A esas sumas hay que agregar gastos de representación, dietas, celular y gasolina, entre otros beneficios.
Sin embargo, los altos funcionarios no son los únicos que gozan de esos privilegios. En el Congreso, un encargado de área recibe mensualmente Q43 mil 338, una taquígrafa Q30 mil 15, una secretaria Q28 mil 191, un conserje Q21 mil 640 y una edecán Q21 mil 600.
DESCARGUE: ASÍ GANAN LOS QUE MANDAN
Fondos insuficientes
El informe que dio a conocer la Comisión legislativa de Probidad a Prensa Libre detalla que para pagarle a altas autoridades de 73 dependencias gubernamentales, descentralizadas, autónomas y semiautónomas, el Gobierno eroga Q2 millones 673 mil 165.81 mensuales.
Ese gasto impacta en los fondos del Estado y es una de las razones de que el Gobierno se queje de que no le alcanzan los recursos presupuestados.
Para el presidente de la Comisión de Probidad, Amílcar Pop, lo grave no son los sueldos, sino que la mayoría de los altos funcionarios gozan de otras prestaciones que pueden llegar incluso a triplicar sus ingresos mensuales.
Señala que entre las prebendas figuran gastos de representación, viáticos y dietas.
Según Renzo Rosal, politólogo de la Universidad Rafael Landívar, entre los beneficios se encuentra la gasolina para uno o tres automotores, celulares, tabletas y servicio de internet.
Según Rosal, al final el problema no es que el sueldo sea tan alto, sino que en la mayoría de casos quienes ocupan esos cargos no son las personas más capacitadas ni idóneas para dirigir una institución.
“Los puestos se los terminan dando al que es más alfombra con el jefe, es un premio al servilismo, se pagan favores. No se dan por calidades. Si la gente tuviera ética, experiencia o fuera el perfil adecuado, los altos salarios no se verían como un grave problema”, dijo el politólogo.
Contradicción
José Sanabria, politólogo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, lamentó el pago de esas sumas, y afirmó: “Esas prácticas debilitan la institucionalidad, porque se pagan en un contexto de escasez, pero sobre todo en un país donde las condiciones socioeconómicas de pobreza y desigualdad son altas”.
“Son salarios fuera de la realidad”, condenó.
Para el analista urge reformar la Ley de Servicio Civil, porque está desfasada.
Consideró que se deben modificar aspectos como el reclutamiento de personal, la promoción de cargos, la tecnificación y capacitación laboral y la política salarial, para que sea acorde con las capacidades del país.
“No hay recursos económicos que puedan aguantar salarios como estos”, afirmó Rosales.
Agregó que la asimetría en los sueldos en el Estado causa estragos en instituciones como el Organismo Judicial, salubristas y empleados de rango inferior a quienes les atrasan sus ingresos por falta de fondos. También afrontan problemas de recursos la Universidad de San Carlos, cuyas autoridades acuden al Legislativo para demandar aumento en el proyecto del presupuesto para el 2015.
