“La CC otorgó oportunamente un amparo para que el Congreso convocara a la Comisión de Postulación, esto es porque el análisis determinó que el plazo vencía el 13 de octubre. En ese sentido se otorgó el amparo al abogado Ricardo Sagastume y se ordena que la señora Nora Segura entregue el cargo”, explicó Molina Barreto.
“La Corte analizó que Nora Segura tuvo una duda razonable sobre lo que debía hacer, en consecuencia se legitiman todos los actos que ella tuvo hasta que entregue el cargo”, expuso.
En tanto, Sagastume explicó que la CC estableció en una sentencia previa en junio —después de que el Congreso no hizo la convocatoria a elección de contralor— que la fecha de salida de Segura era el 13 de octubre.
Acatará decisión
Aunque no dejó de observar que la actitud de la Corte de Constitucionalidad le parece “extraña”, la contralora indicó que acatará la decisión.
“Me llevo un respaldo, una decisión legal. Yo pedí que resolviera un órgano superior. Dije que iba a ser respetuosa de la CC. No me quería aferrar al cargo, solo cubrirme. Eso era lo que yo perseguía”, refirió.
Segura refutó que ni el Congreso ni la Procuraduría General de la Nación o el Organismo Ejecutivo le respondieron acerca del plazo.
Afirmó que si permanece a la fecha en el cargo es porque temía ser acusada de abandono de funciones.
No obstante, la resolución de ayer de la CC hace referencia a que el 13 de octubre ya había sido establecido como límite del período de la salida de la funcionaria.
En el documento, el máximo tribunal expuso: “Con base en el hecho de que se generó duda a Nora Liliana Segura Monzón de Del Compare, en relación con el dato referente a la fecha en que concluyó el período para el ejercicio del cargo de contralor general de Cuentas en el año dos mil catorce y que esta duda no se despejó sino hasta con la emisión de la sentencia proferida en esta misma fecha en el expediente propio identificado con el número dos mil seiscientos veintitrés —dos mil catorce (2623-2014), en el que se precisó como tal el trece de octubre del presente año, esta Corte declara legítimos los actos que emita dicha persona”.
Hace menos de una semana Segura defendía que tomó posesión el 7 de diciembre.
Recordar esa fecha le sirvió como argumento para defender vehementemente que no podía dejar el cargo el 13 de octubre, como lo estipula la Constitución Política de la República, ya que no se cumplían los plazos de ley.
Segura obtuvo, en el 2010, un total de 84 votos a favor, de un total de 115 diputados. Fue electa de una lista en la cual figuraban Wálter Osman Argueta, Carlos Enrique Girón Girón, Ana María Tsoc, Arnulfo Escobar Barillas y Rovelio Isabel Gómez Herrera.
Cuatro años después
Segura fue señalada por el sindicato de la CGC de nepotismo y de beneficiar a determinados proveedores para hacer servicio de automóviles, hasta utilizar las planillas como persuasión de votos. Además de promover la candidatura de Sergio Pérez como su posible sustituto.
Las quejas del sindicato también fueron enfocadas en la remoción de directores y jefes de área por negarse a firmar documentos sin soporte
Pese a los señalamientos y críticas de su trabajo de fiscalización, Segura dijo que se siente “muy satisfecha” con el trabajo efectuado al frente de la institución.
Afirmó que ayer varios empleados lloraron al conocer la decisión de la CC.
“Así como entré por la puerta grande, así debo salir con la frente en alto. Me voy satisfecha”, dijo, en una conversación telefónica con Prensa Libre.
Fiscalización
Gestión deficiente
Según el director de Acción Ciudadana Óscar Vásquez, la actual contralora no fortaleció la institución ni se caracterizó por el acceso a la información pública.
“La fiscalización en el uso de los fondos públicos tampoco fue eficiente. Que haya puesto muchas denuncias no significa que todas prosperaran, y si no fue así es porque carecían de fundamento. Casos anómalos de gestión como los de las comunas de Guatemala y de Chinautla sobresalieron por su opacidad”, dijo.
Auditoría
Sin prevención
Una queja generalizada contra la contralora general de Cuentas, Nora Segura, fue el uso de las auditorías forenses, sin priorizar el uso de la auditoría preventiva, indicó el analista Hugo Maúl.
“También fueron deficientes la fiscalización en la pertinencia del gasto público, la calidad de este, y que se haya alcanzado resultados, porque ese es el verdadero sentido de la función de la auditoría”, refirió Maúl.
Fallos distintos
La Corte de Constitucionalidad ha emitido fallos distintos en cuanto a cargos públicos.
El 10 de octubre del 2014, la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó en suspenso la elección y toma de posesión de magistrados de las cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones hasta que resuelva en definitiva un amparo provisional por supuestas irregularidades en el proceso para escoger esos altos cargos judiciales.
El 7 de marzo del 2014, el máximo tribunal del orden constitucional resolvió en definitiva que la fiscal general, Claudia Paz y Paz, debe dejar el cargo en mayo próximo. En una conferencia de prensa, el magistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera dio a conocer que fue unánime la decisión del pleno de magistrados de amparar en definitiva al abogado Ricardo Sagastume.
El 11 de junio del 2010, en dos horas y media, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad resolvieron anular la elección del fiscal general Conrado Reyes y ordenaron repetir el proceso desde la convocatoria que efectuó el Congreso para que se integrara la comisión postuladora.
El 3 de febrero del 2010, la CC dejó en suspenso la juramentación de Remberto Ruiz Barrientos, director electo del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), y ordenó al Congreso de la República recibir y analizar las denuncias contra el profesional, para determinar su idoneidad para el cargo.
