Mingob aún considera dejar construcción de nueva cárcel a manos de empresa cuestionada en México y EE. UU.

El gobierno de Guatemala está en camino a adjudicar la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Masagua, Escuintla por un costo de más de Q600 millones.

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Modelo de cárcel en Masagua, Escuintla
Modelo computarizado del diseño de la cárcel que está planificada construir en Masagua, Escuintla. (Foto Prensa Libre: Mingob)

El ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, continúa con el proyecto de construcción de una cárcel de máxima seguridad, a pesar de los señalamientos que han surgido por haber incluido como único oferente al consorcio mexicano integrado por Innovaciones Técnicas en Cimentación, S. A. de CV (Itecsa), Inmobiliaria Rancho Sierra e Internacional Heavy Construction, Inc.

Itecsa, del grupo Tradeco en México, enfrenta señalamientos y procesos legales por obras inconclusas y  haber hecho negocios con los hermanos Hernández Alvarado —expresidente de Honduras y su hermano— extraditados a Estados Unidos por narcotráfico.

Esta empresa ofertó construir la prisión por US$87.9 millones —poco más de Q660 millones— en 18 meses, y en la próxima semana se decidiría la construcción en la finca Cuyuta, lote 218, de Masagua, Escuintla.

El Mingob argumentó que “hay dos órganos independientes que son para analizar esta obra: la Junta de Licitación y el Comité Ejecutivo, los cuales realizan la calificación y verificación de los oferentes participantes antes de adjudicar”.

Con ese panorama el proceso avanza, pero surgen temores de que la entidad que se pretende contratar no reúna las calidades y no entregue el proyecto, como ha ocurrido en el pasado.

Por otra parte, el Mingob no se ha pronunciado sobre los señalamientos que pesan sobre el consorcio mexicano ni por qué fue descalificado el otro oferente, Ciec & Richen Asociados Geotec, al que le devolvieron la oferta en sobre cerrado sin conocerla, por no presentar una copia simple del Poder de Representación de Asociación.

Transparencia y oportunidad

A criterio del director de Acción Ciudadana (AC), Edie Cux, “pareciera que este tipo de eventos ya lo están manejando de una forma para beneficiar a una empresa cuestionada en otro país”.

“Creo que incluso a nivel nacional habría empresas que puedan proveer de esa infraestructura y sorprende que no haya otros oferentes más que esta”, indicó.

Cux desconoce si el Mingob ya había intentado llevar a cabo este proceso de adquisición de otra forma, “pero hay muchas cosas que llaman la atención y se duda de la legitimidad de esa compra”.

“Esa es una cuestión delicada porque  podría poner en entredicho la misma contratación, el cumplimiento del contrato y la ejecución de la obra, pues no da certeza de que la empresa vaya a cumplir con lo que se está adquiriendo”, opinó.

En temas de transparencia, “el que solo haya una oferta y pocas explicaciones para aclarar las dudas solo aumenta la desconfianza y podría terminar mal”, añadió.

“Es una buena oportunidad y es importante que se pueda ejecutar este préstamo de la manera más eficiente, productiva y transparente para el país, con infraestructura carcelaria que reúna todos los requisitos de calidad”, indicó Corinne Dedik, especializada en Derecho Penitenciario, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

La profesional coincide con Cux en cuanto a transparentar el proceso para que se ejecute de buena forma. Expone que “en las bases de licitación hay un capítulo donde habla de la calificación y de los requisitos que tienen que cumplir las empresas que ofertan. Ahí dice específicamente “calificación del oferente” y luego dice “criterio 1”, que es el historial del incumplimiento de contratos y litigios. >

Según Dedik, esto sirve para constatar si el oferente ha incurrido en incumplimiento de contrato de obras en los últimos cinco años antes a la fecha de la recepción de la oferta.

“Si el oferente no tiene antecedentes, fallos judiciales, no debería  pasar nada, pero la empresa tiene señalamientos y se supone que eso debe haber sido calificado con esos criterios que se deben  cumplir para ser evaluados”, resaltó.

Por lo anterior, considera que “la duda es si en la junta se incluyeron ciertos criterios que debe cumplir el oferente,  entre ellos  el historial de cumplimiento o de incumplimiento de los contratos anteriores y posibles litigios”.

Dedik hizo ver que a la junta le corresponde explicar si analizó a esta empresa, tomando en cuenta estos señalamientos.

Por ahora, la información sobre  si la empresa presentó constancias o finiquitos de obras anteriores para descargar los señalamientos no ha sido dada a conocer.

Respetar leyes nacionales

Según Cux, aun cuando la obra se llevará a cabo por un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica, se debe respetar la normativa nacional para garantizar una obra de calidad y transparencia en el manejo de los fondos.

Asimismo, comparó este caso con el de Odebrecht, “que incluso a través de préstamos de la banca brasileña y de otros bancos regionales influenciaron para contratar a ciertas empresas con los mismos recursos que los Estados compran”.  <

Cux alertó de que habría que constatar que este no sea un caso parecido, por la forma en  que se está desarrollando la adquisición, en la cual solo aparece un oferente.

A su vez, Dedik sostiene que la construcción de la cárcel es muy importante, “porque es una gran oportunidad de construir y ampliar los espacios carcelarios con tanto hacinamiento que hay en la actualidad”.

También puntualizó que en el mandato de Otto Pérez Molina hubo un proyecto dirigido a construir un centro carcelario para cumplimiento de condenas en otra área de Escuintla.

“Se adjudicó, empezó a planificarse, se entregó el anticipo del Gobierno a la empresa, pero la obra nunca se concluyó porque la Contraloría de Cuentas frenó el proyecto”, subrayó.

Por último, Dedik hizo énfasis en que en esa ocasión se perdieron millones de quetzales y la prisión nunca se construyó.