados en la salida de la Cicig podrían tomar nota de la debilidad que genera en el país la acción del Ejecutivo, especialmente si las cortes rechazan esa medida.
“Esa acción podría ser de una persona que en la conferencia estaba atrás del presidente, el único que tenía uniforme, y no había nadie más con uniforme. Ahí se los dejo para que lo analicen”, afirmó.
Después, organizaciones y fundaciones que respaldaron la decisión presidencial abogaron por hacer que termine el mandato de la Cicig y sugirieron incluso estados de Excepción.
En el Congreso
El diputado del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) Estuardo Galdámez presentó ayer un oficio a la Comisión Permanente para que convoque a una sesión extraordinaria a fin de que, con el apoyo de 80 diputados, ese organismo pueda manifestarse en contra de las resoluciones de la CC y se apoye al mandatario para expulsar a la Cicig del país.
La primera petición de Galdámez es analizar las actuaciones de la Cicig “en relación a los últimos acontecimientos y determinar que, si sus actuaciones son contrarias a la institucionalidad, al estado de Derecho”, sea expulsada y se dejen sin efecto sus actuaciones.
La segunda es que el Legislativo se manifieste públicamente por la “extralimitación de las funciones que le confiere la Constitución a la CC”.
Ayer, dos acciones de amparo se presentaron ante la CC contra la acción del Ejecutivo, una del abogado Alfonso Carrillo, que fue aceptada para su trámite, y otra de la organización Acción Ciudadana.
Rechazo
La congresista estadounidense Norma Torres declaró: “La presidencia de Jimmy Morales ha retrasado el país años, si no décadas. (…) En un mes, como resultado de la legislación que patrociné el año pasado, el Departamento de Estado debe informar al Congreso sobre los altos políticos centroamericanos involucrados en la corrupción y el narcotráfico.
Ese informe, que debe ir seguido de sanciones en virtud de la Ley Global de Responsabilidad de los Derechos Humanos de Magnitsky, se necesita ahora más que nunca”, expuso. El senador Patrick Leahy, manifestó: “El Congreso de los Estados Unidos responderá en consecuencia. El presidente Morales, y aquellos en su gobierno que defienden tales actos, ya no son bienvenidos aquí”.
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