La Ley de Contrataciones del Estado (LCE) establece que cuando una compra es mayor a Q900 mil, la institución interesada debe realizar una licitación pública, cuyo fin es garantizar una mayor competitividad entre los oferentes.
Sin embargo, hay ocasiones en que las instituciones deciden evadir esta obligación realizando múltiples compras directas que no superan los Q90 mil en un mismo cuatrimestre del año. Esta práctica es una falta catalogada como fraccionamiento en el artículo 81 de la LCE.
En el caso de la PNC, Guatecompras evidencia que se fraccionaron 15 compras directas que juntas suman Q1 millón 265 mil 625. Todos los eventos fueron por 135 botas de cuero, lo único que varía es la talla.
La empresa adjudicada, The First Sociedad Anónima, es la misma que proveyó de 40 batones eléctricos a la Guardia Parlamentaria del Congreso de la República, lo cual generó cuestionamientos hacia la Junta Directiva de ese organismo por los antecedentes de represión contra manifestantes en las protestas de noviembre contra la aprobación opaca del presupuesto de egresos e ingresos.
Fraccionamiento
Sofía Montenegro, experta en contrataciones públicas de la organización Diálogos, considera que este caso encuadra como fraccionamiento, ya que se evidencia que se dividieron procesos de compra de un mismo bien sin superar los Q90 mil.
La entrevistada considera que la Contraloría General de Cuentas (CGC) debe revisar estas compras y podría sancionar tanto al oferente como a la unidad compradora.
La LCE establece que el “funcionario o empleado público que haya autorizado adquisiciones que incurrieron en fraccionamiento será sancionado con una multa equivalente al cinco por ciento (del valor total de la negociación, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas del acto”.
Consultado al respecto, el Ministerio de Gobernación (Mingob) negó que se tratara de un fraccionamiento. Pablo Castillo, portavoz de esa cartera, dijo que a cada talla de bota se le asignó un “código de insumo distinto” y por ello, a consideración del Mingob, se trata de productos diferentes.
Al consultarles por qué no lanzaron una licitación que les permitiera abastecerse, respondieron que sí se lanzó una, pero prefirieron luego hacer compras directas porque “son más rápidas y adecuadas para las situaciones emergentes”.
“Se lanzó una licitación y se publicó el 6 de agosto de 2020. Sin embargo, por la necesidad de los insumos para el personal policial de las diferentes comisarias a nivel República y al tiempo de ejecución que conlleva un evento de licitación, se tuvo la necesidad de realizar las compras indicadas” respondió la unidad de comunicación social.
No obstante, Marvin Flores, de Acción Ciudadana, considera que el hecho que le hayan asignado un código distinto a cada talla de botas no las hace un producto o bien distinto. Lo correcto era hacer una licitación y no fraccionar 15 compras. En este caso, procede la sanción administrativa para la autoridad competente, de acuerdo con lo que establece la LCE, explica Flores.
Otras compras
El pasado 1 de junio, la Dirección General de la PNC compró por medio de una licitación pública 1 mil 700 cartuchos de gas lacrimógeno de largo alcance calibre 37/38, 5 mil 800 cartuchos de humo blanco calibre 37/38, 5 mil granadas de gas lacrimógeno de triple acción para lanzamiento a mano o bocacha y 500 lanzadores tácticos de cartuchos calibre 37/38 milímetros.
El monto de la adjudicación fue de Q22 millones 480 mil 700 a la empresa Tactical Group, Sociedad Anónima. A esta misma empresa también se le adjudicó la compra de 500 cinturones tácticos por Q2 millones 900 mil.
