El Ministerio Público presentó el 6 de mayo un caso de corrupción en el Congreso en el que señala que, durante 2014, diputados recibieron dinero para la aprobación del decreto 12-2014, la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.

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Por el caso se pidió el retiro de inmunidad a los diputados Estuardo Galdámez, Juan José Porras, Haroldo Quej, Boris España, Gustavo Arnoldo Medrano, Mirna Figueroa de Coro y Marco Antonio Orozco.

Además, se implica al actual ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela.

Galdámez, España, Medrano, Figueroa de Coro y Orozco fueron reelegidos en el 2015 por el extinto Partido Patriota (PP), pero este año militan en partidos diferentes y el caso golpea también a estos.

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• Estuardo Galdámez, diputado y presidenciable del Frente de Convergencia Nacional (FCN).
• Boris España, candidato a diputado del partido Todos.
• Gustavo Arnoldo Medrano se postula como candidato a alcalde de Chinautla con el Partido Unionista.
• Mirna Figueroa pertenece al partido Prosperidad Ciudadana.
• Marco Antonio Orozco, integrante de la bancada Movimiento Reformador.

Los otros dos diputados señalados siguen en las filas de los partidos por los que fueron electos.

• Juan José Porras (Visión con Valores)
• Haroldo Quej (Unidad Nacional de la Esperanza)

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Entre los delitos que se imputa a los señalados se encuentra cohecho pasivo, lavado de dinero y violación a la Constitución, este último por violación a la división de poderes entre Ejecutivo y Congreso.

La investigación está basada en el testimonio de un exdiputado del PP cuyo nombre no se ha revelado, además de testimonios, chats interceptados, correo electrónicos y fotografías.

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