Antecedentes electorales
En Honduras han coexistido hasta el 2009 los dos partidos más longevos y centenarios de Centroamérica, siendo estos el Partido Liberal y el Partido Nacional. Es con la crisis política que se desarrolla ese año que el bipartidismo tradicional empieza a debilitarse, permitiendo el surgimiento de nuevas expresiones partidarias que vienen a cuestionar al sistema.
Es importante rescatar que a pesar de encontrarnos a ocho años de la llamada “crisis política” por unos y “el golpe de Estado” por otros, el entorno electoral del 2017 aún estuvo matizado por resabios de aquel entonces.
El núcleo central de lo acontecido en Honduras en el 2009 se resume en la “expulsión del país” del entonces presidente liberal Manuel Zelaya por su iniciativa de consultar al pueblo la posibilidad de su reelección, muy a pesar de que la Constitución lo prohíbe.
También se le señaló de actuar bajo la influencia de la propuesta bolivariana del gobierno venezolano, “el socialismo del siglo XXI”. Producto de ese rompimiento institucional se nombra desde el Poder Legislativo a un presidente transitorio que administra el Gobierno hasta la entrega del poder al que resulte ganador en las elecciones generales que se desarrollan en noviembre de ese mismo año.
El resultado de las elecciones celebradas en noviembre del 2009 le da la presidencia a Porfirio Lobo, del Partido Nacional. El Congreso Nacional de Honduras —128 diputados— se conformó con 71 diputados nacionalistas, 44 diputados liberales; las otras 13 curules son ocupadas por representantes de pequeños partidos. Es importante resaltar que en estas elecciones se inicia el debilitamiento del “bipartidismo tradicional”. La crisis del gobierno de Manuel Zelaya y el rompimiento institucional impacta a lo interno del Partido Liberal, que presenta divisiones muy fuertes. Del rompimiento que sufre el Partido Liberal surge el Partido Libertad y Refundación (Libre).
Para las elecciones generales del 2013 participan por primera vez dos nuevos partidos: Libre, que postula como candidata a Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, y el Partido Anticorrupción (PAC), encabezado por Salvador Nasralla Salum, su máximo estandarte en la lucha contra la “vieja política” y también su candidato presidencial. El Partido Nacional, en gobierno, postula a Juan Orlando Hernández —electo diputado en el 2009—.
Los resultados de ese año dan como ganador al candidato oficial del PN. Es importante hacer notar que el segundo lugar lo ocupa ya un partido de reciente conformación, Libre.
El otro partido centenario, el Liberal, queda en tercer lugar, profundizando así su crisis interna. El PAC, también de reciente surgimiento, se instala en el cuarto lugar. Con este proceso se da por concluido el tradicional bipartidismo hondureño. Indudablemente el sistema político debía modificarse.
Segundo gobierno del PN
El caso de la gestión del segundo Gobierno del Partido Nacional encabezado por Juan Orlando Hernández fue mucho más complejo. El llamado a la “unidad nacional” fue el lema del primer gobierno, con ello buscó superar las polarizaciones y divisiones a causa de la crisis institucional del 2009.
En su segundo período de gobierno, el PN tuvo una bancada parlamentaria menor a la primera, esta vez con 48 diputados. La bancada del nuevo partido Libre se conformó con 37 y la liberal con 27 curules. El PAC obtuvo 13 escaños. Otros tres diputados fueron electos de partidos pequeños.
El Gobierno enfrentó desde el inicio escándalos de corrupción, muchos provenientes del primer gobierno.
Algunos casos emblemáticos de señalamientos de corrupción los protagonizaron el exministro de inversiones y la vicepresidenta del Congreso. Esta última, en el caso de la compra de medicina para el Instituto de Seguridad Social de Honduras.
El Gobierno buscó disminuir la alta tasa de criminalidad. Sin embargo, asesinatos como el de una reconocida ambientalista generaron fuertes movimientos de protesta y presión por la depuración de las fuerzas de seguridad y el fortalecimiento de imperio del estado de Derecho.
En medio de fuertes protestas de inconformidad, el Gobierno desarrolla programas sociales y económicos. Propuso iniciar procesos para generar transparencia y rendición de cuentas.
Se autocalifica como un gobierno que no duda en utilizar jurídicamente el recurso de extradición en el caso de narcotraficantes solicitados por la justicia de Estados Unidos.
El 2015 se puede caracterizar por ser de especial efervescencia con protestas y marchas pidiendo en algunos casos la renuncia del presidente —al mejor estilo de las demandas de la plaza en Guatemala—. Ya para este momento se percibe un fortalecimiento organizativo del partido Libre y una serie de divisiones internas en el PAC de Salvador Nasralla, acciones que concluyen con su salida.
Como efecto de las demandas y protestas de ese año y de los espacios de diálogo promovidos por el Gobierno, se logra concretar en el 2016 el establecimiento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). La misión es apoyada por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Elecciones del 2017
Con la firma del acuerdo para la creación de la MACCIH el 19 de enero del 2016, la misma se da por instalada y tiene dentro de su mandato los siguientes temas: 1. Prevención y combate de la corrupción —asesoramiento y supervisión por un grupo de abogados y fiscales internacionales, propuestas de reforma—. 2. Reforma del Derecho Penal —recomendaciones, observatorio de la judicatura por la sociedad civil—. 3. Reforma electoral —financiamiento de partidos y jurisdicción electoral—. 4. Seguridad pública —desarrollo de capacidades y apoyo—.
Con el apoyo de la MACCIH, se desarrolla e implementa la Ley de Política Limpia. Esta busca garantizar el buen manejo de los recursos dinerarios y en especie que administran los partidos políticos en sus campañas electorales: que el dinero mal habido no tenga espacio en la política.
Entre los elementos más significativos de la ley citamos: límites de gasto a los partidos en campaña, registros confiables de las donaciones económicas o en especie y la creación de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización.
También se aborda el tema de acceso a medios de comunicación por parte de los partidos —se busca equidad entre ellos— y se prohíben donaciones de empresas contratadas por el Estado para campañas políticas.
En noviembre del 2016 se desarrolla lo que podría representar la mayor sombra para la futura campaña presidencial de reelección del presidente Juan Orlando Hernández y el PN.
En ese mes, se anuncia que el Presidente buscará la reelección y que le asiste el derecho, para tal efecto, la dirigencia del PN se ampara en dos resoluciones emitidas por la Corte Suprema de Justicia en el 2015 a favor de varios recursos de inaplicabilidad del artículo 239 de la Constitución.
En su histórico fallo, los cinco magistrados, argumentaron que no se reformó la Carta Magna porque no tiene facultades para ello, pero sí declararon la inaplicabilidad del mencionado artículo de la Constitución hondureña. Además, según ellos, el artículo violenta convenios internacionales que están por encima de la ley primaria hondureña.
Desde ese momento, “la reelección quedó permitida en Honduras” y la polémica se instaló a nivel de país a partir de las resoluciones.
Abogados constitucionalistas sostuvieron la tesis de que “jamás una sala constitucional puede asumir las facultades o atribuciones que solo le competen a una Asamblea Nacional Constituyente”.
Con el amparo de las resoluciones, el presidente Hernández se inscribe en dos planillas para participar en las elecciones primarias e internas del PN, celebradas en marzo pasado.
A la postre, resulta siendo el ganador de las primarias con un respaldo de no menor al 90% de los votos emitidos. Su salvoconducto para participar de nuevo en una campaña electoral para la presidencia estaba completo.
Es importante recalcar que la resolución judicial de permitir la reelección del presidente Hernández fue motivo de expresiones de rechazo que incluyeron llamados a la resistencia ciudadana.
En diciembre del 2016, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se pronuncia a favor de inscribir a Juan Orlando Hernández como candidato. El voto de los Magistrados a favor es dividido —2 a 1—.
Indudablemente los resultados de la elecciones primarias en marzo del 2017 permitieron conocer la fortaleza electoral que tenía para las elecciones generales el Partido Nacional. Ese punto aceleró la conformación de una alianza entre partidos de oposición.
La Alianza contra la Dictadura se organizó entre los partidos Libre y el Partido Innovación y Unidad (PINU), que promovieron la candidatura presidencial de Salvador Nasralla.
La fórmula a la presidencia la completa Xiomara Castro, esposa de Manuel Zelaya y excandidata presidencial por Libre en las pasadas elecciones. Sostuvieron un discurso de estar listos para luchar y combatir por ganar las elecciones.
Durante la campaña, el tema de la inseguridad, los señalamientos de militarización de las áreas públicas, la corrupción en el Gobierno, los pendientes en la agenda social y económica, además del tráfico de influencias a lo interno del PN se convirtieron en herramientas para la campaña de la oposición. Se deben agregar las vinculaciones que se le hacían al partido oficial de obtener recursos del crimen organizado.
La Alianza se caracterizó durante la campaña por su discurso antisistema e irreverente, un discurso provocador y confrontativo. La imagen del candidato presidencial Nasralla descansó en la figura de los llamados outsiders.
La Alianza siempre estuvo bajo los señalamientos de recibir apoyo de países del ALBA y de querer ampliar en Centroamérica los fundamentos del llamado Socialismo del Siglo XXI.
Fue señalada de permitir la intromisión en asuntos propios de los hondureños de asesores provenientes del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Partido de la Revolución Democrática de México .
Noviembre de 2017: El llamado día D
La jornada electoral transcurrió con bastante normalidad y la asistencia de los votantes a las urnas fue aceptable.
El proceso como tal no estuvo libre de errores, pero nada que fuera determinante para alterar los resultados esperados para las primeras horas de la noche.
La espera por conocer los primeros resultados se prolongó toda la noche del domingo 26 de noviembre —en las elecciones del 2009 y del 2013 el TSE brindó declaraciones de tendencia de votación más o menos dos horas después del cierre de los centros de votación—, y no fue sino hasta pasada la medianoche que los magistrados del TSE se pronunciaron.
Lo que anunciaban no dejaba de ser una sorpresa: “el candidato opositor Salvador Nasralla, de la Alianza, encabezaba la carrera por la presidencia; en segundo lugar, Juan Orlando Hernández, del PN”. Es muy importante rescatar que durante la noche del domingo, los candidatos del PN y de la Alianza se autoproclamaron ganadores de las elecciones generales. La incertidumbre por el resultado final del escrutinio se había acentuado.
El silencio no esperado del TSE, la autoproclamación de los candidatos del PN y de Alianza como ganadores del proceso y la tendencia que anuncia el TSE en las primera horas del lunes 27 brindándole a Nasralla el primer lugar eran apenas las primeras muestras de un final muy complicado.
Ya pasaron 15 días desde que se desarrollaron las elecciones y aún no hay un ganador confirmado por el TSE.
Durante estos días hemos leído y escuchado solicitudes de diverso tipo: revisar un mil o cinco mil actas, realizar un nuevo conteo general de los votos, anular el proceso electoral, solicitar la conformación de un ente electoral externo que audite y garantice la autenticidad y legalidad de las más de 18 mil actas electorales y que la Alianza acepte la derrota, entre otros planteamientos.
Nada de lo que se haga ahora podrá recuperar la credibilidad del proceso electoral —fundamental para legitimar a las autoridades que resultan electas—. La salida a la ingobernabilidad que se anuncia no es sencilla.
A partir de la experiencia de Honduras, debemos recordar que los partidos políticos buscan el poder para transformar y dirigir el desarrollo, los tribunales electorales son imparciales y garantizan la legitimidad y credibilidad de los procesos electorales, el Estado se organiza para garantizar el bien común.
La base fundamental de una verdadera democracia es la ciudadanía.
(*) Director General del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep)
