Álvaro Cordón, Marlon Barahona y Marco Antonio Cornejo, sostienen que existe una serie de falencias en la denuncia del Ministerio Público, entre ellas que fueron denunciados sin haber tomado decisiones en la compra del sistema informático de las elecciones, lo que originó la denuncia.
Luego de ser notificados de manera formal del antejuicio, los tres magistrados suplentes rompieron el silencio y explicaron a Prensa Libre por menores de la denuncia, que alcanza también a los cinco magistrados titulares.
“Nos causó una gran sorpresa por los contenidos, es un planteamiento del MP fundamentado en la denuncia de dos ciudadanos que son actores políticos de una ideología extremista”, explicó Cordón, al hacer referencia a la denuncia presentada por Giovanni Frati y Karen Fisher.
Antes de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) diera trámite al antejuicio, se presentaron certificaciones del TSE, en las que los magistrados suplentes hicieron ver que las decisiones alrededor del sistema informático estuvo en manos de los magistrados titulares, por lo que ellos no tenían responsabilidad.
“Los suplentes no participamos en el proceso de adjudicación, no participamos en la aprobación de lo actuado por las juntas, no participamos en el contrato ni en la aprobación final, que son los procesos administrativos”, dijo Cordón.
Sin análisis
Para Marlon Barahona, el Ministerio Público (MP) no analizó la denuncia, ya que el antejuicio era prácticamente una copia de la formulación de los denunciantes, añadió.
Destacó que el único medio de evidencia que presenta la denuncia, tras haber recibido copia de la misma, es la impresión de una revista extranjera aparentemente bajada de internet.
“Nos parece un abuso del derecho de denunciar que puede tener cualquier ciudadano. Cómo es posible que el abuso se pretenda señalar sobre un documento que imprimieron en una página de internet donde ilustran que la empresa a favorecido en otros países a partidos de izquierda”, señaló.
Pese a que los suplentes no tuvieron participación en la compra del sistema informático a la empresa Datasys, estos aseguran que se respetaron los lineamientos que marca la ley.
Para ellos, el verdadero fondo de los señalamientos es político en contra de las autoridades electorales.
“Esto tiene una relevancia en el momento que vivimos, porque acabamos de concluir un proceso electoral; es determinante, a nuestro juicio, que la intención de los que denunciantes es política”.
Actualmente, los magistrados titulares del TSE Mynor Franco, Gabriel Aguilera, Rafael Rojas e Irma Palencia ya presentaron amparos ante la CC, con lo que buscan frenar el trámite de los antejuicios que envió la CSJ al Congreso, y que podrían conocerse hoy.
De momento solo la presidente del TSE, Blanca Alfaro, no se ha defendido con acciones penales de los señalamientos que recibe de la Fiscalía contra Delitos Administrativos del MP, que pretende retirarles la inmunidad.
