Política

MP sospecha de una aparente sobrevaloración en la compra del TREP

El sistema informático fue usado por el TSE para las elecciones generales del 25 de junio y la segunda vuelta por la presidencia del 20 de agosto.

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La Fiscalía de Delitos Administrativos compareció ante la Comisión Pesquisidora del TSE. Fotografía: Prensa Libre (Elmer Vargas).

La Fiscalía de Delitos Administrativos compareció ante la Comisión Pesquisidora del TSE. Fotografía: Prensa Libre (Elmer Vargas).

La comisión pesquisidora  para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), recibió la ratificación de la denuncia por parte de agentes de la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP).

La tesis que argumentaron los agentes fiscales Manuel Aldana Paiz y Marilin Castillo Castillo, es que pudo existir una sobrevaloración en el costo del sistema de Trasmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep),  el que se utilizó para las elecciones de este 2023.

Este sistema fue adquirido por la empresa Datasys, que a su vez subcontrato a la empresa Podernet, una maniobra administrativa, que a decir de los agentes fiscales, amerita una investigación en profundidad.

El costo por el que el sistema fue adquirido fue de Q148 millones, una cantidad que a consideración de los investigadores pudo ser sobrevalorada.

La Fiscalía detalló que en un Estado de México se utilizó el mismo sistema, por un costo de aproximadamente 55 millones de pesos, es decir, poco más de Q20 millones.

Otro de los argumentos que utiliza la Fiscalía es que hubo un segundo oferente, una entidad que ofreció el servicio informático a un costo menor, por lo que les genera dudas si la decisión fue la más adecuada y apegada a derecho.

La ratificación que hizo el MP fue contra cuatro magistrados titulares; Irma Palencia, Rafael Rojas, Mynor Franco y Gabriel Aguilera, ya que el ente investigador fue notificado la tarde de este martes sobre un amparo provisional.

Dicho amparo, que fue emitido por la Corte de Constitucionalidad (CC), dejó en suspenso el trámite de la Comisión Pesquisidora contra Blanca Alfaro, presidente del TSE; y los suplentes Marco Antonio Cornejo, Marlon Barahona y Álvaro Cordón.

Para la reunión de este jueves 23 de noviembre, la comisión pesquisidora recibirá a los magistrados del TSE que no fueron amparados, para que puedan presentar sus pruebas de descargo.

Magistrado solicita reprogramación de audiencia

El magistrado del TSE, Mynor Franco, solicitó a la Comisión Pesquisidora del Congreso que reprograme la audiencia que tiene prevista para el 23 de noviembre en la que está citado, debido a que este 22 de noviembre los denunciantes Karen Fisher y Giovanni Fratti requirieron reprogramación de su audiencia y no ratificaron su denuncia.

Franco señaló que es necesario que primero se escuche a los denunciantes para que luego él presente sus descargos.

“Solicito en observancia del principio de igualdad, derecho de defensa y debido proceso, una vez ratifiquen su denuncia los ciudadanos Karen Marie Fischer Pivaral y Giovanni Fratti Bran, se reprograme fecha posterior la comparecencia de mi persona como Magistrado Titular del Tribunal Supremo Electoral. Lo anterior permitirá a mi persona escuchar los argumentos de los denunciantes y preparar mi defensa e informacion que considere pertinente, para que los miembros de la Comisión Pesquisidora cuenten con elementos de juicio objetivos y contando la versión de todos los involucrados”.