Adeline Nau, investigadora para Centroamérica y México de Amnistía Internacional, destacó que con la próxima entrada en vigor de la ley estarán vigilando con mayor atención el escenario guatemalteco, para evitar que la criminalización a líderes sociales, que ya existe, se agudice.
¿Cómo cambiará Guatemala con estas nuevas disposiciones legales?
Amnistía Internacional, a lo largo de los últimos años, ha realizado varias acciones de incidencia y de campaña para pedir, primero al Congreso y luego al presidente no seguir con la ley de oenegés, con esas reformas.
En nuestro sentido hay varios motivos de preocupación. Amnistía Internacional en los últimos años ha acompañado a muchas personas defensoras de derechos humanos que han sido criminalizadas, es decir, que se usa de manera perversa el derecho penal para impedir que realicen sus acciones.
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Lo hemos visto a nivel individual o de pequeños grupos y ha sido una tendencia, lo que vemos es que esta ley tiene algunas normas que podrían derivar en una interpretación arbitraria y provocar el cierre de organizaciones de derechos humanos.
Algunas de las problemáticas son poner en riesgo la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho a defender los derechos humanos que debería de garantizar el Estado de Guatemala.
¿Hay antecedentes en la región latinoamericana, o en otra parte del mundo, de leyes similares?
Sí, podemos citar un ejemplo muy cercano. Cuando un gobierno usa una apariencia de legalidad para impedir justamente la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho a defender derechos humanos, ya nos estamos acercando a un gobierno autoritario; ejemplos muy cercanos a Guatemala podemos citar Nicaragua con el cierre arbitrario de organizaciones y detener y procesar a personas defensoras de derechos humanos.
Entonces, el riesgo está en la aplicación arbitraria de la ley de oenegés en Guatemala, porque tiene una formulación muy amplia. Por ejemplo, en la parte sobre el financiamiento internacional que el gobierno puede decidir, básicamente, si una oenegé viola lo que se concibe como el orden público, –y– el orden público tiene una formulación muy amplia, entonces hay mucho margen de interpretación y se podría utilizar para cerrar de manera definitiva organizaciones de derechos humanos que han sido incómodas para el gobierno reclamando por los derechos de las víctimas del conflicto armado interno, por fiscalizar las actuaciones del gobierno, por denunciar la corrupción, y eso sería muy grave porque es fundamental la labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos y en particular, quienes están en organizaciones.
hay serias razones de pensar que una ley que puede ser redactada de manera neutra, en realidad pueda ser utilizada para continuar el acoso contra personas defensoras y cerrar definitivamente sus organizaciones
¿Existe algún peligro para Guatemala con la aplicación de estas nuevas reformas?
Amnistía Internacional ha documentado, ha acompañado a personas defensoras en los últimos años con demandas absurdas que se mantienen por años con expedientes completamente vacíos.
Ese fenómeno ha sido recurrente, hemos analizado en Amnistía Internacional varios de esos procesos y en Guatemala podemos decir que sí se usa el derecho penal de manera indebida para criminalizar a las personas defensoras, es decir, para limitar sus labores como castigo por sus acciones y para callarlas.
Entonces claramente existe en Guatemala un patrón de criminalización a quienes defienden los derechos humanos. Precisamente es que al aprobarse esta ley es que se nos encienden todas las alarmas, hay serias razones de pensar que una ley que puede ser redactada de manera neutra, en realidad pueda ser utilizada para continuar el acoso contra personas defensoras y cerrar definitivamente sus organizaciones.
Quienes impulsaron las reformas legales aseguran que su único espíritu es la fiscalización ¿Cómo evalúan esta afirmación?
Ya existen mecanismos de control para establecer una organización sin fines de lucro o a una oenegé en Guatemala o en otros países, y de hecho las organizaciones de derechos humanos están sometidas a muchos controles, en particular de sus donantes, incluso si son extranjeras.
No es una ley que de por sí está dirigida a cerrar las organizaciones, pero por todo el contexto preexistente de criminalización, de declaraciones estigmatizantes y a veces hasta difamatorias por parte de algunas autoridades, es que nace esa grave preocupación de que sea instrumentalizada la ley de oenegés.
El riesgo realmente reside en que se malinterprete a propósito de lo que es el orden público, qué debería hacer o no una organización y que se utilice para limitar sus actividades
¿Cuál es la ventaja política de que el país cuente con una ley de control de oenegés?
El peligro de esta ley reside en su interpretación por parte de las autoridades, que puedan utilizarla de madera arbitraria, sobre todo el significado de el orden público.
Hay uno de los artículos que menciona que, si una organización recibe financiamiento internacional, y que, si realiza con ese financiamiento actividades contra el orden público, entonces podría haber sanciones.
El riesgo realmente reside en que se malinterprete a propósito de lo que es el orden público, qué debería hacer o no una organización y que se utilice para limitar sus actividades, que se restrinja y hasta incluso que se decida que las autoridades ordenen el cierre de las organizaciones que les resulten incomodas y ese es un gran peligro. Es fundamental la labor que realizan las organizaciones de derechos humanos.
Los opositores a esta ley temen que se utilice como un arma para callar a las voces que critican al gobierno ¿Ese temor tiene fundamentos?
Efectivamente. Existe una tendencia a la no tolerancia o muy leve tolerancia a la crítica, a la fiscalización de las autoridades, a los reclamos legítimos para que ponga fin a la corrupción que afecta el goce de los derechos humanos en el país, y aunado a esto hemos observado que existe en Guatemala ciertos sectores que se imponen a la lucha contra la impunidad y contra la corrupción, el llamado “pacto de corruptos”, ese sector parece que tendría mucho que ganar con que se persiga a las organizaciones de derechos humanos que han luchado con las familias para llevar ante la justicia a perpetradores de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno, que han señalado y expuesto la corrupción y sus consecuencias, reclamado transparencia, entonces, estos sectores en Guatemala tienen mucho que ganar con esta ley, pero la sociedad en Guatemala tendría mucho que perder.
Esta ley va a representar ciertos riesgos para la libertad de expresión, para la libertad de asociación, para el derecho de defender.
¿Cómo queda Guatemala ante la comunidad extranjera con la aplicación de este tipo de leyes?
Guatemala queda muy mal a nivel internacional. Existe esta percepción en Guatemala, Amnistía Internacional ha sido partícipe de exponer los graves retrocesos en materia de derechos humanos, en la lucha contra la impunidad, con el cierre de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, con los ataques reiterados a los operadores de justicia, fiscales, jueces, magistradas, hasta contra el propio Procurador de Derechos Humanos.
Entonces, ya existe una preocupación por los retrocesos que se están viviendo en Guatemala y lo que provocaría que se malinterprete el contenido de la ley de oenegés para profundizar en la criminalización contra personas defensoras sería una señal más de autoritarismo.
Esta ley va a representar ciertos riesgos para la libertad de expresión, para la libertad de asociación, para el derecho de defender. Por esas razones. Amnistía Internacional básicamente pide derogar esa ley, mientras estaremos alertas para que no se use para callar la voz de las personas defensoras.
