El promedio es considerado bajo por analistas y ciertas gobernaciones departamentales, algunas de las cuales apenas en agosto pasado recibían los convenios de ejecución por parte de las municipalidades, algo que se debió hacer desde inicio de año puesto que sin estos avales no se puede ejecutar un proyecto.
Los Codede tienen un presupuesto vigente este año de Q4 mil 230 millones, para invertir en tres mil 703 proyectos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Inversión Pública (Snip) de la Secretaría General de Planificación de la Presidencia (Segeplan). Hasta el pasado 14 de septiembre, habían ejecutado Q1 mil 485 millones, el equivalente al 35%.
El monto de ejecución corresponde a dos mil 346 proyectos de inversión, lo que significa que hay mil 357 que ni siquiera han comenzado.
Según este portal, los departamentos que llevan más avanzada la ejecución y que en consecuencia mejoran el promedio son: Petén (70%), Baja Verapaz (66%), El Progreso (63%), Sololá (55%) y Jutiapa (53%); sin embargo, hay otros que ni siquiera han superado la barrera del 20%.
Los peores ubicados son: Huehuetenango, Chiquimula, Izabal, Suchitepéquez, Totonicapán y Quetzaltenango, de acuerdo con el Snip. Algunas de las gobernaciones de estos departamentos accedieron a dar explicaciones o comentarios a Prensa Libre.
Explicaciones
En el caso de la Gobernación de Quetzaltenango, departamento cuya ejecución en el Snip refleja apenas el 1%, la oficina de Consejos de Desarrollo aseguró que la ejecución real es del 26%. No obstante, es un promedio bajo y que presenta a municipios con evidentes atrasos como Salcajá y San Francisco La Unión que van en el 9% y 11%, respectivamente.
La Gobernación de Suchitepéquez informó que el 12% que refleja el Snip corresponde a los desembolsos, pero que el avance físico va en un 33%.
El director ejecutivo del Codede, Andony Rodas, explicó que todavía esperan que algunas municipalidades completen la documentación para tramitar los desembolsos en el Ministerio de Finanzas, con lo cual aumentará el porcentaje de ejecución. Añadió que el atraso se debió a que los convenios se firmaron cuando el plazo estaba por vencer.
Con Izabal ocurrió algo similar ya que los convenios se firmaron el 14 de agosto, la fecha límite.
“El atraso proviene de las direcciones municipales de Planificación”, indicó Axel Aceituno, director ejecutivo del Codede del departamento, ya que estas son las responsables de gestionar sus proyectos en la Segeplan y hasta que esta los aprueba se pueden firmar los convenios.
“Lo ideal es que los firmáramos a inicios de año. En Petén, en enero o febrero ya estaban firmando convenios porque las municipalidades se apresuran para que Segeplan les apruebe sus proyectos, cosa que no pasa aquí”, señaló.
Por su lado, el gobernador de Huehuetenango, Jorge de León, departamento que lleva una ejecución del 19%, de acuerdo con el Snip, aseguró que la ejecución física está por llegar al 50%, pero que se reflejará hasta en los próximos meses. “En octubre, noviembre y diciembre los avances se incrementan debido a que ya son reportados completamente”, aseguró.
Por Totonicapán, el gobernador José Pablo Ordóñez ofreció devolver una llamada telefónica para dar comentarios, pero no lo hizo. En el caso de Chiquimula no fue posible contactar a las autoridades de la Gobernación a los números de teléfono que aparecen en su página de internet.
No llega el desarrollo
Analistas coinciden en que el retraso en la ejecución de recursos de los Codede obedece a varios factores, desde cuestiones burocráticas hasta falta de capacidad de las municipalidades.
El analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), Luis Linares, afirmó que los procesos de ejecución de los consejos de desarrollo son complicados y deben de cumplir varios pasos antes de que se inicie con la construcción de una obra.
En primer lugar, los alcaldes deben identificar los proyectos, según lo que prioricen los consejos comunitarios de desarrollo, luego los consejos municipales (Comude) los avalan para luego pasar al Codede. Al contar con todos estos avales ya se gestiona la inscripción en el Sistema Nacional de Inversión Pública para empezar con la ejecución.
Aracely Martínez, directora de la Maestría en Desarrollo de la Universidad del Valle, expuso que hay un abanico de posibilidades que pueden explicar el retraso en la ejecución de los recursos de los Codede.
Entre estos, factores estructurales que tienen que ver con la asignación de los fondos o las barreras que pueda contar cada proceso en específico. Además, no descartó que el proceso electoral haya influido, si es que los funcionarios volcaron toda su atención a la campaña, o simplemente puede tratarse de una falta de capacidad de ejecución.
Martínez indicó que esta incapacidad impacta negativamente en el desarrollo de la población porque los impuestos no se transforman en obras de infraestructura o en el acceso de servicios públicos.
“Esas comunidades se quedan sin el servicio o sin el bien cuando sí hay recursos y cuando es una necesidad sentida. Son impuestos que ya no regresaron a las comunidades y se quedan en una estructura ineficiente y corrupta”, remarcó catedrática universitaria.
Evaluación
Linares cree que aparte del impacto sensible en las comunidades ya que no se concretan los proyectos, también está el mal uso que se han hecho de estos recursos.
Asies efectuó un estudio que está por presentar, en el cual se compila que desde 1994 al 2023 el Gobierno ha desembolsado más de Q44 mil millones para proyectos de consejos de desarrollo, sin que exista una medición de qué tanto ha impactado positivamente en la población.
“Esta es una cantidad extraordinaria y desmesurada y no se ha hecho una evaluación del impacto en el desarrollo”, subrayó el analista. “Muchas de estas obras no son prioritarias y otras, por ejemplo, son caminos que se les da mantenimiento y a los tres meses está igual”, señaló.
