El gobierno había anunciado que la firma brasileña estaba en disposición de firmar un acuerdo de desistimiento de la construcción de un tramo de 97 kilómetros en la mencionada carretera.
La firma del desistimiento se tenía contemplada para el lunes último, pero la empresa se negó a firmarlo, pese a que las obras en ese tramo están paralizadas desde el 2016.
Con la firma del acuerdo el CIV pretende asegurarse que la empresa no tome futuras acciones contra el Estado por la liquidación del contrato y mientras eso resuelve, no se puede volver a licitar la obra para adjudicarla a un nuevo contratista.
Con la falta de esa firma persiste el riesgo de que el Estado de Guatemala sea demandado por la compañía, ya que existe un contrato sobre dicha ampliación, lo que significa que “el Ministerio de Comunicaciones (CIV) no puede tocar ni un agujero de este tramo”, que cada día se deteriora más.
Los argumentos de Odebrecht para negarse a firmar son que esa compañía “prefiere esperar” las conclusiones de la investigación sobre los implicados en sobornos en el país, dijo el ministro.
