La estrategia consta de cinco pilares: el primero relacionado a la inseguridad y desigualdad económica; el segundo que tiene que ver con el combate a la corrupción, fortalecimiento de la democracia y del estado de derecho; y un tercero, vinculado a la defensa de los derechos humanos, laborales y libertad de prensa.
Un cuarto eje tiene como fin contrarrestar y prevenir la violencia, y un quinto pilar, relacionado al combate a la violencia sexual, doméstica y de género.
Sin embargo, como ya lo ha remarcado en múltiples ocasiones el Gobierno de EE. UU., la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas no solo es un pilar de la estrategia, sino un eje transversal que es mencionado en el resto de los pilares.
Así lo enfatiza la introducción del plan al referir que todos los problemas que se abordan en la estrategia “contribuyen a la migración irregular y ninguno de ellos puede abordarse sin gobernanza democrática honesta e inclusiva”.
Pilares
Los objetivos del primer pilar del plan son: fomentar un entorno empresarial propicio para el crecimiento económico inclusivo, incrementar y diversificar el comercio, mejorar el desarrollo de la fuerza laboral y fomentar la resiliencia al cambio climático y la inseguridad alimentaria.
Para alcanzar tales fines, detalla el plan, una de las líneas de acción será promover la seguridad jurídica puesto que “un estado de derecho débil a menudo se cita como el principal factor que limita las inversiones”, por lo cual se trabajará en promover la transparencia y la ética empresarial.
También se propone trabajar con los gobiernos para reducir la malversación de fondos y la corrupción en las aduanas.
En el segundo pilar dedicado a la lucha contra la corrupción, EE. UU. plantea como objetivos: fortalecer las instituciones democráticas para mejorar el estado de derecho, la liberación de los gobiernos de las “arraigadas redes de corrupción e impunidad”, así como mejorar la capacidad de recaudar y administrar los recursos públicos.
En la estrategia EE. UU. se propone trabajar con sus socios para “promover la transparencia en los sistemas electorales a través de reformar y aplicar las reglas de financiamiento de campañas electorales”, en incluso mejorar la eficacia de los poderes legislativos, mediante la erradicación de la corrupción en estos, así como mejorar y transparentar su funcionamiento.
También se propone prevenir, detectar, investigar y perseguir la corrupción “en todos los niveles y ramas del gobierno y en toda la sociedad”.
Lo que dice el plan de EE. UU. sobre el objetivo final de la estrategia
Asimismo, señala que utilizarán varias herramientas, incluidas sanciones financieras, “para señalar que no toleraremos la corrupción y el comportamiento antidemocrático”. “Presionaremos a los gobiernos para que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y el estado de derecho con reformas decisivas y significativas”, subraya la estrategia.
El ambicioso plan de EE. UU. también asegura que trabajará con los gobiernos para establecer presupuestos y gestionar el uso adecuado de los recursos “a nivel local y nacional”. Añade que, para mejorar las finanzas gubernamentales “trabajará con los gobiernos para revisar la política fiscal” y así “identificar brechas e incongruencias en la tributación”, y expandir la base tributaria.
Quieren llevar esperanza
Identificados los problemas, EE. UU. busca con la estrategia llevar esperanza a las comunidades de donde cientos de miles de personas están huyendo.
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En nueve meses del año fiscal 2021, solo del Triángulo Norte de Centroamérica, las autoridades fronterizas han tenido 452 mil 154 encuentros con ciudadanos de estos países, un promedio de 1 mil 675 al día.
Dentro del casi medio millón de encuentros están 151 mil unidades familiares compuestas de uno o ambos padres de familia con al menos uno de los hijos, lo que quiere decir que el número de encuentros representa la detención o entrega de a 603 mil personas que llegaron de Guatemala, El Salvador y Honduras.
Por esa razón, la estrategia segura que el objetivo en el corto plazo es asegurarse de que la región “conozca el compromiso de EE. UU.” para que las personas “comprendan que la ayuda está en camino”, y así generar esperanza para un futuro mejor en casa.
Otro fin es brindar capacidad y financiamiento en los países para reactivar las economías afectadas por la pandemia y ayudar a las familias afectadas por las tormentas Eta e Iota de noviembre del 2020, que se ha convertido en otro factor de migración.
Implementación cuesta arriba
Aunque el plan fue diseñado por EE. UU., analistas coinciden en que, para su implementación los gobiernos de los países del Triángulo Norte son vitales.
Geidy De Mata, politóloga de la Universidad de San Carlos, señaló que se requerirá de una voluntad política real del Gobierno de Guatemala para fortalecer el estado de derecho, ya que, de lo contrario, la estrategia tendría “muy poco alcance”, ya que cualquier acción “pasa por quienes dirigen y toman las decisiones en nuestro sistema político”.
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En ese sentido, considera que debe existir un diálogo entre ambos gobiernos porque un estado de derecho fuerte beneficia a todos.
“Los guatemaltecos necesitamos certeza jurídica y que, entre quienes administran la cadena de justicia prevalezca el imperio de la ley. Un mercado fuerte donde exista un estado de derecho, con funcionarios calificados para resolver problemas, pero tiene que haber un compromiso”, dijo De Mata.
Construir puentes
Aunque puede haber diferencias o desacuerdos en las líneas de acción que presentó EE. UU., la politóloga considera que deben establecerse puentes de comunicación para “limar asperezas” porque los países son socios estratégicos, que geográficamente están cerca y que tienen intereses en común.
El internacionalista Roberto Wagner afirma que la estrategia presentada por EE. UU. tiene mejor definidos sus objetivos que el Plan Alianza para la Prosperidad que resultó ser un fracaso; sin embargo, coincide en que ambas partes “tiene que estar en la misma frecuencia porque si no, será otro plan fallido”.
“Por muy bueno que sea un plan de cooperación siempre va a depender de la voluntad de las partes”, subrayó, a la vez de remarcar que los gobiernos centroamericanos serán los principales actores de quienes dependerá que esta estrategia no fracase.
Al hablar de la necesidad de establecer esos puentes de comunicación, Wagner, mencionó la estrategia del premio y castigo que Washington puede implementar para impulsar la implementación de las partes del plan que más le interesan, y aunque pareciera que hoy las diferencias de EE. UU. con ciertos actores del Triángulo Norte son irreconciliables hay que recordar que “son políticos” y como tales puede que haya peleas, pero también reconciliación.
Para alcanzar estos objetivos será muy importante la habilidad diplomática y el trabajo que hagan algunos “mandos medios”, de EE. UU., como sus embajadores, dice Wagner, y por parte de los países de Centroamérica algunos ministros y viceministros de Relaciones Exteriores, Economía o Gobernación.
Corrupción
En cuanto a la lucha contra la corrupción, el eje trasversal del plan de EE. UU., el analista señaló que este es el tema más delicado, porque involucra no solo a los gobiernos, sino a una serie de actores legales e ilegales de un país.
Además, es un tema de muy largo plazo que hoy puede ser la prioridad de EE. UU. pero no se sabe si en tres años las actuales autoridades estadounidenses serán reelectas y con ello las prioridades podrían cambiar.
Úrsula Roldán, analista del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales de la Universidad Rafael Landívar, expuso que cualquier estrategia que proponga EE. UU. se puede truncar debido a que los gobiernos de la región no dan muestras de querer ser la contraparte del plan, cuando son los principales llamados a hacer propuestas para el desarrollo de las comunidades.
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“Todo lo contrario, pareciera que los gobiernos están socavando la estrategia y hay una total desatención a las prioridades de este plan”, señaló Roldán. Añadió que si no cambia la actitud de las autoridades guatemaltecas “el plan puede fracasar o tener un impacto mínimo”.
La analista cree que EE. UU. puede estar analizando qué más acciones puede adoptar para “cambiar las posiciones del Gobierno” de Guatemala puesto que, a su parecer, la lista Engel que incluyó a diversos guatemaltecos señalados de corrupción “no ha sido suficiente”.
“Lo veo difícil porque ya han dado muestras de que no lo van a hacer —cambiar de postura—”, subrayó. Si algo puede hacer que cambien es la presión de la ciudadanía y acciones más contundentes por parte de EE. UU., por ejemplo, el rastreo de flujos de dinero y hablar con el sector privado y poner sobre la mesa el impacto que tienen sus exportaciones hacia ese país para conseguir posturas de democratización.
“Si no convencen al sector empresarial tradicional, el sector político difícilmente va a tener un cambio”, aseveró.
Cooperación importante
Daphne Posadas, licenciada en Relaciones Internacionales, aseveró que la contraparte del Gobierno guatemalteco es “sumamente importante” debido a que para implementar sus estrategias se requiere la cooperación del poder ejecutivo y del sector privado y sociedad civil, entre otros.
Agregó que los problemas preocupan a EE. UU. y también a los guatemaltecos, por ejemplo, la reducción de la economía informal, brindar seguridad, justicia y un ambiente más agradable para hacer negocios y generar empleo.
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Por su parte, Jorge Benavides, investigador de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), destacó como “muy importante” el énfasis que el plan hace del trabajo conjunto entre distintos actores para generar oportunidades de vida.
Destacó el llamado que se hace a fortalecer el sistema punitivo de la corrupción donde “es clave la independencia de fiscales y jueces”. También la capacidad que puede tener EE. UU. en hacer evidente las reformas que se deben hacer en los próximos años.
No obstante, considera que el plan “no trata a profundidad la prevención y los controles a favor de la transparencia lo cual podría apuntalarse a través de inversión en tecnología y reducción de la burocracia”.
Coincidió en que, como dice el plan, la principal causa de la migración es la falta de oportunidades de empleo formal, por lo cual se necesitan inversiones nacionales y extranjeras y el uso eficiente de los recursos públicos, y priorizar la inversión en educación, salud e infraestructura.
