A criterio de analistas económicos consultados, el incumplimiento de las medidas de resarcimiento alimenta la conflictividad en una región cuyos habitantes continúan sumidos en la pobreza y enfrentan a diario la ausencia del Estado, lo cual envía un mal mensaje a inversionistas extranjeros, sobre todo los relacionados con la generación de energía eléctrica.
El atraso en el cumplimiento de las medidas de resarcimiento se supo después de que, como lo dio a conocer ayer Prensa Libre, el Congreso y el Senado de EE. UU. aprobaran a inicios de este mes la Ley de Asignaciones Consolidadas para el presupuesto del 2014.
La normativa busca presionar al Gobierno para que cumpla con el plan de reparación a los afectados por la hidroeléctrica Chixoy, para continuar con el apoyo militar al Ejército.
También presiona a los directores de los bancos Mundial (BM) e Interamericano de Desarrollo (BID) para que rindan informes sobre el avance de ese proceso.
Advertencia seria
Édgar Gutiérrez, excanciller y director del Instituto de Problemas Nacionales, de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), calificó de una “seria advertencia” la presión que busca ejercer EE. UU. sobre el país, y expuso que con ello se envía un mal mensaje de Guatemala a la comunidad financiera internacional.
“Sería la primera vez que, habiendo cumplido el país con sus obligaciones crediticias, se suspenda o cierre una o dos ventanillas de crédito por motivos de derechos humanos. Es la primera vez que se hace un condicionamiento tan serio, y sí, es un llamado de atención fuerte al Gobierno”, refirió.
David Casasola, economista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, explicó que la conflictividad que permanece en torno al caso Chixoy impactará en las inversiones que se hacen en el área de generación de energía y despertará”más focos de conflictividad y de oposición a este tipo de proyectos”.
Emmanuel Seidner, diputado de la bancada de Compromiso, Renovación y Orden, coincidió con Casasola, ya que “después de 30 años de haberse construido el proyecto, aún tiene repercusiones, y eso no es positivo para el país, porque genera temor”.
“Nos pone en desventaja frente a otras naciones donde el marco legal vinculado a la construcción de infraestructura es mucho más concreto”, indicó Jonathan Menkos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.
Según Juan Carlos Zapata, analista en temas energéticos, “resarcir a las víctimas de Chixoy y mejorar las condiciones de vida de sus actuales habitantes es vital para reducir la conflictividad y la percepción negativa que tienen las comunidades indígenas sobre las hidroeléctricas”.
Ya se resarció
Marinos Boer, gerente general del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), aseguró que la institución “ya cumplió en su momento con el resarcimiento y la reubicación de las 502 familias” que, según el censo de hace 30 años, estaban asentadas en el área del complejo hidroeléctrico.
Afirmó que, siendo Guatemala un país de vocación hidroeléctrica, por los recursos hídricos que posee, esta situación podría crear “la imposibilidad” de hacer viable cualquier proyecto hidroeléctrico, tanto estatal como en el ámbito privado.
Por si la desmotivación de invertir en Guatemala fuera poca, los analistas también advierten de que el Ejecutivo tendrá más problemas para financiar el presupuesto de este año, por el riesgo de que ni el BM ni el BID aprueben más préstamos al país.
“Este año quedó vigente el presupuesto del 2013, que ya incluía préstamos a estas instituciones”, dijo Gutiérrez.
Casasola teme que, si se cierra el acceso a créditos del BID y BM, el Estado deba recurrir de manera obligada a otras fuentes de financiamiento a mayores tasas de interés.
CONDICIONA APOYO
La Ley de Asignaciones Consolidadas incluye ciertas limitaciones para la cooperación.
Cumplir con indemnización
La norma señala que los fondos contenidos en la Ley del Presupuesto del 2014 de EE. UU. se otorgarán al Ejército de Guatemala si se certifica que el Gobierno está tomando medidas creíbles para cumplir con el Plan de reparación de daños a los afectados por la hidroeléctrica Chixoy que firmó en el 2010.
Piden aclarar adopciones
Si el país desea seguir en los programas de educación y entrenamiento militar y de financiamiento militar, se deberá certificar que el Gobierno de Guatemala ha resuelto los casos de adopción de niños guatemaltecos y padres estadounidenses, pendientes desde el 31 de diciembre del 2007.
Informe de organismos
La Ley involucra a los bancos Mundial y de Desarrollo Interamericano y financistas de la hidroeléctrica Chixoy para que informen al Comité de Asignaciones cómo avanza el proceso de reparación de los daños afrontados por los comunitarios con el proyecto hidroeléctrico.
Motivaciones para normativa
El Comité de Asignaciones justificó las condicionantes a Guatemala con tres aspectos.
Comunidades de Chixoy
Porque existe preocupación por el fracaso del Gobierno de Guatemala en la implementación del Plan de reparación de daños sufridos por las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy.
Seguridad y fuerzas armadas
El Ejército debe tener una misión estricta y centrada en la seguridad y amenazas externas y fronterizas, y un plan creíble de que terminará su involucramiento en el cumplimiento de las leyes internas.
Cooperación en investigaciones
Las fuerzas armadas deben cooperar con la CIDH y la Cicig en las investigaciones y juicios por casos de violaciones de derechos humanos de civiles que involucren a militares activos o retirados.
33 comunidades fueron desplazadas durante la construcción.
6 mil familias habitaban la cuenca del río Chixoy.
440 muertos hubo en la aldea Río Negro por rechazar el proyecto.
“Falta trabajo para lograr certificación”
“Lo que temíamos ha ocurrido, porque el tema de las adopciones ha venido cobrando un altísimo nivel de interés y preocupación en decisivos sectores del Congreso de Estados Unidos”, expresó el embajador de Guatemala en aquel país, Julio Ligorría, al ser consultado sobre dos condiciones que restringen la cooperación con el Ejército guatemalteco.
“La Cámara de Representantes del Congreso votó el 15 de enero a favor de la aprobación de la Ley de Apropiaciones para el año fiscal 2014, luego lo hizo el Senado, y el presidente Barack Obama la ratificó dos días después. La norma incluye dos nuevas condiciones bajo el rubro ‘cooperación militar bajo ciertos fondos específicos'”.
Ligorría dijo que él advirtió, en reciente entrevista con este diario, del interés por las adopciones guatemaltecas en el Congreso norteamericano. La otra condición está relacionada con el programa de resarcimiento por los daños causados a comunidades en la construcción de la hidroeléctrica Chixoy.
¿Quién asume la responsabilidad sobre las adopciones en el país?
Es complejo, porque es multisectorial. Intervienen el Consejo Nacional de Adopciones, el Organismo Judicial, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público y la Cancillería, que a través de esta embajada recibe toda la presión norteamericana, que reclama por lo burocrático y lento de los procesos en Guatemala.
Hay que entender que las adopciones tienen un enorme componente emocional por parte de las familias vinculadas, tanto en EE. UU. como en Guatemala. Las familias norteamericanas ejercen una presión importante y constante en el Congreso de EE. UU.
¿Hay solución a corto plazo?
Tengo la esperanza de que sí. La Vicepresidencia implementó una fuerza de tarea en octubre pasado, que arrojó resultados de 115 casos que se encontraron, y al terminar el año solo quedaban pendientes 58 expedientes. En diciembre pasado tuvimos comunicación con las distintas instancias del proceso y se vislumbra una actitud decidida de apoyo, en especial en el Organismo Judicial.
¿Y en cuanto a Chixoy?
Es otro caso de gran complejidad. La buena noticia es que el coordinador del Sistema Nacional de Diálogo Permanente, Miguel Ángel Balcárcel, ha avanzado el trabajo con las comunidades. Ahora queda la voluntad de estas de ir adelante con la ejecución final del plan de reparaciones que se ha consensuado en los últimos meses y está pendiente de su aceptación por las partes.
¿Qué opina sobre las restricciones?
Aunque estas restricciones no son una buena noticia, el texto está redactado de manera muy positiva, pues habla de que la cooperación puede darse si hay certificación sobre los avances en los temas. Está redactado de una manera tal que, si se cumple con las condiciones, la cooperación se podría normalizar.
¿Quién certifica el cumplimiento de las condiciones?
La certificación para la cooperación entre Guatemala y EE. UU. queda a cargo de la Secretaría de Estado, y por la naturaleza de las condiciones que se han mantenido consideramos que es posible, porque todo está muy avanzado en los dos casos. La certificación requerirá mucho trabajo y voluntad de ambas partes. La ventana de tiempo que se abre para dicha certificación termina técnicamente en septiembre de 2014.
