En tanto, en los cuatro años tuvieron presupuestos que suman Q2 mil millones 802 mil, y aunque no ejecutaron todos los recursos, éstos no se reintegran a las arcas del Estado, sino que se guardan en el Banco de Guatemala como un ahorro del Congreso.
Si se hace una comparación entre los recursos presupuestados para el Congreso y los decretos aprobados por la séptima legislatura, podría decirse que cada Ley tuvo un costo de Q31 millones 500 mil.
Los decretos más caros se elaboraron en la dirección de Luis Rabbé. En 2015 se tuvo una asignación de Q853 millones 700 mil, y se aprobaron 14 leyes; al realizar la comparación, podría decirse que tuvo un costo de Q60 millones 978 mil, cada uno.
El costo más bajo habría sido el primer año, durante la dirección de Gudy Rivera, ya que además de haber promulgado más leyes, tuvo un presupuesto más pequeño. La asignación fue de Q586 mil 840, y su producción de normativas llegó a 34; por lo que el costo se calcula en Q17 millones 260 mil por norma.
Aunque Pedro Muadi ocupa el tercer lugar, con una asignación de Q651 millones 210 mil y 19 decretos aprobados, que daría un costo por ley de Q34 millones 274 mil, es importante recordar que al finalizar su período se debió autorizar el uso de Q34 millones de los ahorros de ese organismo, debido al elevado número de contrataciones, lo que generó un alza en el costo del Legislativo.
Durante el mandato de Arístides Crespo el costo de cada ley habría sido de Q32 millones 287 mil, pues tuvo una asignación presupuestaria de Q710 millones 320 mil y se decretaron 22 normativas.
Presupuesto
Según el último ejercicio fiscal del Congreso, de los Q853 millones 700 mil que le fueron asignados, el 74 por ciento (Q636 millones 320 mil) se tenía destinado para el pago de salarios al personal y a los diputados, pero hasta la fecha es incierto el número trabajadores de ese organismo, debido a que se han negado a brindar información pese a existir una investigación penal que tiene en prisión preventiva a Muadi.
Del total de los recursos, el 12.9 por ciento, es decir Q110 millones 700 mil, son parte de lo que se le denomina “ahorros del Congreso”, los cuales son asignaciones sin ejecutar que en lugar de irse a fondo común, como sucede con todos los organismos del Estado, se guardan en el Banguat y pueden utilizarse sólo con una autorización del Pleno.
En 2015 se permitió tomar Q10 millones de los ahorros del Congreso para apoyar a las familias que se vieron afectadas por un alud en el Cambray, pero en 2008 se perdieron Q82 millones 700 mil, invertidos en una casa financiera.
