El pronunciamiento fue sometido a votación por petición del canciller guatemalteco, Mario Búcaro, quien, además, representa a la única misión diplomática que votó en contra.
Ocho miembros se abstuvieron de votar, entre ellos El Salvador, Honduras y Panamá, y seis estuvieron ausentes, como Cuba, Venezuela y Nicaragua, además de otros estados caribeños.
La resolución aprobada ayer busca “denunciar los intentos por parte del Ministerio Público de desacreditar e impedir una transición pacífica del poder, los cuales socavan el proceso democrático y los compromisos de Guatemala bajo la Carta Democrática Interamericana”.
El documento exhorta también a los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como al MP, a evitar o detener los actos de intimidación contra funcionarios electorales, el partido Movimiento Semilla y las autoridades electas, y también a que se respete el material electoral.
Para el pasado 8 de noviembre estaba previsto analizar el pronunciamiento, pero se prorrogó porque Guatemala propuso otra resolución y no todas las delegaciones diplomáticas pudieron evaluarla. No es la primera vez que dicho organismo se reúne y expresa preocupación por Guatemala y reconoce que corre riesgo la transmisión del poder.
En este nuevo Consejo Permanente, el país votó en contra y solicitó que se añada una nota al pie de la resolución para dejar constancia del desacuerdo con lo aprobado.
Búcaro argumentó que la resolución no recoge objetivamente la situación de Guatemala. A su juicio, el título y contenido del documento no concuerda con los acontecimientos en el país.
“El proyecto de resolución sobre la situación de mi país no es justo ni objetivo, ni tampoco balanceado. Es importante decir que mi delegación ha hecho las acotaciones necesarias y me sorprende que el proyecto de resolución lleve por título Acontecimientos recientes que afectan el estado de Derecho y la transición presidencial democrática en Guatemala, después de lo que hemos escuchado, poniendo en entredicho el proceso”, justificó.
A decir del canciller, el documento aprobado no toma en cuenta la metodología e iniciativa del Ejecutivo para lograr una transición transparente y ordenada que ha continuado su curso.
“Ninguna resolución de este organismo puede limitar el actuar de instituciones, que cada una tiene un mandato conforme a la ley guatemalteca”, añadió el canciller.
Sobre la resolución, el MP dijo que rechaza las afirmaciones y las mismas ponen en riesgo la autonomía de la acción penal pública y el proceso democrático.
“El MP rechaza categóricamente las afirmaciones que constan en dicha resolución y denuncia que las mismas ponen en riesgo y socavan el principio de autonomía del ejercicio de la acción penal pública que le fue conferido por la Constitución Política de la República de Guatemala, así como el proceso democrático de Guatemala”, informó la institución.
Se pronuncian
Entre los pronunciamientos de los demás países, Frank Mora, representante de Estados Unidos ante la OEA, defendió que la resolución tiene un enfoque claro y medido porque se consideran los informes de las misiones, la Carta Democrática, tratados suscritos y todas las acciones durante y después del proceso electoral. Además cuestionó la defensa que suele utilizar Guatemala sobre soberanía de los poderes.
“El argumento de separación de poderes es espurio para justificar la inacción en contra del MP, y los ataques políticos fuertes en contra de Arévalo carecen de credibilidad”, declaró el diplomático.
También expresó preocupación por la posibilidad de que, si continúa la crisis, aumente la migración, por la violencia asociada a esta y el desasosiego social.
Informe de visita
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, presentó el informe de la Misión de Acompañamiento y Observación del Proceso de Transición y la de Mediación, en el cual se reconoce la voluntad del gobierno saliente por seguir el procedimiento junto al binomio electo y sus equipos, y también vuelve a señalar las acciones del MP.
“El MP junto con los actores involucrados son inexplicablemente irresponsables, ya que han perjudicado la voluntad política, la cadena de custodia y el derecho que está protegido en la Constitución”, leyó Almagro.
Reiteró que una de las deficiencias institucionales del país es la desconfianza en las entidades e identificó al MP como uno de los factores que más abonan a ese recelo.
Almagro específicó que la transición tiene un problema que es fácil de identificar, en referencia al actuar del MP después del proceso electoral y de los actores judiciales.
“El problema es claro, evidente e indisimulable”, insistió.
Sobre las protestas
El Consejo Permanente también escuchó la ponencia de Luis Rosadilla, quien encabezó la Misión de Mediación en el país.
Este explicó que en la primera semana se sostuvieron más de 30 entrevistas con distintos actores, como el presidente Alejandro Giammattei, ministros, el binomio electo, autoridades ancestrales y universidades.
Detalló que en todos esos encuentros el panorama del país era el mismo, pero cambiaba el actor señalado como culpable, según el sector con el que conversaban.
“En todos ellos había un deseo expreso y firme, un deseo de salir de esa situación y avanzar por un camino de estabilidad”, aseguró.
Añadió que el actuar de la Misión fue fácil porque los sectores sí querían lograr conversar y buscar una solución a los conflictos.
Tanto Almagro como Rosadilla mencionaron que es evidente el descontento de los pueblos indígenas de no ser tomados en cuenta y no tener representación en los puestos de toma de decisiones.
