Prensa Libre y Guatevisión preguntaron el 25 de enero último al exmandatario Alejandro Giammattei al respecto, después de acudir a una primera sesión presencial en el Parlamento Centroamericano (Parlacén) e ironizó que “si los hubo, espero hayan escuchado bien”.
Giammattei, molesto, aseguró que en el despacho de la Presidencia “nunca hubo micrófonos”. Sin embargo, el actual gobierno continúa con las pesquisas para determinar si hay más de estos aparatos en el Palacio Nacional de la Cultura o la Casa Presidencial y otras dependencias.
La existencia de micrófonos, cámaras y las denunciadas de escuchas telefónicas no son nada nuevo para Guatemala. Durante el conflicto armado interno fue práctica común para los líderes políticos, de opinión y sociales. Nadie escapaba a ello.
“Todo el mundo escucha a todo el mundo”, dijo en el 2005 Ricardo Marroquín Rosada, exjefe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), a Prensa Libre, cuando se habló de escuchas telefónicas, una actividad difícil de detectar y que en el país es poco controlada por el Estado, pese a que el único que puede autorizarlas es un juez.
Las interceptaciones telefónicas legales, autorizadas por jueces durante los casos de corrupción que se destaparon en el gobierno de Otto Pérez Molina, fueron claves para apresar a funcionarios, procesarlos y condenarlos.
Sin embargo, la práctica ha evolucionado con el Internet, en donde se ofrecen equipos para intervenir llamadas y hacer espionaje telefónico ilegal. El costo oscila entro los Q5 mil y Q10 mil. También se ofrecen productos de contraespionaje para establecer si alguien es blanco de esas escuchas.
Pero no es nada nuevo. En son de broma, muchos políticos han dicho que “en Guatemala hablan dos por teléfono, pero escuchan tres” o incluso, “si se cuenta un chiste entre dos, se rien cinco”.
La Hemeroteca de Prensa Libre guarda una nota en la que se hace referencia a que los primeros casos de ese tipo de vigilancia ocurrieron durante la Presidencia del general Miguel Ydígoras Fuentes, entre 1958 y 1963. “Todas las conversaciones eran grabadas”, se asegura.
Durante esos años era una práctica monopolizada por el Estado y sus estructuras oficiales en el Ejército y la Policía Nacional.
Otro caso, en el 2001, el Congreso de la República, por orden del entonces presidente Efraín Ríos Montt, adquirió una planta telefónica con mil líneas, desde la cual se podía realizar espionaje, hecho que admitió en su oportunidad Estuardo Del Pinal, gerente de Guatel.
El jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos, en aquellos años, también tuvo una antena que grababa a distancia sus conversaciones. Como parte de ese mismo plan, se creó ‘la Caja’, un cuarto habilitado detrás de Casa Presidencial, que luego fue trasladado al Cuartel General, y que contaba con equipo de comunicaciones.
Durante la gestión del exmandatario Álvaro Arzú, agrupaciones de derechos humanos aseguraban que el exjefe de la seguridad presidencial Marco Tulio Espinosa efectuaba intervenciones telefónicas, en lo que llamaban “la Oficinita”.
Con Alfonso Portillo, los supuestos responsables eran Jacobo Salán y Napoleón Rojas. En tiempos de Óscar Berger, a quienes se les sindicaba de espionaje era a Martín Juárez y a Leonel Sisniega.
Durante la administración de Álvaro Colom se procesó penalmente al jefe de la SAAS, Carlos Quintanilla. Finalmente fue librado de los cargos que le imputaban. A Quintanilla se le acusó de los delitos de espionaje, interceptación de comunicaciones y revelación de secretos, mientras que a Gustavo Solano, entonces secretario de Análisis Estratégico, se le imputó el de espionaje. Ambos salieron librados del caso.
El 4 de septiembre del 2008, Colom denunció la existencia de aparatos de alta tecnología en la Casa Presidencial, su oficina privada de la zona 14 y su residencia. El hecho causó la salida de Quintanilla, encargado de la seguridad presidencial, y Solano.
Aquella vez el exmandatario aseveró: “Existió una infiltración seria. Hemos encontrado siete aparatos de grabación, dos cámaras ocultas, dos objetos similares en mi oficina privada de la zona 14 e indicios de un transmisor o receptor en la ventana de mi casa”.
Explicó que también encontraron varios aparatos en la oficina de su exesposa, Sandra Torres, lo que consideró como “un hecho verdaderamente grave”.
“A partir de hoy, le declaro la guerra a todos los que escuchan llamadas, a todos los servicios de inteligencia privados no legales, porque aquí en Guatemala el orden y la ley se tienen que cumplir”, manifestó.
La existencia de esos aparatos de comunicación ocasionó que el gobernante aceptara la renuncia de Quintanilla y Solano. Colom sospechaba meses atrás que era víctima de espionaje telefónico, según lo declaró a Prensa Libre en su oportunidad. En esa ocasión, expresó: “Siempre me pregunto de dónde se habrán enterado —los medios de comunicación—”.
Antes de la conferencia de prensa donde el mandatario reveló los hechos ocurrieron movimientos poco comunes afuera de la Casa Presidencial, pues efectivos de la Guardia Presidencial -del Ejército- iban y venían, personal de la SAAS salía, y corría el rumor de que Quintanilla se había atrincherado y se negaba a abandonar el cargo, recuerdan las páginas de Prensa Libre aquel momento.
Algunos curiosos hasta se preguntaban si se trataba de un golpe de Estado. Los soldados ingresaron en la Casa Presidencial forzando el portón de entrada de los vehículos oficiales en el callejón Manchén. De inmediato los agentes de la SAAS fueron retirados de los puestos de vigilancia, y los empleados de las distintas dependencias que funcionan en esas instalaciones debieron abandonar el recinto.
Colom decidió, como medida de prevención, cerrar la Casa Presidencial, para que la revisaran completamente.
Algunos años después, una investigación de Nuestro Diario reveló que el gobierno de Otto Pérez Molina había adquirido sistemas en la administración del exministro del Gobernación Mauricio López Bonilla al traficante israelí Ori Zoller.
El gobierno, que negó los hechos, erogó más de US$12 millones y se habían colocado en algunos casos en un “camión de helados”. Los equipos, según la investigación periodística, “habrían sido utilizados para interceptar llamadas y mensajes; acceder a cuentas de redes sociales y correo electrónico e infectar dispositivos de los objetivos políticos del gobierno, incluyendo personajes clave en las protestas contra el gobierno por actos de corrupción entre 2014 y 2015”.
Después, en agosto del 2016, primer año de gestión de Jimmy Morales, trascendió la existencia de un grupo clandestino para el espionaje de civiles por parte de la SAAS. Esto lo confirmó el exministro de Gobernación, Francisco Rivas.
La supuesta estructura se habría encargado de investigar a exfuncionarios, diputados, periodistas, líderes sociales y empresarios, entre ellos al activista Bernardo Silva; al ex viceministro de Trabajo, Marlon Dennis García, y al exministro de Gobernación y trabajador del Congreso en ese entonces, Carlos Menocal.
La estructura de espionaje sería supuestamente dirigida por el asesor presidencial Herber Armando Melgar Padilla y por el jefe de la SAAS, Jorge López, quienes negaron los hechos, al igual que el ministro del Interior más adelante, Enrique Degenhart.
Es 2024 y el nuevo gobierno de Bernardo Arévalo retoma un tema que, a pesar de que se aborda, se vuelve a diluir conforme avanzan los años.
