Los correos enviados entre los empleados del Mineduc conllevan a un supuesto tráfico de influencias de España, valiéndose del cargo de diputado para obtener un beneficio personal, en este caso la contratación de su esposa.
Entre las comunicaciones se encuentra involucrado el Viceministerio Administrativo, ya que personal de esa dependencia solicitó a otros funcionarios que se contratara a la esposa del legislador.
En los correos se expone que ha sido el diputado quien insistió al personal del Mineduc para la contratación de su esposa.
Guarda silencio
Desde el viernes en la mañana, este matutino intentó comunicarse con el diputado España, pero un asistente de él manifestó que estaba ocupado y que devolvería la llamada, en la tarde dijo que trataría de localizarlo.
En la Dirección Departamental de Chiquimula contestó una señorita de nombre Alma y manifestó que no se encontraba Umaña Lemus. Por la tarde se volvió a llamar, sin embargo, manifestaron que la extensión se encontraba ocupada.
DESCARGA- Vea el PDF de los correos enviados por diputado del PP.
En el Mineduc se pidió información a Comunicación Social para conocer desde cuándo había sido contratada, bajo qué renglón y puesto, así como el salario que devenga. A un inicio indicaron que esos datos no se podrían entregar debido a que eran personales, no obstante luego de enviarse la solicitud por correo electrónico, la información no fue entregada.
Se vuelve norma
Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, lamentó el actuar del parlamentario y que en lugar de supervisar y evaluar las políticas públicas se procure favores personales.
“Desafortunadamente lo que hemos visto, así como las compras por excepción se volvieron la norma. Esto se ha vuelto el pan diario en la administración pública. No es una cuestión de leyes, no hay conciencia de que lo que se está haciendo no solo es indebido e ilegal, sino es contrario a lo que debe ser un representante del pueblo”, dijo Marroquín.
El directivo refirió que si no prosperan los casos donde hay involucrados con cientos de millones de quetzales malversados con obras sobrevaloradas, pues la expectativa para que avancen casos por tráfico de influencias es peor.
“Es un delito de corrupción. En Guatemala no hay una condición moral para entenderla, está fallando el ejemplo de las autoridades, ya que el que dan es contrario al que debe dar un servidor público, todo mundo ve normal este tipo de prácticas”, aseguró.
Entre las causas de la poca aplicación de la ley anticorrupción están las auditorías de la Contraloría General de Cuentas que no se cumplen y la poca experiencia de fiscales y jueces en la aplicación de los nuevos delitos tipificados en las reformas al Código Procesal Penal.
Uso mínimo
La Ley Contra la Corrupción fue aprobada en octubre del 2012 luego de la presión de la sociedad civil para tener una normativa que castigara varios delitos relacionados con ese ilícito.
Esto se logró después de 10 años y varios intentos fallidos y muchos cambios a la propuesta.
Con esta nueva Ley se reformó el Código Penal para incluir delitos de nombramientos ilegales, peculado, malversación, enriquecimiento ilícito, testaferrato, tráfico de influencias, fraude, cobro ilegal de comisiones, entre otros, en los que podrían incurrir los funcionarios o empleados públicos.
Dos años después, al Organismo Judicial han llegado pocos casos, los más recientes los vinculados con los diputados Gudy Rivera y Emilenne Mazariegos, pero estos han sido destimados por el Ministerio Público (MP) o por la Corte Suprema de Justicia al considerar que no existen elementos para retirarles la inmunidad.
Hasta agosto del 2014, el tráfico de influencias encabeza el listado de denuncias presentadas, con 23, y enriquecimiento ilícito, con 13. El que menos se ha denunciado en el MP es el testaferrato.
Postuladora
Negocian amparo
El diputado Gudy Rivera, del partido oficial, fue denunciado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala por supuesto tráfico de influencias en la elección de magistrados a Salas. No obstante, la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar la solicitud de antejuicio contra Rivera.
Salud
Audio la involucra
En noviembre del 2014 la diputada del Partido Patriota Emilenne Mazariegos fue vinculada en un audio en un posible caso de tráfico de influencias con el director del área de Salud de Huehuetenango, donde negociaban plazas en el Ministerio de Salud, actualmente el caso sigue en investigación.
INGUAT
Contrato oscuro
En noviembre del 2013 se publicó en Prensa Libre la supuesta presión por parte del diputado Amílcar Pop quien buscaba obligar a las autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo para firmar un contrato millonario. El diputado negó las acusaciones y dijo que buscaba información del contrato.
NEBAJ
Recibió favor
El diputado por el departamento de Quiché Carlos López fue denunciado por tráfico de influencias. Según la querella el legislador influyó para que le otorgaran un amparo para que no se repitieran las elecciones en ese municipio, en diciembre del 2012. La CSJ rechazó la solicitud del MP.
EL CONCEPTO
Se modificó el Código Penal
Artículo 449 Bis. Tráfico de influencias. Comete delito de tráfico de influencias la persona que, por sí misma o por interpósita persona, o actuando como intermediaria, influya en un funcionario o empleado público, prevaliéndose para ello de su jerarquía, posición, amistad o cualquier otro vínculo personal, para obtener un beneficio indebido, para sí o para tercera persona, en un asunto que dicho funcionario o empleado público esté conociendo o deba resolver, haya o no detrimento del patrimonio del Estado o de tercero.
El responsable de este delito será sancionado con prisión de dos a seis años e inhabilitación especial.
La misma pena tendrá la persona que, en forma directa o indirecta, solicite o acepte un beneficio,
con el fin de utilizar su influencia real o supuesta en un funcionario o empleado público, para obtener un beneficio indebido para sí o para tercera persona.
Si el funcionario o empleado público que esté conociendo, deba conocer o resolver el asunto, es un funcionario o empleado de la administración de justicia, se impondrá el doble de la pena.
Análisis
“El problema es de quién aplica la Ley”
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Luis Fernández Molina explica por qué no se ha podido aplicar la Ley Contra la Corrupción como debe ser. A esto se suman intereses particulares para estar en la comodidad, señala.
¿Hay debilidad en la Ley Contra la Corrupción?
El problema no está en la Ley, el problema está en quienes aplican la Ley. El mismo sistema genera este vacío porque los que están encargados de la aplicación de la Ley y de perseguir a los corruptos son electos por los mismos grupos políticos.
Muchas personas que están en busca de estos puestos saben cuáles son las reglas del juego, por eso el sistema es perverso, ya que atrae a elementos políticos complacientes y oportunistas y rechaza a la gente honesta y cabal. Por mucho que se capacite a los fiscales, si hay una orden de arriba no importa si es graduado de Harvard.
¿Hubiese sido lo mismo con Ley o sin Ley?
Realmente solo se han tratado de matizar estos delitos, ya que estas figuras delictivas ya existían sin necesidad de tantas leyes. La idiosincrasia del guatemalteco es que cree que encontrará solución de los problemas al emitir una Ley, no basta con la Ley.
En el 2012 hubo mucha presión para que se aprobara esta Ley. ¿Cree que la sociedad civil debe dar acompañamiento?
Lamento contestarle que sí, porque eso denuncia lo poco efectivo que son los mecanismos constitucionales que deben perseguir esos delitos, pero si no lo hacen con eficacia, pues que alguien lo haga; no se puede continuar con un sistema de corrupción como el que hay.
En principio no deberían de dar el acompañamiento, pero son necesarios.
